En una entrevista con El Diplo, la especialista en políticas educativas e investigadora de la UBA, Mónica Marquina, dijo que el embate del Presidente, Javier Milei, contra el sistema universitario responde a una “necesidad” de cumplir con su promesa de alcanzar el déficit cero, lo que lo lleva a producir un ajuste que deriva en un desfinanciamiento de un área clave como las universidades públicas, al tiempo que le adjudicó al gobierno exhibir desconfianza al suponer “incorrectamente” que en las cátedras de la carrera de Economía no se les abre a los estudiantes la posibilidad de estudiar autores libertarios y sostuvo que la administración libertaria exhibe “miopía” porque no percibe el valor estratégico de las universidades para el desarrollo argentino.
Respecto de la necesidad de Milei de cumplir con su promesa de alcanzar el déficit fiscal cero, la especialista refirió que Milei llegó al poder con 56% de apoyo en la segunda vuelta, pero sin contar con una base legislativa ni territorial, lo que ha dificultado la implementación de políticas clave para reducir el gasto público, tras lo cual recordó que su propuesta inicial contenida en la llamada ‘Ley Ómnibus’ que envió al iniciar su gestión al Congreso, con más de 600 artículos, incluía algunas medidas con las que la administración libertaria buscaba reformar el sistema universitario, pero la propuesta rechazada y retirada de la Cámara de Diputados y las reformas universitarias quedaron excluidas de la versión aprobada.
Explicó que la ausencia de una Ley de Presupuesto 2024, acordada entre el gobierno saliente y el entrante, presentó enormes desafíos para el funcionamiento de la administración pública en general, incluyendo las universidades, por lo que durante los primeros meses, el país se manejó con el presupuesto de 2023 “reconducido”, es decir con valores de fines de 2022, en un contexto de inflación cercana a 300%, lo que a su vez le dio al gobierno de Milei un amplio margen de maniobra para cubrir aquellos “baches que consideraba urgentes”.
Marquina reseñó que en este escenario, hacia el mes de mayo las universidades se quedaron sin fondos para operar y esa circunstancia desató la Marcha Federal Universitaria, del 23 de abril, que se convirtió en “la primera gran protesta social contra Milei”, tras lo que el gobierno de La Libertad Avanza asignó de manera temporal recursos para los gastos de funcionamiento pero a mediados de año se hizo evidente el desfasaje salarial del personal universitario, cuyos sueldos no sólo quedaron por debajo de la inflación, sino también detrás de los de otros empleados estatales.
Marquina apuntó que de acuerdo con un estudio de las Universidades Nacionales de San Martín y de Río Negro, mientras que los aumentos acumulados entre noviembre de 2023 y julio de 2024 fueron del 57%, la inflación en el mismo período fue del 134%. “A pesar de las restricciones presupuestarias, las universidades lograron asegurar sus funciones durante el primer semestre académico”, destacó.
Marquina puntualizó que la situación salarial se agravó y el Congreso aprobó recientemente, con amplia mayoría, una ley de financiamiento para cubrir las necesidades de 2024 en materia de salarios y gastos de universidades, hospitales universitarios y fondos de ciencia y técnica y precisó que esta medida “supone un esfuerzo fiscal de sólo el 0,14% del PBI, para llegar a fin de año en condiciones más o menos niveladas con otros sectores, y afrontar un 2025 que también será complejo”, advirtió, tras lo cual recordó que Milei ya anunció que vetará esta ley “tal como hizo con la Ley de Movilidad Jubilatoria, argumentando su compromiso con el déficit cero”.
Además remarcó que el proyecto de Ley de Presupuesto 2025, enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso a mediados de septiembre “profundiza el ajuste en el sistema universitario” y, en tal sentido detalló que establece una asignación de 3,8 billones de pesos, lo que implica “la mitad de lo solicitado por el Consejo Interuniversitario Nacional” y, a la vez, se deja pendientes las deudas salariales y de funcionamiento de 2024 y se suspenden para 2025 las leyes que fijan pisos mínimos de inversión en educación (6% del PBI), ciencia y tecnología (0,45 del PBI) y educación técnico profesional (0,2 del PBI).
“Más allá de la necesidad fiscal, el trato del gobierno hacia las universidades refleja una profunda desconfianza. El presidente y su vice, Victoria Villarruel, han reiterado críticas hacia la universidad pública, acusándola de ser un espacio de ‘adoctrinamiento’ y de promover un ‘pensamiento único’, incluso señalando incorrectamente que las carreras de Economía no enseñan autores libertarios. Esto explica por qué desde la llegada de Milei al poder no se crearon ámbitos de trabajo conjunto en materia de política universitaria, donde los distintos actores que conforman el sistema pudieran acercar posiciones y buscar fuentes alternativas de recursos, para así enfrentar al nuevo año fiscal desde una base razonable, y no desde un salario que perderá cerca del 50% de su poder adquisitivo”.
Marquina dijo que además de su ofensiva contra las universidades, Milei “arremetió contra los organismos de ciencia y tecnología, acusándolos de estar politizados y anunciando su intención de revisar o cerrar aquellos que no demuestren objetivos claros o resultados tangibles”, lo que llevó a la especialista en políticas educativas e investigadora de la UBA a advertir que “aunque el Congreso frenó en la primera discusión de la Ley de Bases la posibilidad de disolver ciertas agencias estatales, la desconfianza persiste. Esta postura quedó evidenciada cuando Milei sugirió a los investigadores que salieran ‘al mercado’, cuestionando por qué la sociedad debería financiar la investigación científica”.
“Si bien es cierto que muchos organismos estatales, incluyendo los de ciencia y tecnología y las universidades, podrían beneficiarse de reformas producto de debates y reflexiones pendientes, es indiscutible que ambos sistemas gozan de gran reconocimiento internacional. Despreciar el papel del financiamiento público en la investigación, bajo la lógica de que el mercado puede sustituirlo, implica ignorar el modo en que funcionan los sistemas de conocimiento y su importancia para el desarrollo nacional. Incluso los acuerdos anunciados por el gobierno con figuras como Elon Musk y empresas como Google u OpenAI dependen, para su concreción, de un capital humano que requiere de universidades e investigación básica y aplicada, principalmente sostenidas con fondos públicos”.
Marquina añadió que el gobierno “parece no percibir el valor estratégico de las universidades para el desarrollo argentino”, destacó que “el crecimiento de una Nación requiere de conocimiento y recursos humanos altamente capacitados, que derraman en la sociedad de múltiples maneras, incluyendo la posibilidad de que el mercado haga uso de ellos”, tras lo cual la especialista en políticas educativas e investigadora de la UBA puso de relieve que “en países emergentes como Argentina, la inversión en educación superior es crucial para resolver problemas sociales, sanitarios y económicos que el mercado, por sí solo, no abordará”.
Dijo que, por otro lado, aún en caso de que el ajuste emprendido por el gobierno de Milei sea una cuestión transitoria “el impacto profundo del desfinanciamiento universitario no se resolverá en uno o dos años si mejora la economía” y alertó que “el éxodo de talento, el desmantelamiento de los equipos de investigación y la interrupción de cooperaciones internacionales generan pérdidas difíciles de revertir”, por lo que Marquina sostuvo “el gobierno no advierte que la universidad sigue siendo una de las instituciones más valoradas por la sociedad, sin importar afiliaciones políticas ni sectores sociales. Más de dos millones de estudiantes y 300 mil empleados, entre docentes y no docentes, forman parte del sistema de universidades públicas. Una gran mayoría son jóvenes, muchos de los cuales votaron a Milei”.
“El déficit cero no debería ser una meta en sí mismo, sino el primer paso hacia un proyecto más duradero de desarrollo, en el que las universidades desempeñen un rol estratégico. El país necesita una agenda de desarrollo que aproveche el potencial de las universidades como actores clave, capaces de contribuir a un patrón de crecimiento regional diversificado y enriquecedor, basado en el conocimiento”, expresó Marquina, quien juzgó que “el ideario libertario, sin embargo, parece no contemplar planes de desarrollo, ni comprender que la educación superior es una herramienta liberadora del individuo, supuestamente un principio central de su propia ideología. Y es aquí donde parecen surgir algunas contradicciones y tensiones de la época”
“Hasta ahora, la gestión de Milei no sigue un dogma libertario puro. Combina ideología con pragmatismo, y evidencia la necesidad de apartarse de algunas ideas para lograr objetivos clave del gobierno”, dijo Marquina, quien se esperanzó en que en este marco “quizá exista algún margen para que, desde diferentes fuerzas políticas, se introduzca, más allá del déficit cero, una agenda de desarrollo medianamente planificada, basada en el conocimiento y con la universidad como protagonista. Una vez más, la clave estará en mostrar al espacio universitario no como un campo de conquista, sino como el ámbito del genuino pensamiento crítico y del debate de ideas y propuestas plurales. Las universidades deberán insistir en dar la discusión sobre su rol, aprovechando la necesidad, desmontando la desconfianza y ofreciendo una nueva perspectiva sobre un futuro compartido del que todos podamos ser parte”, concluyó.
