El maltrato contra los inmigrantes y la apuesta por cobrarles los estudios de grado en las universidades públicas, que pretende el gobierno libertario de Javier Milei, atenta contra las libertades, el pensamiento y las políticas educativas de casi toda la historia argentina.
La Argentina es un país formado y construido por personas venidas de todas partes del mundo. Desde el preámbulo de la Constitución en 1853 hasta hoy se mantiene establecido que se tiene por objeto “constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino. Seguramente más de un lector lo recite casi de memoria, como ese rezo laico que reafirmó Raúl Alfonsín, primero en el cierre de sus actos de campaña, luego con la transición y el afianzamiento de la democracia, que impera sin interrupciones desde 1983 hasta este preciso instante.
Parte de ese consenso, sin embargo, se tambalea. Acostumbrados a un discurso incendiario y generar y lidiar en conflicto permanente, el gobierno de Javier Milei decidió poner en cuestionamiento a los extranjeros, a los que considera que deben cobrárseles la atención médica y la educación universitaria en el sistema público argentino, si es que primero logran ingresar al país tras unas medidas más fuertes y alguna que otra restricción que quiere implementarse en materia migratoria.
“En primer lugar, se va a disponer que las universidades nacionales puedan cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes”, dijo Manuel Adorni, vocero presidencial, durante una de sus conferencias esta semana en Casa Rosada. “La doctrina garantista ha hecho desastres y los malandras, los ocupas y los oportunistas deben quedarse en sus casas del otro lado de la frontera y no venir a la Argentina a hacer daño a los ciudadanos que residen en el territorio nacional”, reforzó.
No fue la primera vez que los libertarios tensionan en esa dirección. Ya durante el armado y los debates de la Ley Bases, posteriormente sancionada, se anticipaban medidas de este estilo, opuesto a lo que en su momento figuras como Domingo Faustino Sarmiento, Julio Argentino Roca o más adelante Marcelo Torcuato de Alvear apostaban para el crecimiento de la Argentina.
En 1869, durante la presidencia de Sarmiento, el primer censo nacional arrojó que en el país había 1.737.076 habitantes, de los cuales 210.189 eran de origen extranjero, lo que equivalía 12,1% del total. Hacia la década de 1880, señala la historiadora, docente e investigadora Hilda Sábado en La política en las calles (1998) que en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, con una población que superaba los 300.000 habitantes, “más de la mitad eran inmigrantes”.
Se trata de un momento en el que Buenos Aires en particular experimenta un periodo de cambios, transformaciones y expansión. “Se convirtió en el centro de distribución y consumo, una red de comercios minoristas, talleres, fábricas, escuelas, teatros, clubes, iglesias”, reconstruye Sábato.
Y en medio de tal vorágine, con Roca en la presidencia y con Sarmiento como director general del Consejo Nacional de Educación, se sanciona la Ley 1420, la cual sentó las bases para masificar la educación primaria, que en su primer artículo la determinó con “el único objeto favorecer y dirigir simultáneamente el desarrollo moral, intelectual y físico de todo niño de seis a catorce años de edad”. La norma no hizo distinción alguna entre adultos o niños, estudiantes o docentes según su país de nacimiento u origen.
El segundo artículo, a su vez, otorgó al Estado un rol central para esa tarea: “La instrucción primaria debe ser obligatoria, gratuita, gradual y dada conforme a los preceptos de la higiene”.
Otra apuesta, en el artículo 66, fue la fundación de bibliotecas populares para distribuir libros y salas de lectura por todo el territorio, con lo que eso conllevaba en aquella época.
Aunque la Ley 1420 no abordaba a universidades ni facultades marcó un camino sin el cual hubiera sido imposible que después el sistema también floreciera y se consolidara en ese nivel. Tales proyectos, por otra parte, no se pensaron como gastos ni apuestas de degenerados fiscales, sino como un bien que trascendía a las finanzas públicas, pues ayudaría a crear una identidad nacional, una construcción social en común, y por supuesto a la generación de relevo para el siglo XX. Porque no por casualidad, por ejemplo, en 1913 se inauguran las primeras estaciones del Subte —sin precedentes en Sudamérica— y en 1920 se lleva adelante la primera transmisión de radio —un acontecimiento a nivel mundial— en lo que fue el puntapié inicial para el surgimiento de las primeras estaciones radiales argentinas. En cuanto a la prensa ya existían diarios como La Nación, La Prensa y Crítica, que cohabitaban con revistas como Caras y Caretas, además de otros folletines. Esto era posible debido a que había, ya de manera consolidada, un caudal numeroso de sectores medios que consumía, cada vez más, este tipo de publicaciones.
“El país pierde grandeza cuando no hay generosidad”
Juan Bautista Alberdi, Julio Argentino Roca y Domingo Faustino Sarmiento no fueron los únicos que apostaron a los inmigrantes como parte de la sociedad argentina. En el siglo XX el presidente radical Marcelo Torcuato de Alvear no solo se sumó a esa doctrina sino que despotricó contra aquellos que, como ahora insinúa discursivamente el gobierno de Milei, pretendían romper esa línea.
“El país se ha achicado espiritualmente porque pareciera que ya no pensamos con amplitud, con generosidad. Así vemos limitar la entrada al país de los inmigrantes-extranjeros”, señaló Torcuato de Alvear en una entrevista que concedió al diario La Razón el 22 de junio de 1939, poco menos de tres años antes de su fallecimiento. “Una parte de nuestros políticos destacados, que han servido con eficacia y dignidad a la Nación, fueron o son hijos de inmigrantes de primera generación. Esos extranjeros se han adaptado al país y lo han enriquecido. Pero ahora se piensa en pequeño, las puertas se cierran”, agregó.
Durante esa entrevista, en años en que la presidencia era ocupada por Roberto Marcelino Ortiz tras un fraude, T. De Alvear despotrica de las ideas totalitarias, sospecha de Hitler y Mussolini y defiende a la democracia como el mejor sistema de gobierno posible.
“El radicalismo busca la normalización del país y la fraternidad entre los argentinos sobre la base del respeto a la ciudadanía (…) a la democracia se la ha puesto en duda últimamente. Yo no dejo de reconocer que tiene sus defectos, que los tiene. Pero considero que ellos son infinitamente menores a los que incuba y sufre cualquier otro sistema”.
Sentado frente a la biblioteca de su casa, pone en valor a dirigentes que a su parecer pensaron a largo plazo, más allá de sus gestiones, y en favor de todos los argentinos. De Rivadavia rescata, por ejemplo, el haber proyectado avenidas y ochavas, el puerto, y las academias y facultades cuando Buenos Aires era poco más que una aldea. Y de Sarmiento, cómo no, se explaya en su legado con respecto a la educación pública.
“Sarmiento soñó con 100 millones de argentinos congregándose en torno a la bandera patria, con ferrocarriles y escuelas cubriendo todo el territorio. Defendió la tesis migratoria; trajo sabios y maestros extranjeros porque creyó que podían mejorar nuestro plan de civilización, y así sucedió, en efecto”, sostuvo T. De Alvear.
En 2024, casi 100 años después, la Argentina no alcanza aún los 50 millones de habitantes, padece una crisis educativa sin precedentes que agudiza ente niños y adolescentes, mientras el gobierno de Milei mantiene una guerra férrea contra el financiamiento universitario, que afecta también a docentes, investigadores, científicos y becados. Desde Casa Rosada se habla casi con desdén de que estudiantes extranjeros elijan a la Argentina para formarse, con tirria hacia la Facultad de Medicina —que concentra la mayor cantidad de extranjeros— y la Facultad de Filosofía y Letras —objeto de insultos, memes y prejuicios— sin que se piense, por ejemplo, en un plan para que esos estudiantes luego se sumen en mayor cantidad al sistema sanitario, educativo o científico.
Ni Milei ni sus funcionarios, ni sus seguidores ni los trolls parecen recordar, tampoco, que muchos de los inmigrantes que llegaron a la Argentina en distintas épocas no lo hicieron cargados de dinero, planes inmediatos para inversiones ni currículums relucientes. Muchos eran pobres, tenían hambre, apenas sabían leer o escribir si es que hablaban español o coqueteaban con el lunfardo. Les sobraban, sí, ganas de trabajar, de labrarse un mejor futuro para ellos y sus familias, que luego tuvieron en la educación argentina a su primera generación de profesionales universitarios. Por ellos y por todos los que habitaron y quisieron habitar el suelo argentino.
Libertarios flojos de números
Con la intención de instalar que las formas no importan, que la mesura es tibieza y sin reparar en que el poder debe ejercerse de manera responsable, los libertarios insisten en imponer una narrativa según la cual las universidades públicas deben ser solo para quienes viven en la Argentina, de ahí el querer arancelarlas para “extranjeros no residentes”.
Para inscribirse en una universidad pública se requiere que el extranjero en cuestión tenga un DNI argentino, el cual, además, lo regulariza dentro de la Ley de Migraciones y el sistema en general.
Para tramitar ese DNI, además, debe consignar unos antecedentes penales tanto de su país de origen como argentinos, los cuales, si arrojan alguna condena o irregularidad, conllevan a que Migraciones pueda negarle la residencia.
Ningún extranjero puede ingresar al país con un pasaporte o documento de identidad apócrifo. Tampoco puede mentir a los funcionarios de Migraciones cuando llega al país. Ni ninguna norma lo habilita a ingresar como turista y mantenerse regularmente en esa estatus durante los dos, tres, cinco o la cantidad de años que sea que le tome cursar su carrera.
Otro punto, aun hoy sin aclarar, es a quiénes alcanzaría el arancelamiento. Como señaló Lucas Luchilo, profesor de Historia y magister en Política y gestión de la ciencia y la tecnología, en esta nota en Nuevos Papeles, de acuerdo con la información estadística disponible, si se decide avanzar únicamente contra residentes temporarios, se trataría de un grupo reducido, si se toma en cuenta que los posgrados están arancelados y los brasileños obtienen la residencia permanente de forma directa —por la Ley 26.240, al igual que los residentes argentinos en Brasil—.
“Hay unos 79.000 extranjeros en las universidades públicas. Habría que empezar descontando a los brasileños —cerca de 14.000— y a los venezolanos —unos 7.000—. A estos habría que añadir a los inmigrantes económicos que estudian —que estimamos en unos 15.000—. De los 43.000 restantes, tenemos que identificar a los que todavía no cumplieron los dos años de residencia en el país y no pueden acceder a la residencia permanente. Dado que las carreras duran entre cinco y seis años, podemos estimar que no menos de un 40% —unos 17.000 estudiantes— residen desde hace menos de dos años. Estos 17.000 estudiantes representan alrededor del 0,9% de la matrícula de las universidades nacionales.”, reconstruye Luchilo.
Los estudiantes en carreras de grado, sin distinguir entre residentes temporarios o permanentes, representan alrededor del 4,1% del total de estudiantes en universidades argentina —3,9% en las públicas y 4,9% en las privadas—.
En síntesis, las propuestas y el discurso con el que Milei apunta contra las universidades y los estudiantes extranjeros no tiene sustento legal, fiscal, económico ni social. Ni constitucional, si se recuerda que el artículo 20 establece que “los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano”. Esos derechos, según el artículo 14, a saber, son: “de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender”.
De poder preguntarles, es de intuirse que ni Sarmiento, ni Roca, ni Torcuato de Alvear, tampoco Alfonsín, estarían de acuerdo en el discurso ni los malos modos, ni en la pretensión de separar entre argentinos o extranjeros el derecho y las libertades que la educación, en todos sus niveles incluido el universitario, le abren a todos los que nacieron o llegaron y desean habitar en la Argentina.
Bibliografía:
- Los datos de los censos nacionales corresponden a informes respaldados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
- La entrevista que concedió Torcuato de Alvear a La Razón se encuentra disponible en Grandes entrevistas de la historia argentina. Compilado y prologado por Sylvia Saítta y Luis Alberto Romero. (2002). Suma de Letras Argentina S.A.
- Sabato, H. (1998). La política en las calles. Editorial Sudamericana.
