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Opinión 12 10 2020

Reflexiones en el Día de la Salud Mental, en un año especial


Autor: Luciano Grasso









Cada año, el día de la salud mental se convierte en una oportunidad para abordar diferentes aspectos de la temática. La selección de aquello a profundizar, responde a la oportunidad de evidenciar lo que resulta necesario en determinado momento. 

Hoy, no cabe duda ninguna, que los problemas de salud mental son prevalentes en salud. Sin embargo, lamentablemente, salvo excepciones, las políticas de salud mental continúan sin formar parte de las políticas sanitarias integrales en nuestro país. Este problema se agravó en estos meses, por el incremento notorio de los padecimientos mentales en el contexto de la pandemia, de lo cual ya hemos hablado. 

A su vez, este año también es emblemático para el campo de la salud mental, ya que se cumplen 10 años de la sanción de la Ley Nacional 26.657, y es el año que su decreto reglamentario ha definido como plazo para su cumplimiento efectivo. 

Por todo esto, este 10 de octubre nos obliga moralmente a la autocrítica y a la reflexión, triste, con honda preocupación, y con la convicción de que es necesario y urgente reparar lo dañado, restituir los derechos vulnerados, modificar lo que se ha construido equivocadamente, y diseñar colectivamente políticas publicas de salud mental a largo plazo.  

Hoy existen dos grandes problemas en el campo de la salud mental: por un lado, una enorme, inaceptable, dolorosa y vergonzosa brecha entre quienes tienen padecimientos mentales, y la capacidad de respuesta de los sistemas de salud. Dicho de otra manera, la inmensa mayoría de las personas que tienen problemas de salud mental, no tiene respuesta, no tiene el tratamiento que debiera tener. 

¿Cómo se aborda este problema? Ampliando la cobertura: capacitando a los no especialistas en salud mental, fortaleciendo el primer nivel de atención, creando más servicios de salud mental en los hospitales generales. En definitiva, creando y fortaleciendo redes de atención. 

El segundo problema, en el otro extremo, la otra vergüenza nacional: más de 12.000 personas viven en hospitales psiquiátricos. La persistencia de los manicomios. 

¿Qué dice la Ley de Salud Mental? Que el modelo de salud mental debe ser comunitario, basado en la estrategia de atención primaria de la salud, con un abordaje interdisciplinario, intersectorial y que menos restrinja las libertades de las personas con padecimientos mentales. En cuanto a las internaciones, la Ley es muy clara: deben indicarse sólo cuando no se pueden evitar, deben ser breves, y sólo en hospitales generales. Esto implica necesariamente el cierre de los manicomios, hospitales psiquiátricos o monovalentes, a partir de su transformación hasta su sustitución definitiva. 

Sin dudas Argentina cuenta con este marco normativo promotor y protector de derechos. Sin embargo, hemos comprobado que la sola aprobación de una ley no es suficiente. Lamentablemente, durante años, la Ley Nacional de Salud Mental no se acompañó de una necesaria decisión política central tendiente a su cumplimiento efectivo. Los tres años que demoró la aprobación del decreto reglamentario son también una muestra de la falta de decisión política del gobierno nacional de aquel entonces. 

Pero ¿quién dijo que todo está perdido? Existen, a lo largo y a lo ancho del país, numerosas experiencias, bellas, colectivas, creadoras de otra salud mental posible, muchas de ellas sostenidas a base de compromiso militante de trabajadores/as de la salud. 

También existen actores institucionales fundamentales para sostener lo realizado, y cuyo rol debería potenciarse: el Órgano de Revisión Nacional, el Consejo Consultivo Honorario, las direcciones provinciales de Salud Mental, la Organización Panamericana de la Salud, entre otras. Junto a ellos, la Dirección Nacional de Salud Mental ha construido en el 2019 una serie de avances en el camino de la implementación de la Ley, que pueden pensarse en términos de oportunidades que no debieran desaprovecharse. 

Para mencionar algunos: hasta el año pasado, no existía información sobre la cantidad de personas internadas por motivos de salud mental en instituciones con internación monovalente. Se realizó el primer censo nacional (primero en Latinoamérica) y hoy se conoce cuántas personas hay internadas en las instituciones y, también, sus características, sus necesidades y recursos para los procesos de externación. Tampoco existía información respecto a los costos del modelo comunitario. Hoy contamos, a partir de un estudio de costos, con información que da cuenta que este modelo es menos costoso que el modelo asilar manicomial. 

Hoy existen, en todo el país, equipos de especialistas formados y listos para ir ahora a capacitar a los no especialistas en salud mental en el territorio y así mejorar la accesibilidad a cuidados oportunos y de base comunitaria en salud mental, superando la brecha de atención anteriormente descripta. 

El año pasado también se fortaleció el marco normativo, a través de las Resoluciones 715/2019, 3250/2019. Esta última, establece pautas para que cada monovalente avance en su transformación y que pueda ser sustituido definitivamente en 3 años. Debían presentar, antes del 31 de agosto, un Plan de Adecuación Individual. El plazo se venció, y con él, se fue una oportunidad histórica, que había sido construida y consensuada en un proceso de dos años de trabajo junto al Órgano de Revisión Nacional, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), las direcciones de salud mental de las distintas provincias, y el Consejo Consultivo Honorario de Salud Mental. 

Lamentablemente, los primeros pasos de la actual gestión no muestran indicios de una continuidad y profundización de este camino. A 10 meses de haber iniciado su gestión, la autoridad de aplicación de la Ley, la Dirección Nacional de Salud Mental, parece que no puede, no sabe o no quiere avanzar en la sustitución de los monovalentes y en un modelo de salud mental comunitaria. 

Es necesario y urgente encontrarnos con un Estado Nacional responsable de la generación de las políticas públicas y de ejercer el rol de rectoría en la materia, debe asumir el compromiso en avanzar en el cumplimiento efectivo de la Ley Nacional de Salud Mental. 

Mientras tanto, la responsabilidad sigue siendo de todos/as. Necesitamos que cada uno/a venga a ofrecer su corazón, más allá de las diferencias: gobiernos, organizaciones no gubernamentales, usuarios y familiares, sindicatos, trabajadores/as. Pero sabemos que es más complejo aún. Este proceso requiere de un profundo cambio cultural que implica a toda la comunidad, para promover una sociedad más respetuosa de la diferencia y que acepte e incluya a las personas con padecimientos mentales como sujetos de pleno derecho en ejercicio de su rol de  ciudadanos y ciudadanas. 

Mientras haya una persona con un problema de salud mental sin respuesta, sin una escucha, sin acoger ese padecimiento; mientras haya también una persona viviendo en un hospital por motivos de salud mental, hay un derecho vulnerado, hay una libertad menos, un dolor que persiste. 

Entonces, como dijo un amigo italiano: “Si el mundo es injusto, el mundo se cambia”. Hay que hacerlo. Y no claudicar ante las derrotas, ante las caídas. Porque no es sin ellas.  

¿Quiénes sino nosotros? ¿Cuándo si no es ahora? 

Vamos a andar, como tantos otros que lo han hecho. Nosotros también imaginemos esa utopía que nos hace caminar. Caminar para hacer, hacer para transformar la realidad. 

Transformar la realidad para que, más temprano que tarde, nuestro país sea definitivamente y para los tiempos, un país sin manicomios.

Publicado en Perfil el 11 de octubre de 2020.

Link https://www.perfil.com/noticias/opinion/luciano-grasso-dia-de-la-salud-mental-10-octubre.phtml