El retroceso relativo de la Argentina, incluso respecto a nuestros vecinos de la región, está fuera de discusión. En efecto, en el Índice de Desarrollo Humano confeccionado por la ONU nuestro país se sitúa en el puesto 48 sobre 193 naciones, habiendo descendido 14 posiciones entre los años 2005 y 2022.
Esa notoria regresión es la consecuencia de una “policrisis” de naturaleza económica, política, de conductas sociales y de actitudes individuales que tiene evidentes consecuencias en el plano fiscal.
La actual Administración subestima la complejidad del problema y asume que la dimensión fiscal explica por sí sola la crisis multidimensional que agobia a los argentinos y, además, ha decidido afrontarla con desinhibido desapego a los principios del estado de derecho.
La extrema debilidad institucional en el plano de las finanzas públicas se ilustra con la inédita situación de un Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos que, por primera vez en los 40 años de instaurada la democracia, no es resultado de una sanción legislativa del Congreso, sino que es la consecuencia de un Decreto prorrogado por dos periodos consecutivos.
En adición a esa inmensa discrecionalidad en la asignación de los recursos públicos , corresponde sumar la irregular situación por la que atraviesa la Auditoría General de la Nación, el máximo organismo a cargo del control presupuestario de acuerdo a la Constitución Nacional.
Así, con ese diagnóstico monocausal que desconoce la complejidad de la crisis, la Administración se propuso la imprescindible normalización de las cuentas públicas y consiguió un modesto superávit merced a una muy fuerte y decidida contracción en los gastos, antes que en la mejora en los ingresos que se mantuvieron estables.
La reducción, generalizada en casi todos los programas presupuestarios fue superior al 20% en términos reales en la masa salarial y los gastos de consumo del sector público nacional.
En cuanto a las transferencias a los gobiernos provinciales y la Ciudad de Buenos Aires, que tienen la competencia primaria en los servicios de salud y educación, sufrieron una disminución masiva y generalizada del 68% en términos reales.
La obra pública se vio afectada con la caída interanual real del 77% en los gastos de capital del sector público nacional.
Las prestaciones sociales también se redujeron y los haberes previsionales tuvieron una merma del 16% real en su poder adquisitivo.
Es pertinente preguntarse si ese ahorro público, no visto desde 2008, es sostenible en el tiempo. En esencia, el interrogante se justifica porque la reducción del gasto no es la consecuencia de ninguna reforma estructural en el funcionamiento del sector público sino una mera reducción de las partidas que, por otra parte, no son resultado de la voluntad del Congreso sino de una provisoria y frágil decisión administrativa.
Las dudas sobre la sostenibilidad del gasto (tanto en términos de la solidez jurídica de las normas que permitieron la reducción; como del nivel y su potencial impacto macroeconómico; y su estructura, desde la perspectiva de la aceptación social) tiene en la política de la seguridad social, en particular lo referido a los haberes previsionales, una relevancia superlativa sobre la cual el silencio oficial es estruendoso.
Del mismo modo, son legítimas las preguntas acerca del papel de las políticas públicas para atender la formación de nuestros recursos humanos, de cara a los desafíos del cambio tecnológico, o las iniciativas para modernizar y ampliar la infraestructura en nuestro país.
Ese marcado reduccionismo analítico del oficialismo lleva a que la política pública ignore el carácter sistémico del problema del estancamiento económico, clave estructural del problema argentino, que puede ilustrarse con solo dos datos: el ingreso por habitante es inferior al de quince años atrás y el número de empleos registrados en el sector privado es igual al del año 2011.
Más preocupante, el catecismo oficial propone que, a la explosión del gasto público en la década desperdiciada de la “necrofilia ideológica” se le debe contraponer la fanática acción de “los topos que aman destruir el estado desde adentro”.
Por el contrario, la superación del estancamiento económico requiere del diagnóstico preciso de una realidad compleja -lejos de dogmáticas superficialidades- y un programa global, integral y consistente que atienda los objetivos de integración a un mundo convulso en pos de la competitividad económica y la cohesión social.
Las condiciones de éxito de esa alternativa están cifradas en que la reconfiguración de las relaciones entre el Estado, la sociedad y el mercado se correspondan con el máximo respeto al estado de derecho consagrado en la Constitución Nacional y sean el resultado de acuerdos sustantivos en sede legislativa que garanticen la equidad en el esfuerzo colectivo.
De otro modo, si se consolida la fantasía de creerse la vanguardia de una supuesta revolución cultural a escala global; si se insiste en lesionar la independencia de los poderes, el control y la rendición de cuentas y se identifica como enemigo a quien piensa distinto solo está asegurada una nueva frustración.
El imposible sueño ultra minoritario de una “autocracia de mercado” no justifica desperdiciar el mayúsculo esfuerzo social y el sacrificio individual de millones de ciudadanos.
Publicado en Clarín el 8 de abril de 2025.
Link https://www.clarin.com/opinion/sueno-imposible_0_k1pucCMuQy.html
