lunes 2 de diciembre de 2024
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Sobre el proyecto de reforma política y electoral propuesto por el Gobierno

El proyecto de reforma política que el Gobierno envió al Congreso Nacional contiene una gran cantidad de modificaciones sobre el marco normativo vigente, algunas de las cuales necesitan un análisis pormenorizado y un proceso de consultas a especialistas en la materia para ponderar su sentido democrático y viabilidad.

No es bueno el argumento económico a la hora de pensar una reforma política. La democracia es cara, mucho más cara que cualquier autoritarismo. Por eso, el objetivo en esta materia debe ser siempre mejorar la democracia y la representación. De hecho, por ejemplo, el “gasto político” que significaron las PASO de 2023 es menos de la mitad de lo que el Gobierno asignó a la Agencia de Inteligencia que, lejos de mejorar la democracia, representa una amenaza para la ciudadanía.

No es verdad que las PASO hayan sido totalmente ineficientes o que sean solamente una gran encuesta. Por el contrario, han ordenado los procesos electorales, simplificando las cosas para el electorado en la elección general. Es cierto que los partidos políticos en muchas oportunidades no las utilizaron en su máximo potencial democratizador, es decir, para que sea la ciudadanía la que decida las candidaturas, pero la sola existencia de este mecanismo obligó a los partidos políticos a consensuar candidaturas generando ofertas electorales más reducidas y ordenando al sistema.

Es verdad que las PASO han estirado el proceso electoral. Esto ha generado cierta inestabilidad política y económica, más allá de la propia de la incertidumbre sobre los resultados. Ante un proceso que termina durando 6 meses hasta la definición en una posible segunda vuelta, la política, la economía, los mercados y la ciudadanía sufren una incertidumbre potencialmente nociva.

Hemos visto esta situación en más de una elección presidencial. Hay muchísimo conocimiento experto sobre el tema de internas o primarias que podría ser de gran utilidad para legislar mejor.

Es más que evidente que el proyecto del Gobierno quiere reducir el número de partidos políticos. Este objetivo es positivo porque en nuestro país hay muchos “sellos de goma”: una multiplicidad de pequeños partidos que son irrelevantes en términos de su representación de la ciudadanía, pero que aprovechan los aportes estatales para otros fines. Y es sabido que las democracias funcionan mejor con pocos partidos que con muchos, que hacen que a nivel sistémico la efectividad gubernamental sea más difícil de alcanzar.

Pero incluso los objetivos loables necesitan precisión y coherencia técnica. Se debe debatir más sobre las exigencias legales para la existencia de los partidos políticos, para evitar por ejemplo que partidos pequeños, al no tener posibilidades ciertas de inserción con las nuevas reglas, se vean tentados a jugar riesgosamente por fuera del sistema democrático.

En materia de financiamiento político el proyecto atenta contra la equidad en la competencia electoral. La actual Ley de financiamiento político -que fue reformada con la participación de la sociedad civil-, ha buscado generar una competencia más equitativa entre los diferentes partidos.

Por eso existen límites razonables a lo que puede financiar una persona o una empresa; a los gastos realizables por los partidos políticos o alianzas; y criterios de reparto equitativo de los espacios en los medios. La propuesta del Gobierno, en cambio, propone una especie de “ley de la selva” en la cual el partido o alianza que tenga más llegada al sector privado tendrá una ventaja abrumadora sobre el resto porque:

Hoy una persona o empresa puede donar máximo 40 millones de pesos por año , mientras que en el esquema propuesto podría donar más de 5 mil millones de pesos.

En la propuesta del Gobierno se eliminan los límites a los gastos que pueden realizar los partidos y las alianzas, generando una carrera infinita por la obtención de dinero estimulando el alejamiento de una austeridad más que necesaria. Se eliminarían los fondos que el Estado entrega para que los partidos y alianzas lleven adelante las campañas, dejando solo fondos anuales para el sostenimiento institucional, que son ostensiblemente menores a los necesarios para una competencia electoral justa en la actualidad.

Para completar la desigualdad en la competencia, se eliminarían los espacios gratuitos en radio y televisión. En casi todo el mundo hay espacios cedidos con el objetivo de que todas las ideas puedan circular con mayor equidad y facilidad.

En Argentina, además, ello supuso un avance en la calidad del debate público durante las campañas: la prohibición de la compra de espacios para publicidad de campaña y su reparto gratuito ha hecho que los avisos hablaran más de temas políticos en abstracto que de la personalidad de los candidatos/as y hubo menos ataques directos a rivales que antes de 2009.

En resumen, toda la reforma del financiamiento político enviada al Congreso va en detrimento de la equidad en la competencia y en favor de aquellos partidos o alianzas más cercanos al sector privado. La influencia del sector privado en la política se acrecentará en forma alarmante, lo cual va en contra de las mejores prácticas democráticas del globo.

El proyecto parece haber sido concebido de manera improvisada, sin evidencia ni información sustantiva y apunta, fundamentalmente, en la dirección de restringir prácticas y valores que son importantes para que la ciudadanía ejerza su poder democrático. Opacar, limitar u obturar este ejercicio del poder instituyente es achicar la democracia y los derechos soberanos de la ciudadanía.

Publicado en Clarín el 26 de noviembre de 2024.

Link https://www.clarin.com/opinion/proyecto-reforma-politica-electoral-propuesto-gobierno_0_8dtFBFgY1b.html

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