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11 01 2020

Tarifas: el congelamiento sin plan es la peor opción


Autor: Alejandro Einstoss









La reciente declaración de la emergencia energética y tarifaria implica, entre otras consecuencias, la continuidad de un statu quo vigente desde el final de la administración anterior: el congelamiento de los precios de la energía (energía eléctrica y gas natural) y de las tarifas reguladas de transporte y distribución eléctrica en el Área Metropolitana de Buenos Aires -AMBA-.

El congelamiento de tarifas de distribución eléctrica del AMBA generará distorsiones respecto al resto del país, pero además esta medida que se piensa favorable para aproximadamente 15 millones de usuarios puede generar efectos contrarios para todo el país, luego de un alivio transitorio.

Las empresas distribuidoras del AMBA que ven desde 2019 congelados sus ingresos suspenderán sus planes de inversión previstos en las revisiones tarifarias integrales (RTI) realizadas a finales de 2017 y con efectos desde 2018, que normalizaron un sector “freezado” desde 2001.

Como consecuencia de la paralización de inversiones la calidad del servicio sin dudas empeorara, luego, y de continuar el congelamiento se suspenderán los pagos por la energía eléctrica a CAMMESA que cubre su creciente déficit con fondos de un tesoro nacional agotado.

La situación CAMMESA y del sector eléctrico podrían empeorar si las Provincias imitan y acompañan la medida del gobierno nacional congelando sus tarifas. Consecuencia: Las empresas provinciales tampoco le pagarían a CAMMESA y la cuenta de subsidios seria infinanciable.

Es decir, si el gobierno persiste en el congelamiento tarifario nos encaminaremos a un escenario similar a diciembre 2015, pero con una diferencia: no existe capacidad fiscal para financiar subsidios disparatados, ni dólares para financiar importaciones de energía.

En este punto es necesario recordar que la anterior administración transfirió a las Provincias el financiamiento de los subsidios al transporte y de la tarifa social eléctrica, generando un enorme peso en presupuestos provinciales y municipales de difícil financiamiento. Los congelamientos tarifarios en el AMBA y la asimetría en la capacidad de financiamiento de los gobiernos subnacionales podrían generar aún más inequidades en los sectores con mayores necesidades.

Sin embargo, si observamos el problema desde lo óptica fiscal, los subsidios crecerán no por el congelamiento en las tarifas de transporte y distribución sino por el congelamiento del precio de la energía – subsidio que recibe todo el país y sin discriminación - y eso se observa en la evolución reciente de los subsidios económicos a la energía, donde su principal renglón “CAMMESA” – que refleja la diferencia entre costos y precios de generación - vienen creciendo a una tasa superior al 40% interanual, mientras que los subsidios a la producción de gas natural se triplican también en términos interanuales.

Un dato en relación con el precio del gas: cuando se abandona el sendero de precios en dólares implementado al inicio de la gestión de Cambiemos que genero una innecesaria presión sobre las tarifas de los usuarios residenciales, se comenzó a aplicar un mecanismo de subastas públicas a través del Mercado Electrónico de Gas (MEGSA) que opera en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, para determinar del precio del gas. La aplicación de este mecanismo, permitió reducir el precio promedio del gas en dólares más de un 20% el último año, y en particular el gas destinado a usinas que hoy se comercializa un 30% más barato que a finales del 2015.


Congelamiento tarifario, no es la receta.


Es claro que no es posible solucionar el problema tarifario en entornos de alta inflación, pero tampoco la salida es un congelamiento permanente que genera tensiones, que más temprano que tarde requerirán fuertes correcciones de tarifas, con alto costo social y político, de poca efectividad y que la inercia inflacionaria en poco tiempo volverá las cosas al punto de partida.

Sin embargo, la postergación de aumentos tarifarios seria esperable en una primera etapa de gobierno, pero en el marco de un plan macroeconómico integral de lucha contra la inflación, cuestión que a la fecha no se vislumbra.

En materia energética y tarifaria la foto de arranque del nuevo gobierno muestra un escenario de continuidad de las medidas tomadas en el final de la administración anterior, sin plan, sin equipo, sin ideas (o por lo menos no explicitadas hasta el momento) y con algunas medidas que se apartan de cualquier buena práctica regulatoria o de política pública, como la acumulación de poderes discrecionales a partir de la declaración de emergencia y la intervención de los entes reguladores, que recuerdan los peores errores del periodo 2003-2015. En resumen, la política energética del nuevo gobierno podría resumirse, hasta ahora, con una mezcla de “siga siga” y “vamos viendo”.


En esta coyuntura, el facilismo de mantener congeladas la tarifa aparece como la peor opción, ya que, sin caja para subsidios, ni dólares para importar gas podría ubicar al sector energético en una encrucijada de difícil solución en el mediano plazo.


Retomar y profundizar la Tarifa Social Federal.


Así las cosas, resulta necesario profundizar y ampliar la implementación de la tarifa social federal, tanto en electricidad y gas.

Volver atrás con la transferencia de la tarifa social eléctrica a las Provincias y focalizar el subsidio desde Nación mediante mecanismos transparentes y por atributo social (jubilados con haberes mínimos, PUAM, asignaciones universales, seguros de desempleo, etc), todos ellos identificables a través instituciones públicas en todo el país y sin discriminaciones.

Sin dudas la tarifa social federal permite focalizar recursos escasos en los sectores que más lo necesitan, la que podría ser complementada o ampliada por subsidios provinciales y/o municipales que permitan mayor capilaridad en la cobertura y profundidad de alcance.

Persistir en la idea de un congelamiento generalizado de precios y/o tarifas es otorgar un subsidio generalizado (una gran tarifa social), sin discriminar entre quien lo necesita, de enorme costo fiscal y que desincentiva la inversión en un sector capital intensivo.