Existe un empecinamiento oficial en continuar con una política de subsidios ineficientes y generalizados, que se concentran en el valor de la energía (eléctrica o gas natural) que se paga en todo el país.
Una política que repite lineamientos del periodo 2003-2015 y cuyos resultados son conocidos y alimentan un crónico déficit fiscal.
Para poner en orden de magnitud esta dinámica, durante el primer semestre de este año $12 de cada $100 que gastó la administración publica nacional (que incluye el gasto COVID) se aplicó al pago de subsidios económicos cuyo volumen supera el déficit fiscal primario. Dicho de otra manera: sin subsidios, Argentina tendría superávit fiscal primario, que es aquel que no considera los intereses de la deuda publica.
La situación descripta representa una gran inequidad que afecta no solo los ingresos familiares y sino la competitividad de las economías regionales en detrimento del interior.
Una situación, que es producto de la ausencia de coordinación de la regulación eléctrica a nivel nacional y de un fondo compensador que ponga en pie de igualdad a todos los usuarios del país.
Pero los problemas del sector eléctrico se complejizan si miramos hacia la empresa Cammesa cuya función original es la de organizar el despacho eléctrico nacional.
Sin embargo, hoy es el principal destino de los subsidios energéticos (70%), compra gas y combustibles para generación y cumple funciones normativas casi equiparables a la de la secretaria de Energía.
Cammesa enfrenta un problema sin solución: no logra cobrar en tiempo y forma la energía que vende a las distribuidoras eléctricas.
El problema podría sintetizarse: Sin aumentos o atraso tarifario y con costos que crecen con la inflación, las distribuidoras de todo el país se financian con el pago que los usuarios realizamos por la energía consumida.
De esta forma, se acumulan deudas en Cammesa que a la fecha superan los $ 200.000 millones, y que representa un pasivo contingente de baja probabilidad de cobro y que esta a punto de engrosar la cuenta de subsidios del Estado.
Es evidente que la regulación eléctrica con origen a principios de los 90 requiere actualización. Revisar el rol de Cammesa, coordinar las políticas tarifas y regulatorias a nivel Nación e implementar un mecanismo que permita sanear económica y financieramente al sector son temas de agenda ineludibles y que la política publica deberá dar respuesta.
El acceso a la energía y a un servicio eléctrico confiable está en el centro de nuestro estilo de vida en sociedad, pero la estructura económica de ese servicio acumula enormes distorsiones que por un lado generan inequidades y por otros problemas de financiamiento que hasta el momento no encuentra solución.
Publicado en Clarín el 19 de agosto de 2021.
