La última semana, la agenda oficial estuvo dominada como nunca por la confusión. El Ejecutivo salió del aislamiento en el que había caído frente al Congreso a medida que avanzaba el mes de agosto y reabrió las negociaciones con las bancadas de oposición moderada. Incluso, Milei se reunió con algunos de los referentes de esos bloques, algo a lo que se había negado a hacer durante los primeros nueve meses de su gestión.
Se anunció, además, que el Ejecutivo haría un esfuerzo por coordinar mejor sus vínculos con el Parlamento. Pero nada de eso alcanzó para cambiar una relación de fuerzas desfavorable, que se expresó, ante todo, en que la agenda legislativa siguió siendo en los días posteriores la de la oposición más dura, que se coordina ya desde hace tiempo de forma mucho más eficaz y sin tanto anuncio grandilocuente: presupuesto universitario, rechazo al DNU de los fondos para la SIDE y, finalmente, insistencia en la movilidad jubilatoria.
Lo que el oficialismo ofreció, por ahora, para compensar esa batería (que Cristina Kirchner seguramente en otro momento llamaría “destituyente”), es bien pobre: boleta única de papel y Presupuesto 2025.
Esta situación revela varios problemas que el oficialismo no logra entender y resolver. Primero, que si ellos no le dan trabajo al Parlamento, otros lo harán en su contra: la política detesta el vacío.
Si la agenda del Ejecutivo, luego de hacer aprobar la Ley Bases, fue ignorar al Congreso y dejarlo estar hasta nuevo aviso, era natural que allí prosperaran las iniciativas de las demás fuerzas, que tienen mucho más peso en las cámaras y que para algo iban a usar ese poder, fuera para el bien o para el mal. Y lo más tentador para ellas casi siempre es hacerlo para el lado del mal.
La materia en que primero se reveló este problema fue la previsional, y estaba cantado que así sucedería: dado que el Ejecutivo creyó que había resuelto la cuestión con su decreto de ajuste de las prestaciones, se dejó estar y no presentó proyecto alguno en la materia para que las cámaras los trataran; el vacío lo ocupó el pacto entre radicales progres y kirchneristas, a la que se plegaron luego una buena porción de los legisladores moderados, simplemente porque la alternativa era la nada misma.
Lo que reveló un segundo problema, aún más grave: si el Presidente mismo para imponer a Ariel Lijo en la Corte se mostró dispuesto en las últimas semanas a romper la barrea sanitaria que aisló relativamente a los kirchneristas en los primeros meses de su administración -e imponer un costo alto público y de confianza a cualquier otra fuerza que se dejara tentar por la posibilidad de votar con ellos-, no iba a tener derecho después a asombrarse ni indignarse porque los demás tomaran nota y también sortearan despreocupadamente esa línea roja.
Con lo cual la dinámica que en un comienzo pareció imperar en el Parlamente se desordenó por completo: hasta entonces era el oficialismo el que manejaba la agenda legislativa, pese a tener bloques muy minoritarios, porque con suerte los demás podían frenar o acotar los proyectos del Ejecutivo, pero no tenían la capacidad, la iniciativa, ni la coordinación necesaria para empujar otros. En cambio, desde que entró Lijo en escena, casi cualquiera puede lograr que un proyecto suyo prospere, si está dispuesto a votar con Cristina Kirchner y su gente.
Tal es el costo enorme que el Presidente en particular, y más en general el oficialismo, están pagando por una iniciativa para moldear la Corte que viene despertando disidencias y desánimo hasta en las propias filas de los libertarios, que el propio Ejecutivo no logra justificar razonablemente y que el 80% de la opinión pública rechaza con fuerza. La única que lo festeja, obviamente, es Cristina.
Lo que nos lleva al tercer problema que está complicándole la vida al oficialismo en sus tratos con el Congreso. Hasta hace poco, podía pensarse que a medida que el programa económico se consolidara, naturalmente el polo oficial iba a ir consolidándose también en el terreno político, porque sus problemas y debilidades en la materia obedecían a su muy reciente conformación y a que le faltaba mostrar capacidad de gobierno, pero el rumbo estaba claro.
Y en los aspectos en que no lo estuviera del todo, con tiempo y algo de combustible proveniente de la recuperación del nivel de actividad, iba a alcanzar para aclararlo. Así, por ejemplo, cuando entró en escena Federico Sturzenegger y puso a trabajar a su Ministerio de Desregulación, pudo pensarse que la gestión estaba mostrando, algo tardíamente, pero mostrando al fin, cómo podía funcionar este círculo virtuoso entre programa antinflacionario, agenda de reformas y consolidación política.
Sin embargo, lo que sucedió a continuación fue más bien lo contrario: las internas en el Ejecutivo y en las bancadas oficialistas se agravaron, el vértice gubernamental optó por resolverlas manu militari. Lo hizo a través de expulsiones y exclusiones (Arrieta, Paoltroni, Villarruel, y la lista parece que va a seguir poblándose), en conflictos cruzados sobre temas militares, de inteligencia, judiciales, electorales y de conducción política que, justamente por entrecruzarse unos con otros y dividir de modo inconsistente a la tropa oficial, no es nada fácil resolver. A lo que encima se sumó que el entorno presidencial no dio muestras de estar poniendo mayor empeño en intentarlo.
Si el paso del tiempo no favorece la organización y cohesión de las fuerzas del cambio, sino que sucede lo contrario, porque el propio Presidente se ocupa de desorganizarlas y dividirlas, como está haciendo con Lijo, con su peculiar método para imponer disciplina y convertir a los libertarios en “manada”. Y también con los vacíos que crea en el Parlamento por no definir una agenda legislativa, no tiene mayor sentido que se enoje cuando los opositores moderados buscan su propio rumbo, insatisfechos o desorientados con lo que les ofrecen desde el Gobierno.
Publicado en www.tn.com.ar el 10 de septiembre de 2024.
