Si en Venezuela hubiera democracia, según su Constitución, en 2024 debería celebrarse elecciones presidenciales para que la población elija si decide otorgarle a Nicolás Maduro o algún sucesor otra gestión por los próximos seis años, es decir, hasta 2030.
Si en Venezuela hubiera democracia, María Corina Machado estaría ya confirmada como candidata de un conjunto de partidos políticos que se agrupan en algo que se denomina Plataforma Unitaria. No considero que se lo pueda catalogar como coalición, pues no coinciden ideológicamente, ni tienen proyectos en común, mucho menos un plan de gobierno ni políticas públicas. Los une, teóricamente, el objetivo común de derrotar al chavismo en las urnas.
Si en Venezuela hubiera democracia no solo sería necesaria una fecha para la elección y un cronograma electoral, también tendría que abrirse y actualizarse el registro electoral porque por alguna razón unos 7,7 millones de venezolanos viven fuera de su país. Son alrededor de 25% de la población. Un montón de gente, que por supuesto podría inclinar la balanza de forma fundamental en una votación.
Si en Venezuela hubiera democracia.
Si hubiera. Pero ¿por qué se repite el mismo enunciado una y otra vez? Porque a veces parece que presidentes de varios países, dirigentes políticos y miembros de organismos multilaterales creen que efectivamente la hay. Que este año realmente el chavismo va a anunciar que tal día están todos convocados a votar y decidir el destino del país, como ocurrió recientemente en la Argentina, en Ecuador, en Paraguay o como previamente sucedió en España, Francia, Colombia y Brasil, y como se da por sentado será en Estados Unidos, Uruguay y Chile.
Si en Venezuela no hay democracia, ¿qué hay? ¿Una dictadura? Veamos: hay 258 presos políticos, más de 9.000 personas tienen causas penales abiertas por motivos políticos, hay servicios de inteligencia civiles y militares que persiguen, encarcelan, torturan y asesinan personas. No solo eso: se cierran estaciones de radio, diarios y portales digitales, y está cocinándose una ley para hacer inviable el trabajo de las ONG.
Los partidos políticos, capítulo aparte, tienen a varios dirigentes inhabilitados. A María Corina Machado, que se presenta como promercado y a favor de achicar el Estado para dar paso a la empresa privada —con la Argentina no ha tenido problema en intercambiar saludos con Javier Milei— quedó firmemente fuera de juego por los próximos 15 años. Henrique Capriles, quien se describe más afín a Lula da Silva, y que perdió con Maduro en 2013 por un estrecho margen que nunca fue auditado, tampoco podrá candidatearse hasta 2032. A ellos se suman otros nombres que están en el exilio, con una celda a su espera si deciden regresar.
Ninguna de estas cuestiones es nueva. La Corte Penal Internacional investiga a Nicolás Maduro y su cúpula por haber cometido crímenes de lesa humanidad. De la Alta Comisión para los Derechos Humanos de la ONU surgió en su momento el Informe Bachellet, que documenta las torturas y las irregularidades judiciales que sistemáticamente sufren civiles y militares, hombres y mujeres que son presos políticos.
Y Maduro, en 2018, se postuló a una elección presidencial en la que inhabilitó a sus rivales, persiguió disidentes y reprimió a todo aquél que se quejase por vivir en la combinación de hiperinflación, pobreza, escasez y hambre.
¿En Venezuela hay una dictadura? Parece que sí, desde hace rato largo. Por eso siempre que algún dirigente, partido, organismo, presidente o autoridad se refiere al caso como si de verdad hubiera democracia y condiciones propias de una República, me parece que subestiman a la dictadura, si es que directamente no dan por sentado que Maduro no es un dictador sino, en el mejor de los casos, un tipo cuya gestión no ha brindado buenos resultados en la vida de la población pero que en efecto se sostiene por voluntad popular y no por la fuerza de su violencia.
Resulta complicado sorprenderse de que Maduro inhabilite a sus adversarios, o que no haya hecho si quiera una convocatoria a elecciones. La sorpresa tendría que darse si un día cumplen su palabra en alguna instancia de diálogo-negociación como las de México, Barbados o Noruega. O si la dictadura decide pacíficamente entregar el poder que mantiene en sus manos hace 25 años, en los cuales el país terminó más pobre, atrasado, sin derechos y secuestrado por la corrupción.
