El presidente Javier Milei está encarando una muy ambiciosa iniciativa: está mezclando cambios económicos muy necesarios y, en general, razonables, con un montón de hojarasca política, institucional y de otros campos, en muchos casos inviable y en otros inconveniente. Lo hace, simplemente, para mejorar su posición negociadora y, al final, ceder en lo secundario y lograr la aprobación de lo esencial.
Está poniendo en riesgo las ideas de libertad y de cambio que lo llevaron al poder con iniciativas impracticables y, en algunos casos, directamente delirantes. Va a terminar deslegitimando otras muy razonables y necesarias, e impidiendo su aprobación, va a darles ocasión a los reaccionarios para recuperar el terreno perdido. Tanto en el DNU como en la Ley Ómnibus, la mezcolanza y el desborde perjudican al proyecto que dice defender.
¿Cuál de estas dos versiones es la correcta? Lo sabremos muy pronto, cuando el nuevo Ejecutivo termine su raid de instalación en el poder y empiece a negociar en serio sus proyectos de reforma.
Mientras tanto, algunas cosas preocupan, y mucho. Sobre todo a quienes quieren que al Gobierno le vaya bien, pero no comparten del todo sus ideas, o desconfían de que sus líderes sean auténticos demócratas liberales y no otra versión del populismo extremista padecido hasta hace poco. Recelan de su posición ferozmente conservadora en muchos temas, como la concentración de poder en el Ejecutivo, la interferencia del poder económico en las campañas políticas o la regulación de la salud mental.
La señal más preocupante respecto de cómo se procesarán esas diferencias y desconfianzas, elocuente sobre su baja disposición a negociar con la oposición moderada, la dio Milei al tachar de “coimeros” a los legisladores que buscan acordar sobre su ley ómnibus y su DNU, pero planteando disidencias en puntos específicos. Fue una pésima idea. Que encima reiteró una y otra vez, pese a las críticas que ya la primera vez había despertado.
Según Milei, los diputados y senadores que quieren “arrastrarlo a una negociación” solo desean “sacarle algo a cambio, quieren coimas”. Serían entonces mucho más honestos, aunque equivocados, los que rechazan de plano sus iniciativas: al menos defienden una idea.
El argumento presidencial no es nuevo en él. Actualiza un criterio que usó hasta el hartazgo en la campaña electoral y le dio buenos frutos: polarizar con el kirchnerismo para borrar del mapa al centro político, ocupado en particular por JxC. A los primeros, casi los disculpó, mientras que a los integrantes de JxC que quieren apoyar el cambio pero a la vez ponerle condiciones les descargó todo el peso de su repudio moral: “A esos que les gusta tanto la discusión y discutir la coma y todo eso es porque están buscando coimas. Cuidado. Este DNU apunta contra los corruptos. Hay mucho vivillo y delincuente dando vuelta”.
Arrancó con esta diatriba contra la negociación a la que está obligado, por lo acotado de su base legislativa, en una entrevista concedida a Luis Majul, y luego reiteró la idea incluso en su reciente paso por Mar del Plata.
Criticó también con nombre y apellido al PRO y a la UCR por haber negociado con Kicillof el aumento del impuesto inmobiliario en la provincia. Parece que lo que le molestó especialmente fue que lo hicieran con éxito, que lograrán acotar el aumento de las alícuotas que pagarán los ciudadanos (no van a estar por encima de la inflación acumulada, como pretendía el gobernador), y le exigieran a cambio el cumplimiento de compromisos con los municipios opositores. Y Milei se olvidó también de mencionar que parte de sus propios legisladores bonaerenses de LLA avalaron esas tratativas.
¿No es acaso esencial para la política democrática buscar y lograr este tipo de entendimientos, permitir acuerdos de buena fe en los que todos ganan, igual que en el capitalismo que el presidente dice defender? ¿No es la forma de lograr que prime la colaboración, sin que intervenga ni un monopolio del poder ni mecanismos opacos y corruptos?
Si estos planteos de Milei revelan su decisión de encarar el primer trámite legislativo de su gestión, tal vez el más importante que tenga que resolver, con el criterio de “todo o nada”, tal como adelantó su vocero, para vencer a sangre y fuego las “resistencias al cambio”, o bien perder pero exponiéndolas ante “los argentinos de bien”, la parte “sana” de la sociedad, para que se movilice en repudio a las instituciones representativas, sus chances de éxito serán muy bajas, y es un gran alivio que así sea.
Tal vez se salga con la suya polarizando la escena. Pero difícilmente consiga los apoyos que necesita para la Ley Ómnibus. ¿Es que prefiere antes una derrota heroica que un triunfo un poco gris, negociado y por tanto parcial?
Los que están esperando que se les tienda una mesa de negociación se preguntan dos cosas, que hoy nadie parece tener en claro: cuándo y cómo se tenderá esa mesa, con qué reglas y participantes, y qué orden de prioridades llevaría a ella el oficialismo, cuántas de las cosas que para la oposición conciliadora son más inaceptables resultan esenciales en la agenda libertaria, y cuántas son secundarias y sacrificables.
Uno podría esperar que haya más coincidencias en temas económicos, y no en lo demás, y que para el gobierno lo primero sea lo esencial, y entonces la negociación podría avanzar sin muchas dificultades, una vez que se decida iniciarla. Pero puede que no sea el caso, al menos no en todos los asuntos que generan más rechazo entre los moderados.
Cosas que no se entienden y no se sabe realmente para qué se las incluyó hay unas cuantas, tanto en el DNU como más todavía en la ya famosa Ley Ómnibus, o ley de emergencia, o Ley de “bases para la libertad”. En suma, en ese proyecto que tiene tantos nombres como capítulos donde pretende meter la cuchara hasta el fondo.
¿Cómo se conciliaría votar en circunscripciones uninominales para Diputados con la renovación parcial de las cámaras cada dos años establecida por la Constitución? ¿Cómo se decidiría quiénes serán y qué se hará con los diputados que van a desaparecer, porque sus bancas dejarán de existir? Se desataría, además, una guerra a muerte por trazar las circunscripciones, de un modo que favorezcan a ciertos partidos y perjudiquen a otros. Probablemente, en el medio de todo eso, habría que establecer un sistema parecido al del Senado: votar solo en la mitad de las circunscripciones, eligiendo a dedo dónde se vota y dónde se espera otros dos años.
¿Cómo evitar que se politicen al extremo todas estas discusiones, a riesgo de que el entero sistema electoral pierda legitimidad? ¿No se previó acaso que el sistema de circunscripciones uninominales, en un sistema de partidos muy fragmentado como el nuestro, y con profundas desigualdades regionales además de sociales, puede hacer que, tal vez salvo el peronismo, y con más suerte el actual oficialismo, todas las demás fuerzas se debiliten al extremo o desaparezcan? ¿O es acaso ese el objetivo, lo que estaría en sintonía con la pretensión presidencial, expuesta estos últimos días, de polarizar al extremo la escena y hacer desaparecer a las fuerzas de centro?
Y hay otras partes de la programada reforma política que son todavía peores.
La eliminación de todo límite para los aportes privados a los partidos y las campañas, y la supresión simultánea del control y asignación público y equitativo del uso de la radio y la televisión, van dirigidas evidentemente a darle un enorme poder al dinero en la competencia electoral. A contramano de lo que intentan lograr todas las democracias más o menos sanas del mundo, las del capitalismo desarrollado que Milei dice admirar, y la peor reforma de todas las imaginables para nuestro sistema político, que ya tiene suficientes problemas en este sentido, y los agravaría enormemente.
La exigencia de autorización para la reunión de tres o más personas en el espacio público ya roza lo absurdo, ni hace falta volver sobre el particular.
Y, como gusta decir Federico Sturzenegger, hay más, mucho más.
Tanto la ley Ómnibus como el DNU 70/23 afectan montones de derechos adquiridos. Sin embargo, el presidente acaba de justificar la inmunidad concedida a las industrias “tecnológicas” instaladas en Tierra del Fuego, alguna de las cuales pertenece a familiares de sus funcionarios más destacados, con el argumento de que “no se pueden afectar derechos adquiridos”. ¡Pero si desde que asumió no ha estado haciendo más que eso!
Después, algunos funcionarios insinuaron otra explicación: que la reducción de impuestos para importar insumos y componentes no sería un privilegio sino una regla a partir de ahora, porque ellas van a extenderse a todos. En ese caso sería interesante saber por qué no derogan el privilegio ahora, y después generalizan el criterio con una regla universal e imparcial. Porque de otro modo lo que se consagra es el privilegio, detrás de la zanahoria de que ya les va a llegar a los demás.
Se ha dicho ya que donde más se desnuda la desmesura de las intenciones del Ejecutivo es en la delegación de facultades que se reclama del Congreso: no tiene prácticamente límite alguno, ni de tiempo ni de alcance, como si el gobierno pretendiera que los legisladores sesionarán ahora para aprobar esta ley, y después se dedicaran a pintarse las uñas el resto de los cuatro años.
¿Eso lo van a defender como esencial los representantes del oficialismo, o lo van a dejar caer para quedarse con los muchos más razonables capítulos fiscales del proyecto? Imposible saberlo.
Así que mientras tanto, crece la sensación de que el presidente no quiere negociar nada, que imagina un orden político ideal, en que él es un autócrata racional, y los demás se distribuyen los papeles de brutos resistentes o dóciles beneficiarios del progreso. Una imagen que ni su héroe Juan Bautista Alberdi compartiría por lo brutal, y eso que a Alberdi lo del déspota modernizador le gustaba bastante.
Y el problema no es solo lo que vaya a suceder en este caso puntual, la negociación o no de este DNU y este proyecto de ley, sino sobre lo que auguran para lo que vendrá sobre las posiciones que adopta el Presidente, porque el desafío planteado al centro político no va a quedar en este insulto y muestra de desprecio. Rápidamente él se va a replicar, al menos como interrogante, respecto a cómo se encararán las próximas batallas electorales.
Si el plan de Milei es seguir confrontando con el kirchnerismo duro, repitiendo la experiencia de Macri cuando privilegiaba a Cristina como su adversaria ideal, para volver irrelevantes a los moderados, debilitarlos al máximo, y necesitarlos cada vez menos en apoyo a sus iniciativas legislativas, estos deberán, tarde o temprano, tomar una decisión vital: sumarse definitivamente al oficialismo, o colaborar lo mínimo con él hasta que se le acaben el prestigio e impulso iniciales, y tratar de retener lo más posible un rol activo como oposición mientras Milei paga en soledad los costos del ajuste, hace el trabajo sucio, para poder heredarlo más temprano que tarde. Más o menos lo que hizo Massa con Macri. En suma, un juego que privilegia la especulación antes que la colaboración, pero imprescindible para sobrevivir.
Milei ganó tiempo con el DNU y, con su proyecto Ómnibus, terminó de moldear la agenda frente a la que los demás deberán posicionarse. Debe decidir ahora si usar esas ventajas para gobernar solo o para ampliar sus apoyos. Muchos de sus predecesores abrazaron, al comienzo de sus mandatos, el sueño de la autonomía. Y luego debieron acomodarse a sus reales posibilidades. En su caso sería de celebrar que lo haga rápido y antes de consumir las pocas chances de éxito que tiene.
Publicado en www.tn.com.ar el 31 de diciembre de 2023.
