Es de público conocimiento que los incendios son una situación que se repite todos los años, y que se agrava por el cambio climático. Los bosques se encuentran cada vez más amenazados por las quemas provocadas por fenómenos naturales y la actividad humana, ya sea por negligencia o de manera intencional, para desarrollo agropecuario e inmobiliario. Según trascendió, entre el 15 de marzo y el 31 de julio, mientras la mayoría del país estaba cumpliendo el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio en sus hogares, en el norte argentino desaparecieron casi 30.000 hectáreas de bosque nativo. Al respecto, las cifras que expone Greenpeace son dramáticas: hay 12.488 hectáreas menos en Santiago del Estero, 7.555 en Salta, 5.294 en Formosa y 3.692 en Chaco. En sólo cuatro meses y medio, se desmontó una superficie equivalente a una CABA y media. A esto, posteriormente deberá sumarse las hectáreas perdidas en Córdoba y en San Luis durante los últimos días.
Pero esta situación dramática para nuestro ecosistema se suma a un contexto aún peor: entre 1998 y 2018 6,5 millones de hectáreas fueron desmontadas en nuestro país según el último informe del Ministerio de Ambiente Nacional, dirigido por el Ministro Juan Cabandié.
Ahora bien, ¿Con qué objetivo se arrasan estos ecosistemas? Mayormente, para expandir el cultivo de soja transgénica, esa misma que alimenta los cerdos chinos. Un dato ilustrativo es que entre 2010 y 2017 a través de la deforestación la actividad agropecuaria creció a una tasa anual de 640.000 hectáreas. Se trata de un total de 4,5 millones de hectáreas convertidas en producción agropecuaria en el lapso de esos 7 años. En otros casos, se cree que en algunas provincias la quema de vegetación conlleva detrás la posibilidad de realizar algún tipo de loteo para desarrollar emprendimientos inmobiliarios.
Sumado a eso, Argentina está entre los 10 países con mayor pérdida neta de bosques entre 2010 y 2015. A su vez, el Gran Chaco Americano (que Argentina comparte con Bolivia y Paraguay) y concentra más del 80% de nuestro desmonte fue identificado por el Fondo Mundial de la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés) como uno de los 11 focos de mayor deforestación en el mundo, y el segundo de América del Sur detrás de la Amazonia.
Además, en los últimos meses, en la Argentina hubieron alrededor de 240.000 hectáreas de bosques y humedales que fueron consumidas por llamas incontrolables. De hecho, hay focos de incendio que aún permanecen activos y continúan ardiendo. Según el Sistema Federal de Manejos de Fuego nacional, el 95% de los incendios se produjo como consecuencia de las acciones humanas.
Como respuesta a esto, diversas ONGs y activistas ambientalistas sugieren dos cosas: por un lado, la elaboración y sanción de una Ley de Humedales. Las organizaciones reclaman una Ley que proteja los humedales de nuestro país y que, al mismo tiempo, incluya la figura de delito penal para quienes los destruyen, junto con la evaluación de impacto ambiental con criterios especiales. También, creen que la normativa debería incluir la realización de un inventario de humedales, la interrupción de actividades económicas sobre humedales hasta que no se haya finalizado dicho inventario y la dotación en el Poder Ejecutivo Nacional y Provincial de recursos y elementos que permitan gestionar su preservación.
En segundo lugar, diversas organizaciones que nuclean la voz de los ambientalistas demandan que la deforestación de bosques nativos, la destrucción de humedales y los incendios intencionales sean catalogados como delitos penales. Esto viene en sintonía con algo que ya venía planteando un conocedor de esta temática como Miguel Lozupone. En un artículo publicado en este mismo medio, Lozupone planteaba que la Justicia Ambiental es una de las deudas de la democracia y que se debía penalizar a los responsables de los desastres naturales.
Como ya he planteado en otros artículos, al afligir el ambiente no sólo se produce un daño a una persona o a un grupo de personas directamente afectadas, sino que se perjudica a un número indeterminado de especies, de flora, de fauna, a las actuales generaciones y a las generaciones futuras de vivir y gozar de un ambiente sano, limpio y saludable. Así, es preciso entender la defensa del medio ambiente como una acción colectiva que trasciende el tiempo y el lugar, por más extraño que esto suene.
En sintonía con lo que plantea el mencionado Lozupone, considero necesario que se avance en este debate como parte de una estrategia de consolidación de los derechos ambientales en nuestro país para poder consolidar mejor algo que se encuentra protegido por nuestra Constitución Nacional, como un ambiente sano para nuestra Nación, para nosotros y para las futuras generaciones. Es posible pensar que, de haber existido una Ley que penalice estas acciones humanas, muchos de estos incendios se hubieran evitado y prevenido. Necesitamos avanzar en esa dirección para poder proteger mejor el ambiente y penalizar a los responsables. Haciendo eso, saldaríamos también una de las deudas de nuestra democracia.
