El gobierno nacional tomó una tríada de medidas para calmar el mercado cambiario: resición “voluntaria” de los contratos de opciones, que garantizaban un precio de venta a los bancos que habían adquirido bonos públicos en 2023; intervención por el Banco Central en el mercado de contado con liquidación, para esterilizar los pesos que se emitan al comprar divisas en el mercado oficial; y la adquisición por el Tesoro de 1.500 millones de dólares, que serán depositados en un fondo de New York, como garantía de los intereses que se deben pagar en marzo del año entrante.
Son medidas de coyuntura, lejanas de un plan de estabilización integral, y por eso mismo con tantas certezas como interrogantes. Pero vamos a lo que importa un poco más allá de la coyuntura, el depósito de dólares en el exterior como garantía de pagos soberanos futuros.
Toda decisión de gobierno es poliédrica: exige un análisis que excede el horizonte de la nariz y bascula consecuencias conexas. Uno de los mayores riesgos que tiene el país en lo que respecta a su financiamiento internacional, es una sentencia de primera instancia en contra por la estatización de YPF. A diferencia del proceso legal argentino, en New York, una decisión de instancia inferior es ejecutable aún habiendo sido apelada. Para evitarlo y asegurarse inmunidad de embargos mientras dure la apelación, la jueza Preska requirió al país que depositara las acciones que ostenta en YPF. Como no lo hizo, Argentina quedó expuesta.
Desde entonces, los acreedores (fondos Burford y Eaton Park) han pedido a la jueza distintas medidas ejecutorias, como la dación en pago de las acciones de YPF. Trabajan sobre una hipótesis de giro conceptual profundo en New York, que se inauguró hace unos años, precisamente con Argentina, en un juicio presidido por el juez Griesa, predecesor de Preska: ante la reticencia del gobierno de entonces (Fernández de Kirchner, Kiciloff) a honrar deuda en default, Griesa reinterpretó de forma elástica la cláusula pari passu de las emisiones soberanas, de modo que cualquier pago que hiciera Argentina bajo deuda en estado de cumplimiento, debía estar precedida por otro bajo deuda defaulteada, en igualdad de condiciones. A ese primer hito le siguió un segundo en el mismo juzgado, reciente y bajo el actual gobierno en el juicio de YPF, en el que ahora Preska requirió las acciones de la empresa en garantía.
Sobre esas novedades procesales de fondo adversas para Argentina trabajan los fondos. Y el gobierno parece no tomarlas en cuenta: al depositar los fondos como garantía de pago de intereses del año que viene, queda servido en bandeja un pedido de embargo que
lamentablemente tendría chances de entorpecerlo todo, apalancando absurdamente la posición negociadora de los fondos con algo concreto, y hasta comprometiendo emisiones futuras y renegociaciones eventuales.
FERNANDO H. CARDOSO enseñaba que política de estadista es entender el poliedro de las
decisiones que se toman. Cuanto nos está faltando. Las torpezas de entonces, disfrazadas de patriotismo y dureza negociadora, las estamos por pagar todos; las de ahora, con otro ropaje y de otro orden, ojalá que se puedan evitar.
