“El Estado en democracia nos está violando los derechos humanos para garantizarle la impunidad a un grupo de violentos que hoy gozan de libertad y de las garantías que les da nuestra democracia”, dijo la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, el lunes pasado en el acto de homenaje a las víctimas de atentados desalmados y hechos de sangre cometidos por organizaciones armadas en los años 70. Homenaje que, vale aclarar, se realizó con justo derecho y que muchos familiares necesitaban. No se justifica una manifestación contraria, como la que aconteció en la puerta de la Legislatura, todos tienen derecho a honrar y homenajear a sus muertos.
Pero, Villarruel, que intenta ser muy cuidadosa en sus palabras y no reivindicar la dictadura militar a pesar de que desconoce la figura de “terrorismo de estado” para calificar los delitos cometidos entre 1976 y 1983 por el Proceso de Reorganización Nacional, remarcó y reiteró la palabra “impunidad” en su discurso. Esta falta de apego a la verdad nos recuerda el discurso de Néstor Kirchner del el 24 de marzo de 2004, cuando habló en un acto en la ESMA y dijo: “Como presidente de la nación vengo a pedir perdón del Estado nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia tantas atrocidades”. Tanto Kirchner, y todo el kirchnerismo, que adhirió ciegamente a esa afirmación, como Villarruel, y todo aquel que se ve representado con aquellos sectores encolumnados en la defensa del accionar de las Fuerzas Armadas en ese tiempo, mienten y ocultan una parte reciente de la historia democrática argentina, que por distintas razones prefieren obviar.
Al hablar de “impunidad” y de “silencio”, están borrando el tramo más importante de nuestra historia en cuanto a “Derechos Humanos, Verdad y Justicia” como fue la actuación del gobierno de Raúl Alfonsín, que apenas asumió convocó al Congreso a sesiones extraordinarias para derogar la autoamnistía decretada por los propios militares, cuando el 23 de septiembre de 1983 el general Reynaldo Bignone promulgó la ley 22.294, denominada por los militares como “Ley de Pacificación Nacional” que, vale recordar, el Partido Justicialista de ese entonces se comprometió en la campaña electoral a sostener. Alfonsín lo logró y consiguió que esa ley se derogase por inconstitucional y se declarara “insanablemente nula la ley de facto N°22.924″. Luego puso en marcha la Conadep (Comisión Nacional de Desaparición de Personas) que el peronismo se negó a integrar, y que permitió recoger testimonios, denuncias y pruebas para llevar adelante en 1985 el histórico juicio a las Juntas Militares. No hubo silencio de parte del estado como dijo Néstor Kirchner 21 años después, las disculpas debió darlas por su silencio cómplice en todos esos años y en los 90, cuando, como fiel adherente al menemismo, acompañó los indultos arbitrarios. Pero, en paralelo, con la promulgación del decreto 157/83, se dispuso los juicios a las cúpulas guerrilleras. Así fue que el ministerio público puso en marcha los procedimientos judiciales a fin de cumplir con ese mandato para que los Jefes de ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) y Montoneros fueran juzgados y condenados: Mario E. Firmenich fue condenado a 30 años de prisión, Fernando Vaca Narvaja; Ricardo Obregón Cano; Rodolfo Galimberti; Roberto Perdía; Héctor Pardo, todos dirigentes de Montoneros; y Enrique Gorriarán Merlo, único sobreviviente de la conducción del ERP todos juzgados aunque sólo dos lo fueron presencialmente, Mario Firmenich y Ricardo Obregón Cano. El resto se mantuvo prófugo hasta los indultos de Carlos Menem de 1989 y 1990 que favorecieron a 220 jefes militares procesados o encarcelados, a 70 miembros de organizaciones guerrilleras que se encontraban presos o prófugos y también sumó a los responsables del levantamiento de Semana Santa de 1987 de Monte Caseros de 1988 y Villa Martelli de 1989, todos contra el gobierno de Alfonsín, y a los jefes militares condenados por la guerra de Malvinas.
Un dato para agregar, José López Rega, jefe de la Triple A, falleció en la cárcel, luego de ser extraditado, un mes antes de la asunción de Carlos Menem. Esto también es bueno recordar porque una parte de las víctimas de las organizaciones armadas y de parte del estado se dieron durante el gobierno de Juan Domingo Perón y de Isabel Perón. De hecho, Italo Luder fue firmante del Decreto 261/75 que procuraba el “aniquilamiento” de las fuerzas subversivas. Decreto utilizado por la defensa de los comandantes de las Juntas enjuiciados en 1985. Las desapariciones, torturas, detenciones arbitrarias y persecuciones políticas, de algún modo amparadas desde el estado, ya existían cuando llegó el golpe del 24 de marzo de 1976.
Alfonsín entregó prematuramente el mando a Carlos Menem con los máximos responsables de la etapa más oscura de nuestra historia enjuiciados y presos. Claramente no hubo silencio del estado con los crímenes que cometió la dictadura militar y tampoco hubo impunidad, como señala Villarruel, con los jefes y varios miembros de organizaciones terroristas. Lo que sí existió fue un perdón, arbitrario y nocivo, que no respetó a las víctimas y familiares de un lado y de otro que descompuso todos los relatos del presente. Los indultos fueron un manto de arbitrariedad inconmensurable dictados por Carlos Menem, curiosamente el presidente al que Javier Milei, compañero de fórmula de Victoria Villarruel, señala como “el mejor presidente de la democracia” y al que Néstor Kirchner calificó en 1995 como “el mejor presidente desde Perón”.
Raúl Alfonsín recibió presiones, algunas muy costosas que derivaron en la Ley de Obediencia Debida, por cómo juzgó y condenó a las Juntas Militares y oficiales con alta responsabilidad, como a Suárez Mason y Camps y, también, a los responsables de hechos de sangre como Firmenich; le construyeron a su alrededor la mal llamada “teoría de los dos demonios”, cuando en realidad, con una democracia en pañales, con Fuerzas Armadas que aún se mantenían expectantes y peligrosas al punto que amenazaron la continuidad democrática con levantamientos militares en la Escuela de Infantería en Semana Santa, en Monte Caseros y Villa Martelli, con las organizaciones guerrilleras prófugas y expectantes, tuvimos juicio y castigo, hasta donde se pudo llegar, pero por sobre todas las cosas también tuvimos “verdad”. Algunos dicen que se pudo hacer más, otros que fue demasiado, pero claramente, vale reafirmarlo, con los principales responsables no hubo ni el silencio que pregonan los kirchneristas ni la impunidad que señala Villarruel.
Luego, la nulidad de los indultos alcanzó solo a los militares que actuaron como fuerza opresiva desde el estado, la justicia consideró que solamente son imprescriptibles los delitos de lesa humanidad, es decir, los que fueron cometidos por miembros de un “Estado represor y no por las organizaciones guerrilleras”. De todos modos, existió una intencionalidad manifiesta de parte del kirchnerismo de que así sea, eso también generó disconformidad y reproches de los familiares de sus víctimas.
A todo eso, en este eterno deja vú que nos lleva a los años 70 una y otra vez con miradas sesgadas e intencionadas, sería extraordinario para la salud de la república que La Libertad Avanza, Unión por la Patria, Juntos por el Cambio y todas las fuerzas políticas actuales, en caso de llegar al gobierno, se detengan a mirar un poco el presente y se comprometan a hacer algo con las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la pandemia con el fin de controlar el tránsito social decretado por el presidente Alberto Fernández. Más de 200 casos de violaciones a los DDHH y civiles se cometieron en manos de fuerza de seguridad lo que hace responsable al estado, todos debidamente denunciados. Hay informes precisos de los diputados Fernando Iglesias, Karina Banfi y Rubén Manzi donde detallan crímenes (Luis Espinoza, Blas Correa, Magalí Morales, Facundo Castro, Franco Isorni, entre otros) persecuciones, arrestos violentos y arbitrarios, torturas, vejaciones. Nunca se violaron tanto los derechos humanos en democracia como durante este período de gobierno kirchnerista durante la pandemia, nada hizo el gobierno nacional y mucho menos se pronunciaron las Organizaciones de Derechos Humanos oficialistas que siempre actúan selectivamente. Solo actuaron Amnistía Internacional, Correpi y pocas más.
Ayudaría mucho que algunos dirigentes políticos dejen de llevarnos al pasado con intencionalidad política para favorecerse en el presente, cuando éste muestra que hay mucho trabajo por hacer, porque los delitos cometidos recientemente también tienen familiares que siguen esperando se haga justicia.
Publicado en La Nación el 7 de septiembre de 2023.
