El saliente director general de la Organización Mundial de Comercio (OMC), deja ese puesto un año antes de terminar su mandato, descendiendo un peldaño más en la escalera que dicha organización viene bajando desde hace años.
Desde 2013, Roberto Azevedo –ingeniero, diplomático y políglota– ocupa el máximo cargo en la OMC. Luego de dos mandatos al frente de la misma, se sumará a la multinacional Pepsi. Su partida –se lo considera un progresista con “poco diálogo con el poder”– deja a la organización peor que nunca y en momentos en que la pandemia hace crujir la estructura del comercio mundial.
Con pocos logros en estos años de gestión –entre los que se encuentra haber sumado a Yemen, Seychelles, Kazajstán, Liberia y Afganistán al club– Acevedo no tuvo éxito en que los 164 miembros de la OMC pudieran ponerse de acuerdo ni siquiera sobre un sucesor interino. Solo se ha completado una negociación comercial global en 25 años de vida de la OMC.
Claro que esto no es responsabilidad de él, sino del asunto tan espinoso como el de ordenar el comercio mundial. La administración de Donald Trump ha boicoteado con acciones y críticas públicas a la sucesora del GATT, bloqueando el nombramiento de jueces para el organismo de apelaciones de la organización, obstaculizando así su sistema de solución de controversias, uno de sus objetivos clave como organismo supranacional.
Hace unas semanas, los demócratas Peter DeFazio y Frank Pallone, presentaron un proyecto de ley en el Congreso norteamericano argumentando que la OMC había permitido a China desarrollar prácticas comerciales “injustas”. Por otro lado, el senador republicano Josh Hawley presentó una resolución similar al Senado la semana pasada luego de un artículo de opinión en The New York Times en el que pedía la abolición total de la organización.
En esa línea, el representante comercial de Trump, Robert Lighthizer, ha expresado en el Wall Street Journal, que la cláusula –central- de “nación más favorecida” (NMF) o principio de no discriminación, establece un orden neocolonial, sobre todo por parte de la UE. Según su interpretación los miembros de la OMC deben aplicar los mismos aranceles a todos sus socios comerciales. Una reducción de aranceles acordada con un país debería, por el mismo principio, extenderse a todos los demás.
Pero la OMC también permite una gran excepción al trato de nación menos favorecida. Dos o más miembros pueden llegar a acuerdos comerciales preferenciales que eliminen aranceles en casi todo el comercio, pero solo entre ellos. Estos acuerdos son, según Lighthizer, “medidas proteccionistas apenas veladas”. Esto es cierto, debido a que ha resultado muy difícil acordar recortes arancelarios multilaterales en la OMC, por lo que el número de acuerdos comerciales preferenciales pasó de 50 a principios de la década de 1990 a alrededor de 300 en 2019.
Los acuerdos preferenciales aumentan el comercio, pero también pueden desviarlo. Sus defensores sostienen que, en última instancia, refuerzan el sistema multilateral y convencen a otros países para que negocien recortes arancelarios.
Los críticos de los acuerdos replican que, de hecho, los acuerdos comerciales preferenciales no promueven el libre comercio multilateral. Por ejemplo, la India ya disfruta de un acceso con tarifas bajas a los mercados estadounidense y europeo bajo la figura de nación menos favorecida, y es ingenuo pensar que ofrecerá abrir sus propios mercados en el corto plazo. La proliferación de acuerdos comerciales preferenciales también hace que el comercio sea más complejo: se necesitan complicadas “normas de origen” para decidir si las mercancías que son producto de cadenas de suministro internacionales califican para el trato libre de aranceles. Los críticos han comparado durante mucho tiempo el enjambre de reglas con una fuente de tallarines.
El status de nación menos favorecida es el reconocimiento de que los países en desarrollo no pueden comerciar en igualdad de condiciones con los países industrializados. Eliminar esta figura generaría una auténtica ley de la selva. Por esta razón, las regulaciones – como en otros casos- son vistas como “trabas al comercio” u “obstrucciones favoritistas”.
Lo cierto es que desde la Ronda de Doha –truncada en 2015– la OMC no ha producido ningún acuerdo internacional importante y se ha topado con problemas nuevos como el de regular el comercio electrónico de los colosos como Google, Facebook o Amazon.
Desatada la guerra comercial de Trump contra China, en 2017, y obstruida la designación de jueces para el tribunal arbitral, Azevedo ha visto pocas razones para seguir en su cargo. Los EE.UU. que tanto despotrican por la ineficacia de la OMC para “poner en caja a China” que subsidia a sus industrias desde el Estado, sin embrago, se han visto beneficiados por su pertenencia a la OMC, al igual que sus integrantes.
El ataque norteamericano sobre la OMC no es más que la continuación de la política exterior de Trump –extendida a la OMS– que ha puesto en crisis las organizaciones internacionales, tal como está tensando la cuerda en América Latina con la postulación de Mauricio Claver-Carone como presidente del BID. Esos ataques se desataron porque Trump –y el núcleo conservador que lo apoya- considera que la voluntad de los EE.UU. no está suficientemente respetada en el mundo y prefiere “organizaciones atendidas por sus dueños”, un gran error de alguien que apenas conoce la historia y nada de relaciones internacionales. Lo más seguro es que sin instituciones de gobernanza global China tendrá asegurada una pieza angular en su camino hacia el liderazgo del nuevo orden mundial post pandémico.
