lunes 15 de abril de 2024
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Una conversación pendiente: las universidades pueden ser motor de una agenda de desarrollo

El nuevo gobierno de Javier Milei es para Argentina y el mundo un capítulo incierto que aún no está escrito. Milei asume en el contexto de una crisis económica y malestar político sin precedentes, derivados del fracaso de las políticas estatistas-populistas del gobierno anterior de Alberto Fernández (2019-2023) y las limitaciones del gobierno de Mauricio Macri (2016-2019) que intentó, sin éxito, rectificar los problemas económicos del país después de más de una década de gobierno kirchnerista.

¿Cuáles son las implicaciones para el sistema universitario argentino?

El ascenso de Milei y el panorama político

La victoria de Milei es un símbolo de las notablemente bajas expectativas del electorado argentino de que los candidatos políticos tradicionales puedan rectificar los problemas económicos del país. Allí Milei encontró su lugar, como un outsider, prometiendo resolver sin anestesia la economía argentina, reduciendo al Estado a su mínima expresión, combatiendo todos los negocios de la llamada “casta política”, con medidas libertarias extremas. Esto se comunica con una retórica provocativa y políticamente incorrecta a través de canales novedosos como las redes sociales.

Su objetivo -tanto en campaña electoral como una vez asumido el gobierno- es achicar el déficit del Estado en un monto equivalente a 15 puntos del PBI. Si bien Milei llega al poder con más de 55% de adhesión en segunda vuelta, carece de apoyo legislativo y manejo territorial, esto es, sin gobernadores ni intendentes de su sector político, en un país federal. En estas condiciones, durante las vacaciones de enero, Milei dominó la agenda parlamentaria utilizando un “decreto de necesidad y urgencia” actualmente vigente y en discusión legislativa, junto con una “ley ómnibus” que comprende más de 600 artículos destinados a reformar diversas áreas y procesos del gobierno nacional.

En un primer round, la ley ómnibus tuvo que ser retirada por falta de apoyo en la Cámara de Diputados, pero va a volver a ser presentada próximamente, en un nuevo contexto de desfinanciamiento a las provincias y como condición para la negociación por recursos.

En este escenario, las políticas universitarias del actual gobierno han pasado a un segundo plano, eclipsadas por la urgencia de analizar los efectos de las políticas de reducción del déficit, con inflación prevaleciente, que impacta particularmente en las poblaciones más vulnerables. Sin embargo, es crucial centrarse en el papel estratégico que las universidades podrían desempeñar en sacar a Argentina de su actual estancamiento.

 

Inicia 2024 sin presupuesto nacional

La ausencia de un presupuesto nacional para 2024, consecuencia del acuerdo entre los gobiernos saliente y entrante, plantea desafíos para el funcionamiento de universidades y la administración pública nacional en general. El país depende de un Presupuesto “prorrogado” de 2023 aprobado a finales de 2022, con una inflación superior al 250% desde entonces. A simple vista, no es difícil observar que las universidades apenas podrán mantener su funcionamiento hasta mayo de este año, en el mejor de los casos.

Si bien los salarios del personal se están discutiendo en paritarias, el aumento que hasta ahora se está proponiendo está muy retrasado respecto de esos niveles de inflación. Además, los gastos para funcionar -luz, gas, limpieza, internet, etc.- se reciben a valores 2022 y comienzan a actualizarse a cuenta gotas y de manera insuficiente.

A simple vista, está claro que este aspecto deberá rediscutirse a mitad de año, si se entiende que es primordial que las universidades mantengan las puertas abiertas y cumplan, básicamente, con sus funciones. Este ajuste debe leerse en el marco de la cruzada general de achicamiento de los gastos estatales superfluos, de la búsqueda de la eficiencia del gasto y del ordenamiento de las cuentas. Algo que las universidades, ciertamente, están obligadas a hacer siempre, más allá de momentos de crisis o bonanza. Si bien las casas de estudio están organizando el ciclo académico bajo estas limitaciones, asegurando el cumplimiento de los principios constitucionales de calidad y equidad, la pregunta central es cómo el sistema universitario y el gobierno negociarán acuerdos presupuestarios a lo largo de 2024 una vez que se acaben los fondos disponibles.

 

Suspensión de nuevas iniciativas universitarias

La decisión del gobierno de posponer el lanzamiento de cinco nuevas universidades, creadas por la administración anterior, es otra señal de su política hacia las universidades. Desde hace más de una década el sistema universitario argentino se viene ampliando mediante la creación de nuevas instituciones. Sin embargo, esta expansión no siempre ha estado sustentada en una estrategia de desarrollo regional. A veces los intereses políticos o locales han influido.

Las últimas cinco universidades creadas abarcan una gama diversa de objetivos y cada proyecto podría analizarse particularmente en términos de su potencial. Sin embargo, dadas las actuales restricciones fiscales, cuando no están asegurados ni siquiera los fondos para que las universidades existentes puedan funcionar, el gobierno ha decidido someter estos nuevos proyectos universitarios a escrutinio.

Cuando la situación actual se vuelva más estable, será vital que todo el sistema universitario nacional discuta los mejores criterios para su expansión, ya sea a través de nuevas instituciones en zonas estratégicas, mediante carreras específicas en instituciones existentes, o mediante sistemas de créditos académicos que permitan aprovechas los recursos disponibles y potenciarlos.

 

Desafíos para la actividad científica

El sistema universitario argentino desde sus orígenes ha colocado el foco principalmente en la formación de profesionales, a la luz del modelo francés. En la segunda mitad del siglo XX, hubo un creciente interés en desarrollar la investigación. Esto resultó en la obtención de cinco premios Nobel, tres de ellos en ciencias. Sin embargo, después de la dictadura militar que restringió el acceso a las universidades públicas, y especialmente desde la apertura democrática iniciada en 1983 que se embarcó en la apertura de la universidad a la sociedad, el cuerpo académico para atender la masificación del sistema ha sido predominantemente de tiempo parcial, dada la escasez de recursos.

Esto explica que, si bien la investigación se desarrolla en las instituciones universitarias -especialmente las públicas- en el último tiempo la cantidad de profesores full time continuó descendiendo, mientras que se incrementaron los puestos en ámbitos estatales de investigación externos, como el CONICET. Asimismo, el escaso financiamiento de la investigación estuvo en manos de la Agencia Nacional de Promoción de la Ciencia y la Técnica (ANPCyT), que viene otorgando desde los años 90 subsidios a proyectos de investigación de manera muy selectiva y competitiva.

Durante su campaña electoral, Milei criticó a los investigadores y a los organismos argentinos de Ciencia y Tecnología (CyT), resaltando su alto nivel de politización. Prometió revisar, cuando no cerrar, aquellos espacios científicos nacionales sin claros criterios de desarrollo y de resultados. La función nacional de CyT hoy enfrenta el ajuste y la ausencia de política nacional. Desde el discurso oficial, se plantea que debe ser el sector privado el principal sostenedor de la ciencia, en función de sus necesidades. En ese marco, a la fecha se redujeron la cantidad de becas doctorales otorgadas por el CONICET, y aún no arrancó el funcionamiento de la ANPCyT.

Si bien hay mucho que podría mejorarse en el funcionamiento de las instituciones de ciencia y tecnología en Argentina, es vital que la ciencia tenga una responsabilidad pública como parte de un plan nacional de desarrollo y no quede a merced de las necesidades del mercado.

 

Una agenda legislativa en discusión para la universidad

El proyecto de “ley ómnibus” incluía referencias a las universidades que fueron discutidas y acordadas entre diferentes sectores hasta que el proyecto fracasó. La mirada del gobierno, apelando a un “sentido común” desvinculado de la realidad cotidiana de las instituciones, sugiere que la universidad argentina, a pesar de su larga tradición, no está cumpliendo su función y no está haciendo el mejor uso de sus recursos. En este marco, la Ley Ómnibus establece algunas cláusulas para el sector:

Aranceles para estudiantes extranjeros: Un primer aspecto apuntó a los estudiantes extranjeros. Una cláusula de la norma establece que las universidades podrán cobrar a estudiantes sin permiso de residencia en Argentina.  Hoy la universidad argentina es gratuita para todos los habitantes del país. En el medio de la crisis económica, la idea de arancelar las formación de los estudiantes extranjeros tiene mucha recepción en la gente, sobre todo cuando aparecen casos de no reciprocidad de nuestros estudiantes en los países vecinos. El problema se hace más evidente en algunas universidades que ofrecen carreras de medicina.

Sin embargo, esta medida no tiene un fuerte correlato con la evidencia. Obtener el permiso de residencia en el país es sencillo y no lleva más de dos años. Además, los estudiantes brasileños, que constituyen la mayoría de los estudiantes internacionales de Argentina, pueden obtener automáticamente la residencia gracias a un acuerdo existente entre los dos países. Por tanto, la cláusula se aplicaría a una minoría de estudiantes. En resumen, se trata de una medida popular pero de bajo impacto, que no ha sido lo suficientemente debatida, con argumentos que enfaticen los beneficios multiculturales y/o económicos para la sociedad argentina de recibir estudiantes internacionales.

Requisitos de admisión a la universidad: Otro tema de la ley se relaciona con el acceso a la universidad. Actualmente la universidad pública es de acceso abierto, y muchas instituciones han instalado cursos de nivelación previos como condición de ingreso al primer año. La nueva norma establecería que todas las instituciones universitarias públicas introduzcan la opción a los estudiantes para no cursar dicho ciclo introductorio, y acceder directamente con la aprobación de examen de admisión. Este es un tema controvertido para la autonomía universitaria, que deberá analizarse a fondo en el debate a la hora de su tratamiento.

Criterios transparentes de asignación de recursos: Finalmente, otro aspecto destacado de la ley es la necesidad de establecer criterios claros y transparentes para la distribución de recursos públicos a las universidades estatales. Un tema de gran discusión que se cruza tanto con aspectos políticos como con la cuestión conceptual sobre qué criterios serían los que garantizan esas condiciones. Hay una desconfianza considerable por parte del gobierno y de las instituciones. El gobierno asume que las universidades públicas despilfarran recursos en lo que el país no necesita, mientras que el sistema universitario asume que el actual gobierno pretende asfixiar el sistema universitario basándose en ideas sesgadas sobre lo que debería ser una universidad hoy. Esta “no” conversación merece ser superada si queremos que el país salga adelante.

Universidades para el desarrollo nacional

Hoy se necesita acordar una agenda de desarrollo para el país. La urgencia por mejorar las variables económicas no lo está posibilitando. Esa agenda más amplia de mediano plazo naturalmente deberá tener a las universidades como protagonistas, si es que Argentina quiere dar un paso más allá de ser un país de economía primaria, dando lugar al conocimiento como base de crecimiento. Cada universidad, a su manera, puede contribuir a un patrón diverso y rico de desarrollo regional. Esto se extiende más allá de las cuestiones inmediatas planteadas por el gobierno.

Necesitamos un sistema de educación superior con programas que proporcionen a los futuros profesionales las calificaciones que se necesitan para el desarrollo socioeconómico del país, basado en la investigación en todos los dominios del conocimiento y objetivos nacionales significativos. Con suerte, esa conversación tan necesaria entre el gobierno y las universidades pueda iniciarse, dejando de lado desconfianzas y valorando hacia adelante todo el potencial que cada institución tiene para comprometerse en ese camino.

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