Los mercados, bajo ciertas condiciones, garantizan la asignación mas eficiente, en el sentido de que permiten maximizar la satisfacción de necesidades, dados los recursos escasos. Puesto de otro modo, resuelven el problema de la manta corta, acomodando la escasez lo mejor posible.
Pero como esas condiciones rara vez se cumplen, aparece justificada la intervención del estado para buscar una mayor competencia, o la internalización de consecuencia no deseadas sobre terceros, como en el caso de un plan de vacunación o la educación pública. Más aún; el resultado desde el punto de vista distributivo puede no ser tolerado socialmente o pude haber bienes preferentes, que la sociedad busca producir más allá de las elecciones que las personas harían con sus bolsillos, como por ejemplo garantizar la igualdad de genero o el acceso subsidiado a espectáculos culturales y deportivos.
Por desgracia, la mera existencia de una falla de mercado no garantiza que la intervención pública mejore las cosas. Por ejemplo, para producir bienes públicos hay que recaudar impuestos que generan distorsiones que nos alejan del optimo asignativo, al tiempo que muchas regulaciones terminan disparando en contra de los objetivos buscados originalmente.
A fines del 2012, por ejemplo, cobró notoriedad el caso de Gerard Depardieu, que amenazó con mudarse a Bélgica ante el intento del gobierno francés de imponer una alícuota marginal del 75% para los ingresos superiores al millón de euros. Está claro que, si la base imponible de los ricos se muda, el intento por mejorar la distribución del ingreso, termina con menos plata para redistribuir y peores resultados sociales.
Esta semana asistimos a tres ejemplos interesantes; a saber: la ley de góndolas, la ley de alquileres y el cupo femenino del 30% en espectáculos artísticos.
Por supuesto todos sabemos que existen abusos, tanto en el sector inmobiliario como en los supermercados y nadie niega que sería deseable que hubiera mayor igualdad de genero, pero en muchas oportunidades la medicina puede ser inocua, o peor aún, contraproducente.
Empecemos con la ley de alquileres. El mercado está fuertemente atomizado lo que evita que alguna de las partes pueda imponer condiciones, pero hay al menos dos circunstancias que le imprimen fricción al normal funcionamiento; por un lado resulta difícil desalojar al inquilino que no paga y por otro lado, una vez que una familia se instaló en una vivienda construye relaciones, instala muebles, se acostumbra al hogar y a todo eso debe sumarle los costos de mudanza si quiere cambiar de propiedad. Con inflación se agrega otra distorsión porque se deforma la relación contractual acordada inicialmente.
La consecuencia de estas anomalías es que aumentan los costos de entrada y salida de la relación contractual, reduciendo el bienestar de ambas partes. Para proteger a los propietarios se acuerdan garantías y costos de depósito, que encarecen el acceso a la vivienda. Para cuidar a los inquilinos, se establecen períodos mínimos de contrato
La ley, que cuenta con media sanción en Diputados, busca mejorar la situación de los inquilinos extendiendo la duración del contrato y reduciendo las garantías, pero al hacerlo perjudica la posición de los propietarios, que reducirán su oferta de alquileres, impactando en el precio. Un trámite de desalojo express hubiera mejorado la posición de ambos, pero nadie quiere pagar ese costo político.
En el caso de la ley de góndolas, se reduce al 30% el máximo de espacio para una marca o grupo empresario en cada rubro; por ejemplo, no se podrá llenar los estantes de panificados con Bimbo o los de cervezas con Quilmes y se establece un mínimo del 25% para productos de pymes y un 5% para fabricaciones de la economía popular. En primer lugar, se trata de una ley acotada a grandes hipermercados de mas de 345 trabajadores, que solo comercializan entre el 20 y el 30%% del total de los alimentos, con baja participación en las compras de las clases bajas. En segundo lugar, es de muy difícil aplicación, por lo que es probable que no tenga el impacto buscado.
Finalmente; la norma de cupo artístico de genero plantea la disyuntiva de si es la oferta la que genera la demanda o viceversa, porque en muchos grandes festivales como Lollapalooza seguramente habrá cientos de artistas talentosos independientemente del genero y cada uno elegirá libremente el espacio al cual asistir, pero en otros shows puede ser mas difícil que uno de cada 3 figuras o bandas convocadas cumplan el requisito, imponiendo mayores costos al productor o bajando el precio que los espectadores están dispuestos a pagar.
Mi consejo en todos estos casos, es que dejemos los pre juicios de lado e investiguemos por que se producen los resultados de mercado que queremos cambiar, analizando en segundo lugar cuales son las arquitecturas de incentivos que mejor logran esos fines. Muchas veces alcanza con los precios y en otras oportunidades se pueden explotar los resultados de las investigaciones en Economía del Comportamiento, que nos ayudan a identificar sesgos y aprovecharlos. Rara vez alcanza con la buena voluntad de los legisladores, quienes por no conocer como funcionan los mercados y la psicología de los actores, terminan en numerosas oportunidades empeorando los problemas que buscan resolver.
Publicado en Clase Media, el Newsletter de Martín Tetaz, el 25 de noviembre de 2019.
