El federalismo irresuelto es un problema capital para Argentina, tal vez el mayor: la falta de una doctrina afecta todas las decisiones gubernamentales, desde institucionales hasta coyunturales. Basta ver las propuestas para ocupar lugares en la Corte Suprema de la Nación (dos varones porteños) hasta la centralización que se acaba de imponer en la decisión de qué obra pública continúa y cual no.
Desde hace años practicamos un federalismo imperfecto, degradado. Uno de vasallaje y sumisión al poder central, por parte de muchos que han consentido un sistema perverso, con incentivos desalineados: evitan responsabilidad, a cambio de un juego de intercambio de favores por votos y otras gracias.
La disrupción política desplegada por el gobierno de turno es una oporunidad. Un poder central que (se) achica y reduce su radio de acción, implica que las provincias tienen que empezar a definir cómo se gestionan con sus recursos. Uno de los efectos benéficos secundarios de ordenar las cuentas es que el laizzez faire que la guía, propicia la necesidad de un nuevo federalismo, obligando a las provincias a definir su destino un poco más allá de una visita al ministerio de economía o el interior.
Y aquí una ventaja para las que cuentan con recursos naturales, especialmente aquellas mineras, que tienen activos como litio y cobre, demanda central para el proceso de transición energética que está ocurriendo en el mundo, sean autos eléctricos, sea la red de distribución para las energías limpias. A lo que se suma el esquema preferencial para las inversiones del RIGI, lo que cierra todo un esquema favorable: los recursos están, y la vía para la inversión también.
Falta definir lo más difícil: a dónde va esa inversión y qué hacer con la renta extraordinaria que genere. Esto da lugar a un ámbito de competencia inédito y muy saludable. Las que mejores condiciones de inversión ofrezcan desde la plataforma del RIGI, serán las que más las atraigan y mayor desarrollo generen. También cuenta el destino de esos dineros extraordinarios y cómo se administren: pueden impulsar aún más el circuito benéfico o lo contrario, todo lo contrario.
El escenario empezó a definirse con las leyes provinciales que se han ido aprobando para adherir al RIGI. Algunas provincias estarían optando por el camino de mejores condiciones adicionales a las ofrecida por la ley nacional (Mendoza, Jujuy, Río Negro; Catamarca, San Juan y San Luis); en otros casos, como Salta, no está tan claro: junto a la adhesión del RIGI, se estaría por aprobar la posibilidad de aumentar las regalías que paga la minería del 3 % al 5%.
Y acá empiezan las dudas en una provincia que hasta acá hizo todo bien para la inversión minera, en una actividad de alto riesgo y largo retorno, para la que la previsibilidad jurídica es definitoria. Tal vez se esté considerando un fondo soberano provincial, con un plan de inversión en infraestructura minera implementado por un equipo de profesionales en los años por venir. Eso sería un enorme salto de calidad y una ventaja comparativa inusual respecto de otras provincias. Un mensaje sólido a la inversión, que cerraría un círculo virtuoso que desde hace tiempo se viene ensayando.
El federalismo no solo es un mandato de nuestra Constitución. Es mucho más que una cuenta pendiente. Es una condición de posibilidad para una Argentina integrada, próspera y con un futuro distinto.
