Con la certeza de que existe desviación de fondos que específicamente están destinados al Fondo Nacional de la Vivienda y falta de claridad respecto de cómo las provincias aplican esos recursos, la diputada nacional de la UCR, Soledad Carrizo, respaldada por varios legisladores, presentó un proyecto de resolución por el cual exige al Poder Ejecutivo Nacional que brinde informes al Congreso para acceder a la información referidas a todos los proyectos para la construcciones de viviendas entre el 2020 y el 2023 a partir de la ley que estableció la creación del FONAVI.
Por tratarse de un fondo posible de detracción –lo que implica cambiar los fines de las partidas presupuestarias) la diputada Carrizo, requirió al Poder Ejecutivo que informe detalladamente si ha existido en este período, una imputación diferente a los fines establecidos en la ley por la que se dispone los fondos para el FONAVI, tras recordar que desde el 2017 ha exigido que se preserve la intangibilidad de estos fondos debido al manejo discrecional de esos recursos por parte de algunas provincias.
“El problema estructural de déficit habitacional, es cada vez mayor y su crecimiento alcanza a más de 4 millones de hogares argentinos”, advirtió la legisladora radical que precisó en los fundamentos de su iniciativa que en el caso del Fondo Nacional de la Vivienda FONAVI, uno de los mecanismos más importantes para el desarrollo de viviendas en nuestro país no resulta posible acceder a sus informes de auditoría, conformación actual de sus recursos, ni conocer su distribución ni su aplicación por parte de las provincias.
El FONAVI, creado en noviembre de 1972 a través de la ley N° 19.929 con el objetivo de generar una masa de recursos destinada a financiar la problemática habitacional del sector de menores ingresos del país través de obras de urbanización, de infraestructura básica y de equipamientos comunitarios, ha sido desde entonces, una de las políticas más importantes para el desarrollo federal de viviendas.
Un sinnúmero de leyes y disposiciones reglamentarias posteriores han modificado la conformación de sus recursos, su régimen de aplicación, y los órganos a cargo de su ejecución, lo que ha afectado la posibilidad de acceder de forma clara a cómo se aplican sus recursos y sus resultados. El FONAVI se integra con los recursos correspondientes al porcentaje de la recaudación del impuesto sobre los combustibles, de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 de la ley N° 23.966, establecido en un valor fijo por cada litro de combustible.
“En un contexto de alta complejidad social, en el que la pobreza alcanza el 50% de la población argentina, el acceso a la vivienda se vuelve imposible por los excesivos precios de los alquileres, y de adquisición. Esto reafirma la necesidad de revisar y reconducir las políticas públicas dirigidas al desarrollo habitacional que acompañen a la población más vulnerable”, argumentó Carrizo, cuyo proyecto fue acompañado con sus firmas por sus colegas Julio Cobos, Luis Picat, Pedro Galimberti, Roberto Sánchez, Mario Barletta, Gerardo Cipolini, Fabio Quetglas, Alfredo Vallejos, Jorge Rizzotti, Melina Giorgi, Natalia Sapaura y Pamela Verasay.
