En un fallo histórico, el juez Thad Balkman de Oklahoma -un republicano de 47 años-, ha condenado este lunes a Johnson & Johnson a pagar 572 millones de dólares al haber comprobado que “la corporación estadounidense Johnson & Johnson contribuyó a crear una mortal crisis de adicción a los opioides en EE.UU. que se ha convertido en la peor epidemia de drogas en la historia de ese país”, según dictaminó este 26 de agosto en el primer fallo de su clase contra la industria farmacéutica, en el que también arguye que las acciones de la empresa “comprometieron la salud y la seguridad de miles de ciudadanos de Oklahoma, específicamente, los acusados causaron una crisis de opioides que se evidencia por el aumento de las tasas de adicción, muertes por sobredosis y síndrome de abstinencia neonatal en Oklahoma”. Sin embargo, la multa es solo una fracción de los 17.000 millones de dólares que los fiscales habían solicitado inicialmente como compensación.
Este es el primer caso estatal por opioides que llega a juicio, por lo que la decisión del magistrado del distrito de Cleveland, será un precedente para los casi 2.000 demandantes – entre ciudades y condados- que presentaron una demanda colectiva ante un juez federal en Ohio. Además, 40 Estados están liderando batallas legales similares. Más de 400.000 personas han muerto por sobredosis de analgésicos, heroína y fentanilo ilegal desde 1999.
La firma ganó miles de millones de dólares en un período de 20 años. Y siempre ha negado la responsabilidad. Más de 6.000 ciudadanos de Oklahoma han muerto por sobredosis de analgésicos desde el año 2000. En los documentos judiciales, el Estado sostuvo que el número de recetas de opioides dispensados por las farmacias llegó a 479 por hora en 2017. En 2016 J&J gastó 8000 millones de dólares en congresos y regalos de toda índole a los médicos como forma de incentivar las prescripciones de Duragesic y Nucynta, los analgésicos que produce. Alrededor de 18 millones de recetas de opioides fueron emitidas en Oklahoma —un estado de menos de 4 millones de habitantes— entre 2015 y 2018.
En la demanda presentada en 2017 por el fiscal general de Oklahoma, el republicano Mike Hunter, acusó a J&J y sus subsidiarias, Purdue Pharma y Teva, de “perjuicio público” al lanzar una campaña de marketing agresiva y engañosa que exageraba la efectividad de los fármacos para tratar el dolor crónico y soslayaba el riesgo de adicción de los opiáceos contenidos en ellos. Hunter calificó a J&J como la compañía “líder” del engaño, que actuó motivada por “la codicia”. La enorme multa aplicada a la corporación será destinada a ayudar a disminuir el problema en los próximos años.
Las otras dos compañías farmacéuticas involucradas en el asunto, Purdue Pharma y Teva, llegaron a acuerdos extrajudiciales con las autoridades locales en mayo, por un valor de 270 millones de dólares y 85 millones, respectivamente.
Pero los abogados de J&J están dispuestos a apelar alegando que forman parte de una industria legal y altamente regulada, sujeta a una estricta supervisión federal, incluida la Agencia de Control de Drogas de EE UU y la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA).
Según J&J otras sustancias como la heroína y el fentanilo ilegal – cuyo principal productor es China y cuya importación está en la mira de los aranceles de Trump – son los verdaderos culpables de la epidemia de sobredosis. Al respecto, podría decirse que China le está devolviendo a Occidente una versión moderna de las Guerras del Opio.
La subestimación de los riesgos de esos analgésicos llevó “al peor perjuicio público provocado por el hombre que ha visto Oklahoma”, según declaró Hunter, afirmando que la corporación obtuvo sus beneficios “por codicia y a expensas del dolor y sufrimiento de personas inocentes”.
De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU., en el año 2017, los opioides, incluidos los analgésicos recetados y la heroína, provocaron la muerte de 47.600 personas por sobredosis en el país.
Sin embargo, el fallo de 42 páginas señala a la corporación por promover en consultorios médicos —mediante panfletos, cupones y otros materiales impresos— “el concepto de que el dolor crónico no es tratado lo suficiente (lo que crea un problema) y que el aumento de la prescripción de opioides era la solución”.
La sentencia añade que Johnson & Johnson, además de ignorar advertencias sobre los agresivos métodos de mercadeo de su medicamento Duragesic —basado en el fentanilo—, realizó “pagos sustanciales de dinero a varios grupos y organizaciones de defensa del dolor que influyeron en los médicos”.
Todo este negocio se enmarca en la voracidad de la industria farmacéutica norteamericana en la que según el HealthDay News “las pastillas de marca superaron la tasa general de inflación del país casi cinco veces entre 2005 y 2016, y los consumidores pagaron alrededor de un 9 por ciento más cada año por los mismos medicamentos antiguos entre 2005 y 2016.
El precio de los medicamentos inyectables de marca aumentó en un 15 por ciento al año en el mismo periodo. Para una sociedad que parece solucionar todos sus problemas a base de pastillas, ese es un golpe muy duro. Más duro que el que acaban de propinarle a una de sus tantas corporaciones que lucran con la salud, o mejor dicho, con los padecimientos de las personas.
