Al plantar la necesidad de “erradicar prácticas oscuras y garantizar transparencia en el manejo de los fondos de los trabajadores”, la diputada nacional santacruceña, Roxana Reyes, presentó un proyecto de modificación de la ley de Asociaciones Sindicales para que la conducción de los gremios sea ejercida por un cuerpo colegiado con representación de las “minorías”, con una duración en los mandatos de sus miembros de cuatro años y con derecho a una sola reelección inmediata sólo en el caso en que se haya dado acabado cumplimiento al mandato anterior.
Reyes, al auspiciar cambios en la ley 23.551 de Asociaciones Sindicales, alentó modificar el artículo 17 de esa norma, para disponer que “la dirección y administración” de los sindicaros “serán ejercidas por un órgano compuesto por un mínimo de nueve (9) miembros, o cualquier múltiplo de tres (3) para garantizar la representación de un tercio para la minoría, siempre que ésta alcance el veinticinco por ciento (25%) de los votos emitidos. Los mandatos no podrán exceder de cuatro (4) años, con derecho a una sola reelección inmediata sólo en el caso en que se haya dado acabado cumplimiento al mandato anterior, sin interrupciones ni suspensiones”.
En los fundamentos del proyecto, Reyes juzgó que “la sociedad confía poco en los líderes sindicales y los intereses que dicen representar. En 2017 Giacobbe y Asociados hizo un relevamiento en donde se llegó a la conclusión de que el sindicalismo argentino tenía entonces un 81,6% de imagen negativa. La encuesta abarcó a dos mil personas y ‘corruptos’ fue la palabra que más utilizó la gente para definirlos. Una encuesta realizada por CIGP reveló que en 2023 el 71,1% de los participantes dijo no confiar en los sindicatos”.
“No podemos seguir permitiendo que los sindicatos sean conducidos por la misma persona durante diez, veinte o hasta treinta años o más. Hay líderes sindicales como Héctor Daer, quien lleva 23 años al frente de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad de Buenos Aires (ATSA). Hugo Moyano hace lo suyo en el Sindicato de Camioneros hace 37 años. Carlos Acuña es secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, Garajes y Playas de Estacionamiento y cuenta con 19 años al mando. Nuestro ordenamiento jurídico regula a los sindicatos en la Ley 23.551. Aquí se le configura un estatus legal a los mismos, se regulan sus composiciones y competencias en la defensa de los derechos de los trabajadores, entre otras disposiciones. El problema aparece cuando hay pobres o nulas disposiciones sobre elecciones democráticas, transparencia en la gestión y administración”.
Reyes destacó: “Proponemos límites a la dirección y administración de las asociaciones sindicales” para “garantizar representación a la minoría” y reseño que también se eliminan las reelecciones indefinidas “quedando establecida una reelección inmediata, pero con la culminación completa de la gestión anterior como requisito, para evitar estrategias electorales”. Asimismo “incorporamos el voto obligatorio porque consideramos necesario que todos los trabajadores participen y se garantice mayor transparencia en los comicios”, planteó.
En la iniciativa, Reyes propicia modificar también el artículo 18 de la ley 23.551 a fin de que quede establecido que a quienes integrarán los “los órganos directivos” de los gremios se les requerirá “no registrar ningún proceso judicial abierto, tanto en sede penal como en sede civil”, así como “tampoco contar con inhibiciones penales o civiles” e, incluso “no podrán ser candidatos quienes se encuentren inscriptos en los registros de deudores alimentarios morosos y/u obstructores de vínculos familiares”.
El proyecto dispone que las listas que se presenten en los comicios para renovar la conducción del gremio “deberán incluir mujeres en esos porcentuales mínimos y en lugares que posibiliten su elección” y se les exigirá a quienes aspiren a ocupar los respectivos cargos del sindicato “una declaración jurada patrimonial integral dentro de los 30 días hábiles desde la asunción de su cargo” que “se deberá actualizar anualmente” en tanto la última de ellas deberá estar presentada “dentro de los treinta (30) días hábiles desde la fecha de cesación en el cargo”, refiere el texto de la iniciativa impulsada por Reyes que fue acompañado en con sus firmas por sus colegas de bloque, Julio Cobos, Danya Tavela, Fernando Carbajal, Pamela Verasay, Marcela Coli, Lisandro Nieri, Pedro Galimberti, Roberto Sánchez, Fabio Quetglas, Marcela Antola, Luis Picat, Carla Carrizo, Mariela Coletta y el legislador de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro.
