sábado 15 de junio de 2024
spot_img

Rodolfo Barra puso el dedo en la llaga: la crisis amenaza la Constitución más que el DNU

Es bastante ridículo que el kirchnerismo se oponga a delegar poderes de emergencia a Javier Milei, cuando ellos mismos gobernaron casi todo el tiempo, durante los últimos 20 años, con leyes de emergencia que renovaron año a año, y la mayor parte del tiempo sin razón alguna que las justificara: la crisis que había dado su razón de ser en 2002 a la primera norma al respecto, impulsada por Duhalde y Alfonsín, cuando asumió Kirchner ya había sido superada, no había ni emergencia en el sistema financiero, ni inflación acelerándose, ni desequilibrio de las cuentas públicas ni tampoco fuga de la moneda.

Todo eso volvería, sí, años después, gracias a Néstor y su señora, que ejercieron poderes de emergencia delegados por un Congreso dócil e irresponsable, durante más de una década, logrando gracias a ello destruir poco a poco el orden económico estable y mayormente abierto y competitivo que habían heredado.

Los ministros y la ley Ómnibus

La oposición moderada, en cambio, tiene una experiencia mucho más honesta y también más instructiva sobre este problema de las delegaciones. Los radicales en particular, porque en general se opusieron a las mismas y a las leyes de emergencia, salvo cuando la Convertibilidad se hundió, y también a comienzos de 2001, cuando también votaron una delegación a favor del entonces presidente, perteneciente a su partido. Poderes que no le alcanzarían sin embargo a este para salvar el orden económico entonces vigente, ni al propio gobierno. Así que la UCR puede dar testimonio sobre un punto importante de lo que hoy está en discusión: en ocasiones no hay escapatoria a la delegación, pero eso no significa que con ella vaya a alcanzar para que una gestión en aprietos pueda asegurar ni los cambios necesarios ni la estabilidad mínima que necesita el sistema político para mantenerse en pie.

Esta interesante polémica sobre cómo encarar la crisis, con qué recursos institucionales y políticos, tomó un tono más doctrinario en las últimas horas gracias al paso de Rodolfo Barra por las comisiones que en Diputados están empezando a tratar la Ley Ómnibus presentada por Milei.

Barra siempre defendió una visión decisionista, más que liberal, de nuestra Constitución, lo hizo en tiempos de Menem y lo vuelve a hacer ahora. Su argumento, en cuanto a que si no se garantiza un mínimo orden económico la Constitución deja de estar vigente porque en el caos la ley pierde toda efectividad, y por tanto se justifica recurrir a instrumentos de excepción para asegurar ese orden mínimo, porque no se está así violando la Carta Magna sino asegurando su supervivencia, tiene su lógica. Aunque también supone unos cuantos problemas. Así que es oportuno detenerse brevemente a considerarlo.

Barra afirmó, concretamente, que “para defender los derechos constitucionales habría que permitir que la Constitución siguiera vigente: si hay crisis económica, señores, no va a haber Constitución vigente. Eso ya lo vio Alberdi”. No es algo que haya inventado Barra, sino un viejo argumento sobre las condiciones de normalidad que hacen falta para que funcione un sistema de normas: si la sociedad se hunde en el desorden, por una guerra civil, una crisis económica extrema, o lo que sea, entonces se vuelve imposible aplicar la ley, y lo que rige es la fuerza, porque habremos regresado al estado de naturaleza. Y cuando los estados constitucionales se enfrentan al riesgo de caer en tales situaciones tienen que poder defenderse, para contenerlo, y deben hacerlo incluso usando instrumentos que normalmente no son aceptables, como una cierta concentración del poder en algún órgano de gobierno, porque de otro modo se daría el paradójico resultado de que, por atenerse al funcionamiento normal de las instituciones, se permite que ellas se hundan y desaparezcan.

Un poco de historia y la situación argentina

Desde los tiempos de la República romana que estos mecanismos de emergencia existen, y se utilizan, cuando se lo hace dentro de cierto marco de lealtad al orden republicano, con éxito. Pero además de lealtad requieren que se cumplan también ciertas normas y límites. Por ejemplo, temporales: la delegación de poder se autoriza pero solo por un tiempo acotado, transcurrido el cual el poder delegante, que en las democracias es el Parlamento, tiene la oportunidad de revisar lo hecho por el delegado, el Presidente o jefe de Gobierno, y deshacer lo que considere errado o abusivo. Y también se fijan límites habitualmente al campo de aplicación: las delegaciones suelen ser económicas, o militares, o sanitarias, no abarcan todos los asuntos públicos.

Lo peculiar de la delegación de facultades que viene reclamando Milei es que pretende desconocer ambas formas de restricción: en la ley Ómnibus incluyó declaraciones de emergencia sobre todos los asuntos públicos, que derivarían en delegaciones que pretende ejercer durante su entero mandato, algo que ningún presidente democrático hasta aquí ha disfrutado en nuestro país, y que le permitiría emitir decretos como el DNU 70/23 todo el tiempo y sobre casi cualquier materia.

Es un exceso, obviamente, que no va a pasar por el filtro del Congreso. Lo que afortunadamente ya algunos funcionarios del Ejecutivo reconocieron, y por tanto aceptaron se recortará. Pero también es una señal, que puede tener efectos de más largo plazo, y más complicados para el futuro del gobierno. Porque puede que la delegación que sí consiga, más allá de su amplitud y extensión, Milei quiera usarla de modo parecido a como la usó De la Rúa en 2001, y corra entonces el riesgo de que el resultado sea el mismo: una gestión que pretende autonomizarse del Congreso, que se desentiende por tanto de la necesidad de conseguir respaldo legislativo para sus iniciativas, y termina aislada, jugándose a suerte o verdad en la gestión solitaria de una crisis económica galopante.

La delegación de poder tiene esa trampa, y los libertarios deberían evitar caer en ella

Cuando el Congreso la autoriza, está cediendo poder, pero también se lava las manos: le deja el muerto al presidente, para que se arregle como pueda. Y entonces este concentra el poder pero también un poco lo pierde, se queda más solo aferrado al timón, de lo que estaría si, en vez de delegación de facultades, consiguiera, por ejemplo, respaldo legislativo para sus iniciativas.

Volviendo a Barra, seguramente él podría contarle a Milei algunas de las peripecias en este sentido que atravesó Menem al comienzo de su primera presidencia. Y además de darle fundamentos para el reclamo de poderes de emergencia, sugerirle entonces que no abuse de ellos, ni confíe demasiado en sus ventajas. Porque lo cierto es que Menem emitió cantidad de decretos en sus primeros años de gestión, avalados por la ley de Emergencia de 1989, y por una situación en efecto caótica que se estiró en el tiempo. Pero sólo logró cierto control de la economía, a través de un programa de estabilización, cuando dejó de firmar DNU´s y empezó a mandar proyectos de ley al Parlamento. Así hizo con la Convertibilidad, una ley, no un decreto (a diferencia, otro dato útil en la historia del radicalismo, del Plan Austral de Alfonsín), y lo mismo con la casi totalidad de las privatizaciones y reformas que impulsó desde 1991 en adelante.

Claro que Milei no está exactamente en la misma situación que Menem: sus chances de hacer pasar proyectos de ley son más escasas, y lo serán aún más, paradójicamente, si logra que más o menos pronto la inflación se modere. Porque entonces el actual clima de emergencia económica se va a disipar, y le será más difícil, no más fácil, sostener una mayoría legislativa reformista. Así que está necesitado de imprimir velocidad a los cambios, antes que cuidar sus procedimientos y detalles.

Y por lo mismo, obligado a negociar con la oposición moderada, le conviene hacerlo rápido, antes que detenerse a explorar posibles combinaciones que le aseguren desde el comienzo ciertos cambios en particular, o su profundidad, o los márgenes de libertad para seguir profundizándolos en adelante. Es que de todos los recursos que le faltan, insistamos, el recurso tiempo es sin duda el más crítico: si no muestra pronto resultados legislativos, no va a poder confirmar ante los actores sociales y económicos que su gestión se consolida, y sin eso no va a poder tampoco convencerlos de que es capaz de contener la inflación en los próximos meses. De lo que depende, en última instancia, tanto su futuro como el nuestro.

Publicado en www.tn.com.ar el 11 de enero de 2024

spot_img

Veinte Manzanas

spot_img

Al Toque

Karina Banfi

Mujeres a la Corte

Alejandro Einstoss

Lo que falta es gestión, no la Ley Bases

Alejandro Garvie

El Parlamento Europeo como amortiguador de las tensiones