Desde el 15 de abril pasado la represión de las fuerzas de seguridad colombianas se han cobrado un número indeterminado de víctimas al reprimir la protesta social masiva ante un plan de ajuste del gobierno de Iván Duque.
Colombia le suma a los estragos del covid-19 -que registra las marcas más altas de contagio y una de las tasas de mortalidad más elevadas del mundo- una veintena de muertos a causa de la represión a la protesta social. Con una pobreza que pasó del 38 al 43 por ciento y un PIB que cayó 7 puntos en 2020, la pauperizada clase media colombiana salió a las calles a protestar –masivamente como en 2019 ocurrió en Chile- por una modificación del régimen tributario –un clásico ajuste- diseñado por el gobierno de Iván Duque con el argumento de obtener recursos para costear los gastos fiscales provocados por la pandemia. Dicho proyecto llamado “Ley de solidaridad sostenible” basaba un aumento de recaudación incrementando el IVA y el impuesto a las ganancias, lo que explicaba el 80 por ciento de la nueva recaudación.
Y al igual que en Chile, donde la chispa del caos fue encendida por el rechazo de los estudiantes secundarios al aumento del boleto de subterráneo –en el contexto de fuerte desigualdad económica- las manifestaciones continúan produciéndose, aún luego de que Duque retirara su proyecto y su ministro de ministro de hacienda, Alberto Carrasquilla, presentara su renuncia. Según el periodista de la BBC en Colombia Daniel Pardo, el renunciado ministro era “un exponente del sector privado, miembro del directorio de varias empresas y un fiel seguidor del neoliberalismo ortodoxo de Estados Unidos”.
En 2019, al mismo tiempo que el país Neruda, se registraban protestas similares en Colombia cuando sindicatos y ciudadanos afectados salieron a rechazar el llamado “paquetazo de Duque” que ajustaba el sistema previsional y proponía privatizaciones de empresas públicas. La pandemia enfrió las demostraciones de hastío social pero el ajuste actuó como un revulsivo para volver al reclamo siempre latente en defensa de la educación, la salud y el cumplimiento de los acuerdos de paz.
Esta es una señal a tomar en cuenta por los gobiernos de América Latina a la hora de dar una respuesta al hartazgo social -producido por la combinación de pandemia y desigualdad- la que deberá ser calibrada con precisión.
Como en Chile, las redes sociales difunden los flagrantes casos de asesinatos y abusos policiales, sumando las violaciones a los derechos humanos como un nuevo componente al explosivo cocktail y dando visibilidad internacional al asunto sobre el cual ni la OEA ni la ONU se han expedido aun.
En medio del fragor, el expresidente y partidario del actual, Álvaro Uribe, escribió en una red social que los colombianos tenían que apoyar “el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender a las personas y bienes” del “terrorismo vandálico”, agregando más tensión al delicado panorama.
El centro de la protestas ha sido la ciudad de Cali, la tercera ciudad más grande de Colombia y una de las que el partido del oficialismo perdió en las elecciones municipales de 2019 junto a Caquetá, Boyacá, Medellín, Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta, Montería y Manizales. Con este panorama, la caída de la imagen de Duque abre un espacio para que la oposición capitalice el descontento con el gobierno que endeudó al país hasta el 65 por ciento de su PIB, tiene un déficit fiscal de 9 puntos, el desempleo se ubica en el 20 por ciento y 3 millones son nuevos pobres.
La encuesta realizada en abril por Invamer indica que un 63,2 por ciento desaprueba la gestión de Duque como presidente, mientras que el 33,1 por ciento la apoya. La mayor tasa de desaprobación contra la gestión del presidente se registra en Bogotá, donde casi el 82 por ciento rechaza su desempeño. La misma consultora recabó que el senador y ex candidato presidencial, Gustavo Petro –que perdió la segunda vuela en 2018 a manos de Duque- encabeza la intención de voto con 38,3 por ciento.
El marco en el que las políticas de Duque se mueve, no le ofrecen muchas alternativas para superar la actual coyuntura. El presidente electo de Ecuador, Guillermo Lasso viajó a visitar a Duque como una manera de estrechar una alianza del mismo signo ideológico pero con las mismas dificultades para aplicar un ideario que no da respuestas a las urgentes necesidades de sus pueblos.
