Hace 90 años, la Argentina entraba de la peor de las maneras al mundo de los años ’30, un túnel del que recién lograría salir más de medio siglo más tarde. Entre el 6 de septiembre de 1930 y el 16 de septiembre de 1955 se traza una línea de tiempo que marcó a sangre y fuego el ciclo autoritario en la Argentina del siglo XX. Si el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen mostraba el enfrentamiento irreconciliable entre radicales y conservadores, en la caída de Perón, en el ’55, confluirán las líneas divisorias preexistentes en una nueva partición tajante: peronistas y anti-peronistas. Hubo seis golpes de Estado entre el ‘30 y el ‘76, perpetrados por militares con apoyo y aliento de civiles. Quienes encabezaron esos arrebatos del poder creían que estaban liberando al país de malos gobiernos y trajeron otros aún peores. Pretendían que lo reinsertaban en el mundo e impusieron dictaduras y regímenes de facto cuyos efectos se sufrieron durante décadas y nos dejaron varados al costado del camino.
Se cumplen 90 años del golpe del ‘30 y se recordarán pronto los 65 del ‘55. Se autotitularon “revoluciones”, fueron involuciones. Por supuesto que no llegaron solos ni por una invasión externa: gozaron de respaldos explícitos e implícitos, mientras conculcaban derechos e imponían decisiones por la fuerza. Y quienes debían preservar las instituciones, defender la voluntad popular y representar el interés ciudadano no estuvieron a la altura de su responsabilidad.
El ‘83 cierra medio siglo de traumáticas alteraciones y desenlaces catastróficos, y el inicio de una construcción que ya no se detendría. Por eso, aquellos septiembres que hoy recordamos como ecos fantasmales de un pasado lejano, deberían oficiar como recordatorio del valor de la democracia. Un valor que trasciende a los gobiernos y nos contiene en un mismo piso común. Aún resquebrajado, maltratado, descuidado y agrietado, es una conquista que ninguna mayoría o minoría circunstanciales debería considerar como propia o excluyente de otra. Esta semana, el Congreso ofreció una muestra de incomprensión de los que está en juego, con excesos retóricos y acusaciones de “golpismo institucional” o “conductas destituyentes”: preservar el acuerdo sobre las reglas que hacen posible el debate parlamentario antecede a la posibilidad misma de debatir y sancionar las leyes. Es un principio básico de la legitimidad democrática.
Publicado en Clarín el 5 de septiembre de 2020.
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