“Sin un sistema de apelaciones que funcione, es posible que las disputas comerciales internacionales nunca vean una solución y puedan evolucionar rápidamente en guerras arancelarias que se salgan de control”, afirma Adam Behsudi del South China Morning Post.
La crisis inminente expone grietas profundas en la OMC. La organización basada en el consenso, que incluye 164 países con etapas de desarrollo económico muy divergentes, no ha logrado establecer nuevas reglas para un comercio más libre desde que se formó en 1995. Las negociaciones iniciadas en Doha en 2001 finalmente fueron declaradas muertas por Estados Unidos en 2015 después de obtener pocos resultados.
La administración de Donald Trump busca neutralizar aún más la OMC, con sede en Ginebra, después de que Bloomberg informara a principios de este mes que había planteado la posibilidad de bloquear la aprobación del presupuesto bienal de la organización. Sin dinero, el organismo global debería cerrar sus puertas en 2020.
Estados Unidos considera -entre otras críticas- que el Órgano de Apelación de la OMC, tiene un mecanismo de solución de controversias excesivamente deliberativo e innecesariamente largo. El informe anual del organismo, para 2018, mostró que la disputa comercial promedio pasó 859 días en la etapa del panel, luego 395 días en apelación, lo que significa 1.267 días, o tres años y medio en total, una eternidad para el mundo de los negocios.
El panel de resolución cuenta, generalmente, con siete personas, pero necesita un mínimo de tres jueces para funcionar. La “banca” de dos de los tres miembros actuales expirará el 10 de diciembre, dejando solo un juez restante: el profesor chino Hong Zhao. Entre las mayores objeciones de la administración de Donald Trump figura la forma en que los miembros del panel han elaborado sus propias reglas en ausencia de una guía clara de los numerosos acuerdos alcanzados cuando se fundó la OMC en 1995.
De hecho, las quejas de los Estados Unidos con el Órgano de Apelación no comenzaron con Trump. En 2016, la administración del presidente Barack Obama impidió que Seung Wha Chang, de Corea del Sur, cumpliera un segundo mandato. Fue acusado de exceder el alcance de su mandato legal en varios fallos.
Lo mismo ocurrió cuando Obama impidió la reelección de Jennifer Hillman, una exfuncionaria comercial estadounidense, por temor a que ella no fuera lo suficientemente agresiva al emitir disensiones en los fallos que atacaban las leyes comerciales de su país.
La brecha entre las perspectivas estadounidense y de una Unión Europea –que propone armar un amplio sistema de arbitraje que reemplace el actual Órgano de Apelación- se ensanchó aún más el año pasado cuando Bruselas se puso del lado de India y China en una propuesta que, según Washington, haría que el Órgano de Apelación fuera aún menos responsable ante los países miembros de la OMC.
Los partidarios de las tácticas de Trump dicen que las consecuencias negativas del cierre del Órgano de Apelación se han exagerado demasiado. Incluso si las naciones no pueden apelar, las quejas comerciales aún pueden presentarse y potencialmente resolverse formal o informalmente en niveles más bajos.
La inquietud ante la posibilidad de no tener una autoridad final sobre disputas ha llevado a Canadá y la UE a comenzar a trabajar en un “Órgano de Apelación en la sombra” que imitaría gran parte de la versión de la OMC. Los jueces estarían formados por exmiembros del Órgano de Apelación.
Una Organización Mundial del Comercio debilitada podría traer de vuelta una era que permitiera a los países económicamente fuertes imponerse sobre otras naciones. Antes de que la OMC estableciera un proceso rígido de disputas, el comercio se regía por el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, que resolvió las disputas comerciales a través de la fuerza diplomática en lugar de una forma deliberada y legal.
Es posible que eso no se vea tan mal a los ojos de Trump y su cuadro de funcionarios comerciales, que durante mucho tiempo vieron a la OMC como una institución sospechosa destinada a socavar la soberanía económica de Estados Unidos. Así lo piensan la administración Trump, los sindicatos y otros constituyentes que ven la membresía de China en la OMC como la sentencia de muerte para la industria manufacturera estadounidense. La membresía en la OMC requería que EE.UU. abriera aún más su mercado a la máquina industrial de Beijing, incluso cuando China era acusada a diario de ignorar las reglas de la organización.
El hecho de que la OMC no abordara cuestiones como el robo de propiedad intelectual y la transferencia forzada de tecnología llevó a la administración Trump a actuar sola y con fuerza como parte de su actual guerra comercial. Los funcionarios de comercio de Estados Unidos han defendido la decisión de lanzar una contundente guerra comercial con China fuera del proceso formal de disputas de la OMC con el argumento de que las reglas comerciales globales no abordan las transgresiones de Beijing.
De modo que el pronto cese del Órgano de Apelaciones de la OMC es un capítulo más de la guerra comercial entre China y los EE.UU. del que –como en la batalla general– todos saldremos perjudicados. ¿O no?
