A menos de un mes del 10 de enero, la fecha en que terminará el mandato del presidente Nicolás Maduro, sigue siendo una incógnita si a partir de ese día el gobierno de Venezuela seguirá en poder de las actuales autoridades, entonces de modo ilegítimo, o si pasará a manos de Edmundo González Urrutia, el opositor electo el 28 de julio en comicios cuyo resultado no fue reconocido por el chavismo. Como dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, con respecto a la actitud que tomará su país, todas las cartas están sobre la mesa.
Por el lado del chavismo, negociaciones abiertas con la oposición y con terceros países, presos políticos como posibles fichas de canje y líderes que aparecen extenuados parecieran reflejar que la búsqueda de la permanencia en el poder no es la única alternativa que barajan sus autoridades, mientras González Urrutia y la líder opositora María Corina Machado sostienen que asumirán el gobierno, comprensiblemente sin explicar cómo lo harán.
Por más que Maduro y, sobre todo, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, endurecieron el discurso hacia González Urrutia y Machado, y que estos niegan ahora que haya conversaciones entre los dos sectores, después de haber admitido meses atrás que sí las había, no parece prudente suponer que todos los contactos en procura de una solución estén cortados, ni entre los protagonistas venezolanos, ni entre estos e intermediarios extranjeros.
Claro que el camino hacia el 10 de enero está plagado de obstáculos que cobran su propia magnitud y parecieran alejar el objetivo. Uno de ellos, acaso el que más escaló en los últimos días, es la crisis con la Argentina, iniciada horas después de las elecciones del 28 de julio con la ruptura de la relación diplomática, agravada por la situación de seis ciudadanos venezolanos que ya estaban refugiados en la residencia oficial del embajador argentino, profundizada por el asedio intermitente a esas instalaciones y empeorada con las desapariciones del gendarme argentino Nahuel Gallo y un empleado de la embajada argentina de nacionalidad venezolana, al que la Cancillería no identificó en el comunicado con el que denunció este último hecho.
Solo el lunes 16, ocho días después de que no se supiera nada de Gallo tras ser detenido por policías cuando intentaba entrar a Venezuela por un puesto en la frontera con Colombia, Cabello reconoció públicamente que el gendarme estaba en poder del gobierno venezolano.
El martes 17, mientras el presidente Javier Milei advertía que su gobierno agotará “todas las vías diplomáticas” para liberar “sano y salvo” a Gallo, distintas versiones involucraron a Brasil, Colombia y Francia en eventuales gestiones para resolver esa cuestión. Y no hay por qué descartar que las tres negociaciones hayan existido, e incluso aún existan.
Por un lado, autoridades brasileñas transmitieron a la Casa Rosada que el régimen de Maduro estaba dispuesto a liberar a Gallo a cambio de que la Argentina –y Brasil, que está a cargo de los intereses de nuestro país en Venezuela tras la ruptura de la relación bilateral– entregara a los seis venezolanos refugiados en la residencia del embajador argentino en Caracas y que Milei bajara el tono de sus críticas al chavismo, algo que la administración argentina consideró inaceptable, según revelaron fuentes oficiales a la periodista Silvia Mercado.
El mismo día, entrevistado por el autor de estas líneas, Tomás Salcedo Albert –diplomático de carrera venezolano exiliado en Canadá–, mencionó la posibilidad de que también Francia estuviera intercediendo para resolver la crisis del gendarme, sin que se conocieran detalles, algo perfectamente verosímil luego de que funcionarios de la Cancillería admitieran que estaban buscando la colaboración de Brasilia y París para el caso.
Por otra parte, el canciller de Colombia, Luis Murillo, afirmó que la administración Maduro ofreció el salvoconducto para que los seis venezolanos cobijados en la embajada argentina puedan salir de Venezuela siempre y cuando la Argentina libere a “una persona muy cercana” al gobierno venezolano, a la que no identificó, y Ecuador permita que su exvicepresidente Jorge Glas, cumple una condena de cárcel por corrupción, pueda salir de su país, según un despacho de la agencia de noticias AFP reproducido por diversos medios nacionales.
Aun cuando las condiciones negociadas en cada caso parezcan contradictorias –y evidentemente lo son en el caso de los seis venezolanos asilados en la embajada argentina, para los que el chavismo habría ofrecido el salvoconducto según Colombia y los habría reclamado para apresarlos según Brasil–, bien pudieron existir las tres, matizadas por los distintos intereses de cada uno de los mediadores y acaso en momentos diferentes.
Del mensaje con que Cabello blanqueó la situación del gendarme argentino resaltó la apariencia del ministro: más delgado, ojeroso y con la voz apagada, como si le faltara descanso o estuviera bajo el efecto de tranquilizantes. Del mismo modo se lo ve a Maduro desde hace algunos meses.
¿Refleja eso la búsqueda de alternativas para consolidar la permanencia del chavismo en el gobierno después del 10 de enero? “De acá al 10 de enero, el régimen va a subir la tensión, va a aprovechar que buena parte de la población va a estar distraída con la celebración de las fiestas de fin de año, va a seguir con la persecución selectiva, va a seguir aumentando el calor del discurso y va a intentar poner de relieve algunas alianzas internacionales que aún le quedan, que son cada vez menos”, vaticinó Salcedo Albert.
¿Alguna de esas alternativas considera la posibilidad de que Maduro deba dejar el palacio de Miraflores, el 10 de enero o poco después? ¿Maduro y Cabello se habrán visto reflejados en el espejo de Bashar Al Assad, el dictador recién depuesto en Siria y asilado de apuro en Rusia, y preferirían negociar una salida menos traumática? Aunque no es lo que muestran en sus declaraciones y en sus acciones, no parece razonable descartarlo.
¿Qué papel está jugando y cuál puede llegar a jugar la comunidad internacional, sobre todo después del fracaso de sus estrategias en tiempos del gobierno interino de Juan Guaidó? “No va a haber mucho, más allá de declaraciones verbales, que son importantes, que son distintas del período de Guaidó, mucho más firmes, más rotundas, pero por ahora no pasarán de ahí; después del 10 de enero, cuando Maduro, si no entrega el gobierno, se convertirá en un presidente ilegal, seguramente el proceso va a tener mayor fuerza, sobre todo con la capacidad de Estados Unidos y la Unión Europea de imponer sanciones económicas”, razonó Salcedo Albert.
Sí, todas las cartas están sobre la mesa.
