sábado 18 de mayo de 2024
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Violación del derecho internacional

Dejo asentado que, a mi juicio, el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no tiene perdón. Continuando la tarea disociadora de Hugo Chávez, convirtió a un país rico y democrático en impotente y represivo.

Quedando esto en claro, haré una fuerte crítica a la intervención de Estados Unidos y otros países en la crisis venezolana. Tal intervención, en vez de resolver esa crisis, la agrava; y la que sufre es la población.

Según el derecho Internacional, ningún país debe injerir en los asuntos internos de otro. Es el Principio de No Intervención,

consagrado en el artículo 2 (7) de la Carta de las Naciones Unidas, según el cual “nada autorizará la intervención en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados” .

En la Cumbre Mundial de 2005 , Naciones Unidas limitó el principio de No Intervención sancionando otro: el de “responsabilidadcolectiva deproteger”, o derecho de “injerencia humanitaria”.

Este nuevo principio permite la intervención colectiva en asuntos internos de un estado (inclusive la acción militar), pero únicamente para proteger a la población, o a parte de ella, del genocidio, la limpieza étnica, los crímenes de guerra o los crímenes de lesa humanidad.

La idea de “intervención humanitaria” había sido de facto invocada varias veces, pero muchas en vano. Estados Unidos y la Unión Europea se abstuvieron de intervenir en Ruanda, donde un intento de limpieza étnica dejó 800.000 muertos.

Claro que el derecho internacional no va a impedir en muchos casos que las potencias hagan sentir arbitrariamente su poder. Pero en este continente, Latinoamérica tiene un alto grado de homogeneidad y los países democráticos tienen la posibilidad de prevenir tal arbitrariedad. Eso si se unen en la defensa del Principio de No Intervención, que no es lo que están haciendo ahora.

En otras partes es distinto. Algunas potencias ayudan a gobiernos aislados que violan sistemáticamente los derechos humanos. Es lo que ocurre en Filipinas. Su presidente, Rodrigo Duterte, ha dicho “Mi trabajo es matar a traficantes de drogas y rojos (comunistas)”. La policía filipina recibió la facultad irrestricta de matar, y ya lleva asesinadas a 27.000 personas. Sin embargo, el 30 de abril de 2020 el Departamento de Estado anunció en Washington que Estados Unidos había vendido a Filipinas armas por 2.000 millones de dólares. En el caso de Venezuela, se da un hecho inédito: en 2018, Nicolás Maduro fue reelecto, pero varias fuerzas políticas y organizaciones civiles venezolanas denunciaron que la elección había sido manipulada y falseada. Ocho meses después, Estados Unidos

1. Sentenció que las elecciones habían sido fraudulentas

2. Consideró que, por lo tanto, Maduro era un usurpador de la Jefatura de Estado.

3. Reconoció como “Presidente a cargo” al autoproclamado Juan Guaidó, que no había sido candidato y que no gobernaba (ni gobierna) ni un metro cuadrado de Venezuela. Otros 49 países sumaron su reconocimiento a Guaidó, que nombró “embajadores”, recorrió alfombras rojas y recibió honores militares.

Estados Unidos financia a éste supuesto Presidente:

·Le otorgó inicialmente 30 millones de dólares.

· Decidió que es Guaidó, no el gobierno de Maduro, quien tiene el control de los 450 millones de dólares que el Estado venezolano tiene depositados en la Reserva Federal y algunos bancos norteamericanos.

· Transfirió a Guaidó las cuentas bancarias del Estado venezolano en Estados Unidos, incluyendo la de la petrolera PDVSA.

· En un año impuso sanciones económicas a 76 empresas que tenían relaciones comerciales con el régimen de Maduro y a 55 buques petroleros que transportaban petróleo a o desde puertos venezolanos.

El ahogo financiero quita a Venezuela la posibilidad de importar todos los alimentos y medicamentos necesarios. Es esto –sumado a la lamentable política económica del chavismo—lo que ha creado el desabastecimiento y disparado la inflación. Todo, en

violación del principio

de No intervención, sin que existan las razones invocadas por Naciones Unidas para la injerencia humanitaria. Avalar las violaciones del derecho internacional es avalar violaciones futuras, de las que pueden ser víctimas países no autoritarios. ¿Qué hacer entonces con Maduro? ¿Cruzarnos de brazos y contemplar el crecimiento de su dictadura?

El Grupo Internacional de Contacto, integrado por países de Europa y parte de Latinoamérica tiene una estrategia: negociar con el gobierno, la oposición y las fuerzas vivas de Venezuela.

La idea sería demasiado ingenua, si se quisiera jugar al “todo o nada”, en vez de ir “poco a poco”. El régimen tiene necesidad de restablecer relaciones políticas y comerciales con el mundo. Cuenta con el apoyo de China y Rusia, pero eso no es suficiente El hecho nuevo es que la Unión Europea ha dejado de reconocer a Guaidó como “presidente a cargo” y el Alto Representante para la Política Exterior ha declarado que “La Unión Europea mantendrá su compromiso con todos los actores políticos y de la sociedad civil que luchan por devolver la democracia a Venezuela”.

Un indicio de la obligada flexibilidad del régimen es que, a instancias de Turquía –plenamente identificada con el gobierno venezolano— Henrique Capriles, ex candidato a Presidente, negoció recientemente con el gobierno y obtuvo la liberación o el fin de las investigaciones judiciales de 110 opositores. Entre ellos el diputado Juan Requesens, uno de los líderes de la oposición, que en 2018 fue secuestrado, torturado y luego desprovisto de inmunidad parlamentaria, por considerarlo uno de los autores de un atentado contra la vida de Maduro, realizado con drones explosivos. La negociación internacional no será fácil ni rápida. Pero es una carta legítima que hay que jugar.

Publicado en Clarín el 7 de febrero de 2020.

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