Es imposible que no tenga consecuencias. Se dijo que eran un millón. Si fue así, podrían haber llenado 20 canchas de Boca, que tiene capacidad para 50.000 espectadores. Si fueron algo menos habrían llenado, de todos modos, varias Bomboneras. Estaban repartidos por todo el país, agolpados frente a los bancos. En muchos casos, debieron permanecer, juntos y durante largas horas, haciendo colas en la calle. Tenían, en su mayoría, mucho más de 65 años.
El viernes 3 –primer día para cobrar jubilaciones y beneficios sociales- la necesidad y la impaciencia los precipitaron a los bancos. No hubo sólo colas que parecían interminables. Hubo insólitas concentraciones. La prueba está en video.
Nadie puede creer que no haya habido contagios. De no ser así, no tendrían sentido la cuarentena y la “distancia social”. Habría que reanudar el fútbol y los festivales. No es así. El Director General de la Organización Mundial de la Salud ha advertido que “una persona de 60 años, inmersa en una multitud, corre el un gran riesgo de desarrollar una grave Covid19”, la enfermedad provocada por el coronavirus.
El Papa Francisco bendijo al mundo frente a la Plaza de San Pedro vacía. En España no puede haber más de tres personas en los velatorios y los entierros. En la Argentina, el presidente Fernández, que ha actuado hasta ahora con diligencia y eficacia frente a la epidemia, no puede ignorar que el caos del 3 de abril afectó, sin duda, a un gran número de personas. Sin perjuicio de sancionar a los responsables del caso, necesita ampliar las medidas que, antes de ese caos, se proyectaban para cuando la epidemia alcanzara el pico, a mediados de mayo.
La cuarentena se estableció el 19 de marzo, cuando había 9 infectados y 3 muertos. España la impuso apenas unos días antes, cuando ya tenía 7.750 contagiados y 288 muertos. Ahora mueren, en promedio, 30 españoles por hora. La cuarentena se programó inicialmente por once días (plazo luego prorrogado hasta el 12 abril y ahora hasta el 26) “con el fin de prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-19 y la consiguiente afectación a la salud pública”. Sus disposiciones: -“Las personas deberán permanecer en sus residencias habituales o en la residencia en que se encuentren a las 00:00 horas del día 20 de marzo de 2020”.
-“Deberán abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo y no podrán desplazarse por rutas, vías y espacios públicos”.
-“Solo podrán realizar desplazamientos mínimos e indispensables para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos”.
-“Queda prohibido desplazarse por rutas, vías y espacios públicos”, -“Se suspende la apertura de locales, centros comerciales, establecimientos mayoristas y minoristas, y cualquier otro lugar que requiera la presencia de personas”.
-“No podrán realizarse eventos culturales, recreativos, deportivos, religiosos, ni de ninguna otra índole que impliquen la concurrencia de personas.
Todo eso se violó en un solo día mediante una aglomeración inverosímil. El número de infectados puede dispararse.
Es cierto que no se podía dejar a los jubilados sin plata. Algún riesgo había que correr (como se lo corrió eximiendo de la cuarentena a quienes realizan tareas de necesidad pública).
En todo caso, la decisión de pagar no es criticable. Lo es, sí, la falta de programación y coordinación. El hecho debió ser proyectado, puesto en práctica y controlado de manera de reducir riesgos. No era imposible fraccionar, hacer que jubilados y beneficiarios de planes sociales cobraran por separado, fijar días y tramos horarios y dar instrucciones a los jubilados por los medios de comunicación.
Los errores ya no pueden revertirse, pero sí se puede utilizarlos como lección para preparar lo que seguramente se viene: el considerable aumento de infectados como consecuencia de la aglomeración del 3 de abril.
Es más fácil decirlo que hacerlo, pero hay que minimizar los riesgos. El Presidente dio un paso al prorrogar la cuarentena y no aceptar la flexibilización. El martes pasado, en una videoconferencia con lo gobernadores, debe haberlo impactado un pronóstico: “Si no somos estrictos, en una semana podemos tener 5.000 muertos”. El número pudo haber sido exagerado, pero los peligros no. El previsible aumento del problema requiere multiplicar lo hecho hasta ahora, y requiere enormes esfuerzos, Los recursos son insuficientes y la oferta de elementos para testeos respiradores es escasa.
Hay que construir hospitales de campaña, y queda poco tiempo. Hay que conseguir camas, y se necesita una compleja logística. Hay que convocar “proveedores de salud” (médicos retirados, paramédicos, estudiantes avanzados de medicina) y saber cuántos se necesitan, para dónde y para qué. Hay que lograr intercambios públicos-privados y hay cierta renuencia de clínicas y obras sociales.
Hay que atender requerimientos de la población y se necesitan más líneas telefónicas. Hay que ampliar ese servicio y se requiere crear un sistema de atención vía mensajes de texto y aun videollamadas.
El Gobierno tiene dos dilemas. Uno, hacer posible lo imposible o perder, en perjuicio de la salud pública, una batalla bien iniciada. El otro, contener la epidemia sin dañar demasiado la economía. Eso demanda ajustes selectivos, auxilio de las empresas más dinamizantes de la economía, efectivo alivio impositivo de las pequeñas y medianas empresa y una tan amplia como urgente asistencia de los trabajadores damnificados por el aislamiento y los vastos sectores vulnerables.
Todo eso demanda una gran expansión del déficit fiscal -con un impensado costo político para el gobierno- mediante ajustes selectivos y endeudamiento externo cuando los mercados internaciones estén exhaustos. Las crisis son siempre caras. A veces, exageradamente.
Publicado en Clarín el 13 de abril de 2020.
Link https://www.clarin.com/opinion/veinte-canchas-boca_0_agN2ld3PK.html
