La velocidad y profundidad de los ajustes fiscal, monetario y externo en marcha impactan de manera notable sobre la actividad económica y las perspectivas laborales. El shock macroeconómico, de características inéditas, golpea el mercado de trabajo en forma secuencial.
Primero se recortan las horas extras y los turnos, luego se adelantan vacaciones, se pasa a las suspensiones hasta que finalmente llegan los despidos. Los rezagados datos oficiales aún no muestran -excepto en la construcción- que la pérdida de puestos de trabajo sea significativa en términos globales.
En la gran mayoría de los casos, las empresas formales, de todo tamaño, privilegian sostener todo lo posible su capital humano, la formación acumulada en años, y sólo ven la salida del trabajador como solución extrema. El costo de reposición es elevado.
En la otra cara del mercado dual, la mayor informalidad ayuda a expulsar más fácilmente a los trabajadores menos calificados, típicamente en productos y servicios de consumo interno.
En Analytica analizamos, a modo de referencia histórica, el comportamiento del mercado de trabajo en otras recesiones, considerando cuánto se perdió de empleo por cada punto de caída del PIB. Un dato relevante para esta historia es que, como punto de partida, Javier Milei arranca con una herencia confortable que dejó Alberto Fernández en materia de desempleo: 5,7% en el cuarto trimestre de 2023.
Empleos de mala calidad en muchos casos, pero lo cierto es que las familias vieron agudizar en estos meses más su problema de ingresos que de trabajo, a diferencia de otras crisis, como la del fin de la convertibilidad. Existen ciertas (débiles) defensas contra la inflación, más no contra la falta de empleo.
El peor escenario para el año sería una reedición de los efectos de la crisis del tequila (1994-95) sobre el desempleo, con un aumento de 3 puntos hasta alcanzar el 9% (equivalente a unos 726.000 nuevos desocupados, concentrados básicamente en la industria y el comercio). Por entonces toda la caída del PIB (alrededor de 3%) se dio con tipo de cambio fijo, lo que impedía devaluar para amortiguar el golpe del shock externo sobre la actividad. Todo el ajuste se daba sobre las cantidades (el empleo), no sobre los precios (los salarios).
Ahora, existe flexibilidad cambiaria para moderar estos impactos. La única experiencia reciente en tal sentido fue la crisis de 2018-19, donde se perdieron 316.000 empleos, un tercio en la industria.
Un dato relevante es que en los últimos años hay más miembros del hogar que tienen o buscan un empleo, dada la progresiva erosión del poder adquisitivo de los ingresos. Esta característica, como es obvio, se da más entre los informales, con salarios medios más bajos. Con esta situación, es probable que en esta crisis el mercado de trabajo responda en forma diferente respecto de otros períodos recesivos. Así, el mayor desempleo estará explicado casi por completo por la reducción de puestos de trabajo y no por el incremento de las personas dispuestas a trabajar.
¿Qué relevancia tiene la reforma laboral en discusión sobre esta dinámica? En general, no son políticas que alienten per sé la creación de empleo, aunque sí ayudan a normalizar y estabilizar las contrataciones en ciertas actividades. La demanda laboral depende de muchas razones, varias regulatorias, pero fundamentalmente vinculadas a las perspectivas de la actividad económica.
Las propuestas en debate (la extensión del período de prueba, un fondo de cese en reemplazo de las indemnizaciones, la eliminación de multas por trabajo informal, la figura del “colaborador”, etc.) resolverán aspectos puntuales y necesarios, pero no el progresivo y previsible deterioro de las condiciones laborales.
Publicado en Clarín el 8 de junio de 2024.
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