Llevamos 8 meses de pandemia. Es tiempo suficiente para establecer ya algunas consideraciones sobre las consecuencias que el accionar de las distintas administraciones dejará para los países de la región. Cada uno con sus singularidades, los países de América Latina han armado una relación compleja entre sus gobiernos y la sociedad civil. En caso de querer encontrar una constante que sirva para comparar casos nacionales, la que aparece con más fuerza es la utilización de la pandemia como excusa para ejercer el control social. En distintos registros, se trate de países más abiertos o más cerrados, más plenamente democráticos o con distintos grados de autoritarismo, todos los gobiernos de la región, excepción hecha tal vez de Uruguay, han tenido un sesgo de control muy marcado y presente.
La reunión La política latinoamericana en el contexto de pandemia organizada en conjunto por CADAL y el Club Político Argentino, presentó a la discusión los casos de Venezuela, Cuba, Brasil y Colombia. Para hacerlo, convocó, respectivamente, a Margarita López Maya, Manuel Cuesta Murúa, Bernardo Sorj y Juan Carlos Arenas, coordinados desde Buenos Aires por la directora académica de CADAL y también miembro del CPA Sabrina Ajmechet.
En su intervención sobre Venezuela, López Maya destacó, principalmente, el aumento del control estatal en el país. La manifestación original del incremento del control fue en el manejo inicial de los datos sobre la pandemia. Centralizada en Nicolás Maduro y dos colaboradores cercanos la provisión oficial de datos apareció enseguida como manipulada y tergiversada. Manejando un discurso puramente ideológico, el régimen aprovechó las circunstancias de la pandemia para aumentar la militarización del país y el control sobre las manifestaciones opositoras. Apenas aparecieron datos alternativos para contrastar con la versión oficial, Maduro optó por la descalificación apelando al complot capitalista y rescatando las supuestas virtudes del tratamiento de la pandemia por parte de Rusia, China y Cuba. En definitiva, Venezuela, que venía ya con una sociedad civil bastante adormecida y con un sistema de partidos maltrecho, usó políticamente el COVID19 para profundizar el esquema de control social y de falta de libertad que ya estaban presentes antes de la pandemia. Todo esto en el marco de un proceso inflacionario que lleva años y que lleva a que los salarios en Venezuela sean de unos pocos dólares al mes y en el contexto de la destrucción de los recursos naturales mediante la corrupción y la desidia.
La caracterización que Cuesta Murúa hizo de Cuba va en la misma dirección del control social reforzado por la situación de pandemia, pero agrega algunos elementos interesantes al momento de hacer un análisis político. La continuidad y el agravamiento de los problemas estructurales de la isla, tan elementales como la provisión de comida y la capacidad productiva de alimentos básicos, muestra claramente la incapacidad del régimen para dar respuesta a las demandas mínimas de la sociedad. Esta incapacidad, que termina en un profundo estado de ilegitimidad de la administración política de la isla, viene acompañada de un proceso combinado de represión que agrega un elemento que no figuraba antes de la pandemia. El control social estatal se ejerce ahora, con la excusa de la pandemia, con fuerzas policiales y militares actuando conjuntamente. Esto provoca un descenso en la intensidad de la capacidad de respuesta de la sociedad civil independiente, que no obstante se mantiene movilizada y atenta a los movimientos de los que plantean alternativas para la realidad política del país.
Al hablar de Brasil, Bernardo Sorj remarcó, en primer lugar, algunas de las particularidades de la administración Bolsonaro. Este gobierno está compuesto fundamentalmente por militares, en retiro o en actividad, y el clan Bolsonaro en varias oportunidades azuzó el fantasma de un golpe de Estado para centralizar el poder en sus manos. Usando las redes sociales, sus grupos más activos inundan de fake news las redes para que las excentricidades del presidente no capten la centralidad de la atención. La característica más saliente de Bolsonaro es su condición especular con Donald Trump. Según Sorj, si Trump hace algo en USA, no tardará más de unos días Bolsonaro para repetirlo en Brasil. En el tratamiento de la pandemia esto se vio muy claro, en las sucesivas reacciones idénticas de ambos líderes. Ocurre que Brasil es una democracia bastante sólida y que el poder presidencial, por via del federalismo, se ve atenuado en la capacidad de digitar la información y las políticas públicas. En un principio existió un intento por controlar los datos y las estadísticas ligadas a la pandemia, pero esto generó desde una crisis política – cambiaron tres ministros de salud – hasta la reacción de los medios que produjeron, con datos estaduales, su propia información para compartir con sus audiencias. En el mismo sentido, los intentos golpistas del entorno y del presidente, fueron contestados por manifestaciones callejeras importantes a favor de la democracia, fundamentalmente movilizadas por las hinchadas de los clubes de fútbol. Las características federales reales del Brasil juegan también un rol especial, ya que devuelven la responsabilidad a las administraciones estaduales, las que tomaron sus propias decisiones, alterando incluso, las decisiones del presidente. En términos sociológicos, Sorj apuntó dos cuestiones importantes y que aportarían al debate. Una de ellas es la indiscutible complejidad de la administración política de la pandemia y la otra es la relativa fortaleza del sistema de salud brasileño, que, con sus más y sus menos, estuvo a la altura de las dificultades provocada por la pandemia.
Juan Carlos Arenas trazó un panorama de la realidad colombiana basado en la presencia de restricciones en la movilidad y en la economía a partir de las decisiones gubernamentales alrededor de la pandemia. Marcó un avance pronunciado de las cifras de desempleo y, en el terreno institucional un abuso de la utilización de decretos, evitando así el control parlamentario y de los organismos de contralor estatal para con la administración. Este uso de decretos usa la pandemia para facultar al ejecutivo a promover medidas que controlan la movilidad de los ciudadanos y, además, le permite la reasignación de partidas presupuestarias por fuera de los esquemas legales y formales propios de la normalidad. Para profundizar en la hipótesis central, que los gobiernos democráticos usan la pandemia para favorecerse políticamente, Arenas lo ejemplificó con el programa de televisión diario que el presidente Iván Duque dispone en cadena nacional para comunicar y comunicarse con la ciudadanía. Esta medida, a todas luces violatoria de las mínimas reglas democráticas, vulnera además una normativa expresa que indica que el tiempo que el oficialismo tiene para la comunicación debe ser el mismo que la oposición tiene como derecho a réplica. Demás está decir que esto no se cumple y que el programa de televisión tiene como objetivo, no demasiado satisfecho a juzgar por las encuestas, de mejorar la imagen y la visibilidad del presidente. Otro de los fenómenos analizados es el del recrudecimiento de la violencia política y las masacres en el territorio colombiano. En los tiempos de la pandemia hubo 278 asesinatos violentos ligados a motivaciones políticas y el clima de terror se acrecienta cada día. La sociedad civil no puede dejar de sentir la hostilidad generada por la violencia y ha habido una merma en su participación, aunque al tiempo que algunas barreras de movilidad ceden, hay organizaciones de la sociedad civil, sobre todo aquellas ligadas a la discusión sobre los recursos naturales que empiezan tibiamente a movilizarse.
Esta buena actividad de CADAL y el CPA, deja, además de las ricas descripciones nacionales realizadas por los expertos, la posibilidad de analizar un factor central en el devenir de las sociedades de la región. La capacidad, la creatividad, y la presencia de la sociedad civil frente a las tendencias de control social estatal están mostrando unos matices que son importantes de distinguir.
Los países más abiertos, Brasil y Colombia, con distintos grados de institucionalización de la sociedad civil, viven un proceso de retraimiento de la presencia de la ciudadanía en el espacio público. En el caso brasileño, el gran entramado de organizaciones sociales formales no ha tenido una respuesta integral y, en los momentos en que “las papas quemaban” al decir de Sorj, fue una masa popular bastante inorgánica e informal la que salió a las calles a defender la democracia. Este desborde de la representación formal de las ong´s clásicas (tal vez podríamos decir analógicas) es un dato interesante y muestra cierta vigorosidad de la ciudadanía más allá de las formas institucionales habituales. La reacción de un sistema de partidos escorado frente a este tipo de movilizaciones puede diseñar un esquema de feedback entre las instituciones y la sociedad civil que contenga elementos virtuosos.
El otro país abierto, Colombia, vive una realidad distinta. Marcada por la violencia, la sociedad civil colombiana está en un proceso de retraimiento importante. Luego de un pico de manifestaciones populares y activación cívica que logró gran visibilidad y que contenía una variedad de reivindicaciones plurales y complejas arropadas por las consecuencias de la firma del acuerdo de paz con las FARC, la ciudadanía experimenta hoy una suspensión de su actividad pública. Los abusos policiales se hicieron frecuentes durante las manifestaciones y esto generó un costo altísimo que desincentiva la participación. Vemos cómo la combinación de factores estructurales o incluso históricos, combinados con la coyuntura de la pandemia da como resultado un aumento del control social estatal y un empobrecimiento de las actitudes cívicas, aun en un marco claramente democrático.
Si esto sucede en sociedades republicanas, ¿Qué sucederá entonces en los países cerrados? ¿Cuál es la relación de la ciudadanía frente al incremento del control estatal?
En el caso venezolano, los años de represión y vaciamiento del régimen han terminado por desmovilizar a una sociedad que supo estar activa y reclamando por sus derechos democráticos. La realidad hoy es que la capacidad de control que tiene la administración Maduro está reforzada por los elementos que le provee el tratamiento de la pandemia. La sociedad civil se encuentra postrada, sin representación formal que genere alguna expectativa de cambio y con una oposición política que ha tomado dos caminos: o dejarse cooptar por el régimen o, literalmente, abandonar la territorialidad venezolana en busca de supervivencia, luego de fracasar en los intentos acuerdistas con el gobierno. Este desmembramiento de los canales formales de representación, sin embargo, está armando de manera incipiente una red de actores sociales posicionándose para forzar algún tipo de negociación alternativa que cree las condiciones para un acuerdo que lleve, con el tiempo, a una transición. Estos movimientos, aun en formación, podrían canalizar la energía cívica que alguna vez brotó en el país. Las condiciones políticas, sin embargo, no permiten ser demasiado optimistas, dado que la capacidad de control de las variables del gobierno no hace más que acrecentarse, a punto tal de pensar que puede estar Venezuela a un paso de constituirse formalmente en una dictadura totalitaria.
Distinto es el caso de Cuba. Siendo el país más cerrado de todos los analizados, es el que tiene la mayor cantidad y calidad de movimientos ciudadanos trabajando para encontrar una salida democrática. Paradojalmente para el gobierno, el manejo de la pandemia (que por supuesto supuso aumento en el control social) tuvo un efecto de demostración de las vulnerabilidades del régimen muy importante. La movilización ciudadana desnuda la ilegitimidad del gobierno cubano y expone claramente la posibilidad de la ciudadanía a dar un paso más en sus componentes formales. Al decir del propio Cuesta Murúa, la desastrosa administración de la pandemia, mezclada con elementos estructurales, le mostró al activismo ciudadano de la isla que estaba en condiciones de asumir las responsabilidades propias de la ciudadanía política plena. Las manifestaciones populares y ciudadanas son cada vez menos permeables a las invocaciones estatales de la emergencia y se vuelven claras en sus demandas de apertura. Una de las particularidades de este proceso, y que es una marca de su fortaleza, es que esta movilización ciudadana no está pidiendo un proceso de transición del modo clásico, sino que trabaja para construir el cambio político desde la acción ciudadana, por fuera de acuerdos cupulares o corporativos. La presencia de estos movimientos es tal que hasta influencia la manera de relacionamiento de Cuba con Estados Unidos. Dada la relación geopolítica, histórica y cultural de ambos países, lo que está logrando el activismo cívico es romper la lógica de relacionamiento Estado-Estado que caracterizó simpre la convivencia de los países. En su lugar, ha interpuesto un recurso endógeno en donde la fuerza de la relación es de la ciudadanía frente al Estado.
En estos tiempos caracterizados por la insuficiencia de la política formal para resolver problemas de la democracia, la actitud de la sociedad civil se convierte en un hecho político y en un dato de interés intelectual de primer orden. La pandemia ha venido a reforzar este esquema haciendo que los gobiernos actúen, en distintos grados, contra sus ciudadanos. Lo que haga la sociedad civil para relacionarse con estos intentos marcará los caminos que tomará la región cuando llegue la pospandemia.
Publicado en Perfil el 6 de diciembre de 2020
