Hasta el momento, la gestión del actual gobierno está centrada en arreglar la macroeconomía, un proceso doloroso pero obligado por el desastre heredado.
Con la nueva legislación y con el ingreso de Sturzenegger, se aspira a una reforma del Estado y a reducir la carga de regulaciones innecesarias que pesa sobre las empresas. Si el país sale de la depresión, el recorte del gasto público va a permitir la disminución de la carga tributaria sobre empresas y consumidores, otro paso para mejorar la competitividad. Si, además, se alcanza una razonable posición de reservas, se podrá liberar el mercado de cambios.
El alivio regulatorio, cambiario e impositivo, en la jerga del desarrollo económico se denomina “políticas pasivas de desarrollo”.
Al mismo tiempo, la ley ómnibus pone en marcha una “política activa de desarrollo”: se trata del RIGI (el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones). Los incentivos del RIGI para las empresas beneficiarias (VPU en la jerga legislativa) son importantes alivios impositivos, eliminación de restricciones al comercio exterior y del cepo para inversiones, exportaciones, ingreso de divisas y giro de dividendos.
Para entrar al régimen, las VPU deberán invertir más de 200 millones de dólares y pertenecer a algunos de los siguientes sectores: foresto industria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas.
Si bien, uno de los objetivos declarados del RIGI es aumentar los puestos de trabajo, ninguno de los sectores elegidos, con excepción del turismo, impacta significativamente en el empleo. Pero ese impacto resulta de una diversidad de pymes turísticas que difícilmente se puedan agrupar para llegar a invertir 200 millones de dólares en un proyecto.
Lamentablemente, no es cierta la afirmación del presidente Milei en su discurso del 9 de julio en Tucumán, donde afirmó que nuestro país tiene “un capital humano hiper talentoso y trabajador”; en cambio, si es cierto lo que dijo más adelante: “que la Argentina atraviesa una innegable crisis educativa desde hace mucho tiempo”.
Esa crisis educativa y la debilidad de políticas para ensamblar a las escuelas con las empresas, explica porque las pocas empresas formales argentinas (unas trece cada mil habitantes contra casi sesenta en Chile y cincuenta en Uruguay), no consiguen gente para emplear.
Adicionalmente, el RIGI expresa una obsesión por el largo plazo: inversiones caras y que tarden en repagarse. El sector agropecuario no califica para el RIGI pese a que, con inversiones en riego, la producción y las exportaciones pueden aumentar un 20%: más rápido y seguro que los sectores elegidos.
Tampoco califica para el RIGI la bioeconomía, ni la cadena de valor aguas arriba del agro (maquinaria agrícola, agroquímicos, etc.), ni aguas abajo (agregado de valor e industrialización que va desde alimento para el ganado hasta textiles y productos químicos que, como el biodiesel y la alconafta, sustituyen a los derivados del petróleo,). Esas cadenas de valor sí pueden generar empleo y ayudar al equilibrio demográfico del país.
Parecería que hay una incomprensión del particular federalismo argentino cuando, en su discurso, el Presidente dice: “nuestro federalismo es fraudulento, castiga a quienes son fiscalmente responsables y productivos; y solo sirve para que desde Buenos Aires los políticos extorsionen a las provincias a cambio de favores políticos”.
No es así, el Presidente ya lo aprendió en la negociación por la ley bases: es al revés desde hace añares: “las provincias más rezagadas extorsionan al gobierno nacional a cambio de gobernabilidad en el Congreso”. Y, más claro aún: el Estado y la mayoría de las provincias viven de unos pocos distritos pujantes y de alguno que otro que, como emirato árabe, se da el lujo de vivir de rentas.
Una política activa de desarrollo con impacto en el empleo es una política para la creación y el fortalecimiento de miles de empresas pymes, lo más innovadoras que sea posible y que puedan escalar en tamaño y en tecnología, tanto como lo permitan las vocaciones emprendedoras y los sistemas educativos y científico-tecnológicos.
Y la gran pregunta que debe responder la política en nivel nacional es: cómo crear incentivos para que a los gobernadores e intendentes les convenga más la mejora de la educación y el desarrollo económico y social que el clientelismo con empleo estatal.
Y la respuesta a esa pregunta no está en el RIGI sino en la gestión multinivel de las políticas de desarrollo, donde el nivel nacional genere los incentivos y los gobiernos locales ejecuten las acciones, estimulando la creación de “clusters” locales de gobiernos, empresas, científicos y educadores.
Esos “clusters” existen en un buen número de municipios gracias a la sociedad civil y al protagonismo de los empresarios locales. Componen sistemas competitivos en las pocas provincias que crecen. El “negocio” de gobernadores e intendentes del resto de las provincias es, y con el RIGI como única política de desarrollo, seguirá siendo, el empleo público.
Publicado en Clarín el 15 de julio de 2024.
