El poder ejecutivo amenaza nuevamente con enviar un proyecto de ley al congreso para la creación de un régimen penal juvenil. Un régimen que sustituya el vigente, producto de la dictadura de Videla. Aunque difícil de empeorar, pareciera que el gobierno lo está logrando. Un proyecto que, no podía ser de otra manera, refleja fielmente una concepción de la política de la que esta imbuido también el ejecutivo: la política como como una forma de espectáculo.
Un espectáculo electoral permanente. Todos parecen estar en campaña todo el tiempo.
También en este contexto es probable que el gobierno piense, que cualquier cosa es mejor que el vacío que nos legó la “casta”.
Si consideramos las primeras y esporádicas reacciones, el proyecto ha sido recibido con excitación y beneplácito. Sin embargo, nadie parece tener el tiempo o la voluntad de perder un minuto en analizarlo con alguna calma.
En síntesis, el corazón de la propuesta consiste en la baja de la edad de la imputabilidad a los 13 años, es decir, tratarlos como adultos a partir de esa edad y en aplicarles penas de 20 años de cárcel.
Estas dos simples recetas deberían ser suficientes para devolverle a la sociedad niveles de seguridad que, por otra parte, constituyen una aspiración legitima de cualquier sociedad democrática.
Preguntarse con algún nivel de serenidad y reflexividad si este es el instrumento adecuado no parece esta por el momento en el programa de nadie. Mas importante y como centro del espectáculo resulta cambiarle a la gente la sensación de seguridad por votos. Al final siempre es tarde cuando la espuma baja y de la exaltación se pasa a la depresión y los inescrupulosos se quedan con los votos y la gente con una sensación de seguridad que rápidamente se escapa como arena entre los dedos.
Lo importante es no perder el tiempo con minucias, como por ejemplo la que diferencia a la imputabilidad (que no implica otra cosa que tratar a los menores de edad como adultos con penas de adultos) de la responsabilidad penal que impera en el resto de los países de América Latina. O acaso alguien ha hecho notar que el monto máximo de la privación de libertad para los menores de 18 años es de 3 años en Brasil y 10 en el Uruguay. En ambos países los menores son responsables penalmente, mas no imputables como adultos.
Pero el espectáculo va a necesitar aquí mucho fuego artificial ya que las penas de 20 años son menores de las que hoy se aplican utilizando el decreto de la dictadura (22.278 de 1980). Para “compensar” el art 25, verdadero corazón del proyecto, establece, tanto la más absoluta discrecionalidad en el uso de la privación de libertad, cuanto su aplicación sin límite inferior. Desde la concepción habrán pensado algunos de sus ideólogos.
