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Opinión 03 06 2020

Que lo urgente no tape lo importante, que Argentina sea un país sin manicomios


Autor: Luciano Grasso









Los manicomios forman parte de nuestra sociedad desde hace más de un siglo, y actualmente continúan siendo un grave problema a resolver, a pesar del consenso mundial respecto a que no son válidos desde lo científico – técnico y, sobre todo, que no hay dudas que vulneran derechos humanos.  

Desde hace décadas, organismos internacionales, a través de diferentes documentos y acuerdos, y la Ley Nacional de Salud Mental sancionada hace 10 años, instan a una transformación del modelo manicomial hacia uno centrado en la comunidad. Por diversas y multidimensionales razones, poco se ha avanzado en el cumplimiento efectivo de la ley, que implica la sustitución definitiva de los monovalentes y la creación y el fortalecimiento de una red de salud mental con base comunitaria. En Argentina, si bien se implementan dispositivos de provisión de cuidados basados en el modelo comunitario, en términos generales el modelo de atención está centrado en las instituciones con internación monovalentes. Esto resulta incompatible con el marco normativo y no da respuesta efectiva a los problemas prevalentes de salud mental, de una manera que garantice los derechos de las personas. 

Hoy, en el contexto de la pandemia, la dolorosa noticia de la terrible muerte de un paciente del Hospital Borda atacado por una jauría de perros, sumada a la cantidad de contagios COVID 19 en algunos monovalentes, ameritan reactualizar el problema que, sin lugar a dudas, debe estar en agenda pública y ser priorizado a la hora de tomar necesarias y urgentes decisiones. 

Quienes están internadas en instituciones monovalentes son personas de riesgo en relación al COVID 19, por las mismas internaciones prolongadas:edad avanzada, patologías crónicas, consumo prolongado de psicofármacos. La institucionalización los/as puso en riesgo. 

Al igual que las villas y los geriátricos, estas instituciones son ámbitos de alta vulnerabilidad y contagiosidad, por lo cual es más probable que en este tiempo, allí se vuelvan a vulnerar derechos. Por eso es imprescindible y urgente que también se tomen medidas en los hospitales monovalentes: se deben garantizar insumos de protección a trabajadores/as y usuarios/as, limpieza de las instalaciones y disponibilidad de artículos de higiene. Es fundamental que se sostenga la comunicación de los pacientes con sus vínculos externos: debe haber disponibilidad de teléfonos y videollamadas, más aún en un contexto en el que se restringen o prohíben visitas. A su vez, que no se suspendan los tratamientos y estén disponibles los psicofármacos. Pero sobre todo, se debe disminuir drásticamente la población internada, por el riesgo que implica la estrecha convivencia. 

En síntesis, se debe profundizar lo que debió hacerse y debe continuar post pandemia: externar a quienes no tienen criterio de internación y tienen referentes vinculares, acompañando a los familiares con apoyos económicos si los requieren. Paralelamente, disminuir admisiones y fortalecer la atención domiciliaria y la continuidad de cuidados. 

Para avanzar en este proceso, contamos desde el año pasado con una fortaleza: durante el 2018 y 2019 realizamos junto al ex Ministro Adolfo Rubinstein, el Primer censo Nacional de personas internadas por motivos de salud mental, que a su vez fue también el primero en Latinoamérica. Este censo nos permitió saber que en nuestro país hay 12.035 personas internadas en las 162 instituciones con internación monovalente, públicas y privadas, cuyo promedio de edad es de 50 años. La mayoría tiene vivienda, posee ingresos (aunque no los puede administrar) y tiene cobertura social. Es decir, la mayoría tiene condiciones que se convierten en oportunidades para su externación. 

Pero el dato más alarmante es que el promedio de tiempo de internación es de 8 años, y que dos terceras partes de la población que está internada, no está en una situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros (única razón por la que podrían estar internados, según la Ley vigente). Para decirlo de una manera más clara: la mayoría de las personas que hoy están en los monovalentes, no tienen criterio de internación. No están internadas, están allí viviendo. 

No se puede naturalizar el hecho de que, de esta manera, se está vulnerando su derecho a vivir libremente y en comunidad. No hay problema de salud mental que justifique que una persona viva en un hospital. A nadie se le ocurriría que alguien que tiene una enfermedad crónica, como diabetes o hipertensión, viva en el hospital. Esa persona tiene derecho a un tratamiento oportuno, viviendo en la comunidad. Quien tiene un problema de salud mental, tiene el mismo derecho. 

¿Qué dice la Ley Nacional 26657? Que la salud mental debe ser abordada desde su complejidad, en una red comunitaria, de manera interdisciplinaria e intersectorial. En cuanto a las internaciones, sólo deben indicarse como último recurso, por periodos breves y en hospitales generales. En cuanto a los monovalentes, deben avanzar en el camino a su sustitución definitiva por dicha red comunitaria. 

A su vez, según la normativa vigente, deben presentar sus planes de adecuación antes del 31 de agosto. Así lo estipula la Resolución 3250/2019 firmada por Adolfo Rubinstein. Esta normativa cuenta con la aprobación del Órgano de Revisión Nacional  y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, fue avalada por la Organización Panamericana de la Salud OPS y contó con aportes de las direcciones de salud mental de las distintas provincias, y del Consejo Consultivo Honorario de Salud Mental. 

¿Qué dice esta Resolución? Establece pautas para que cada monovalente avance en su transformación y que pueda ser sustituido definitivamente en 3 años, con posibilidad de extenderse 24 meses. Concretamente, debe presentar, antes del 31 de agosto, un Plan de Adecuación Individual. 

La normativa nos los prescribe, la experiencia lo comprueba: sabemos lo que no hay que hacer. Y también sabemos cual es la alternativa. Un modelo de atención comunitaria en una red, con equipos de salud mental interdisciplinarios en los centros de salud del primer nivel de atención, servicios de salud mental con internación en los hospitales generales en el ámbito público y sanatorios y policlínicos en el ámbito privado, centros de día comunitarios, hospitales de día, dispositivos para la inclusión sociolaboral y dispositivos habitacionales con diferentes niveles de apoyos, dispositivos de arte y salud mental, entre otros. Varias provincias de nuestro país han avanzado en cambios profundos de su sistema de salud mental en este sentido, y otras tantas van dando pasos en ese camino. 

En este ultimo año se abrió una ventada de oportunidad que no debe ser desaprovechada: en Julio del 2019, se firmó la Declaración del Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones, documento de consenso federal - firmado por los gestores responsables de Salud Mental y Adicciones de las 19provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que estuvieron presentes, junto al Director Nacional de Salud Mental- que refrenda el compromiso con la plena implementación de la Ley. Semanas después se presentaron los datos del Censo Nacional de Salud Mental. Y en noviembre, se aprobó la Resolución 3250/19 que fue producto del trabajo y el consenso de casi dos años, y de los diferentes actores del campo de la salud mental, que resuelve el dilema de saber cual es el proceso a transitar para cumplir con dicha ley. 

Visibilizar la vulneración de derechos de las personas con padecimientos mentales, reconocerlo, planificar la reforma y sobre todo, implementarla, continúa situándose más en el orden del deseo que de la realidad. ¿Por qué cuesta tanto? Porque es un problema histórico y estructural. Afrontarlo requiere, además del compromiso ineludible de los tres poderes del Estado y en todos sus niveles Nacional, provincial y municipal, de un imprescindible y urgente consenso de todos los actores del campo, más allá de las diferencias teóricas, ideológicas, sectoriales, corporativas y desde luego políticas. 

Necesitamos entonces de un compromiso sostenido a lo largo del tiempo: una política de Estado que trascienda a los gobiernos, que incluya las organizaciones de la sociedad civil, a los usuarios y familiares, a los organismos de derechos humanos, a los sindicatos y a los trabajadores. 

Sabemos que este proceso requiere de un profundo cambio cultural que implica a toda la comunidad. Por eso debemos también promover una sociedad más respetuosa de la diferencia y que acepte e incluya a las personas con padecimientos mentales. 

Sin lugar a dudas, se trata de una responsabilidad moral, la de pensar primero en las personas con padecimientos mentales como prioridad, y de actuar en consecuencia. 

Es un camino que se hace al andar, como le dijo Antonio Machado al caminante. No sabemos cuán largo es, pero quienes somos caminantes de la causa justa del pleno ejercicio de los derechos de las personas con padecimientos mentales y de todas y todos, debemos comprender que es por ahí por donde hay que ir. Antonio Machado nos dijo también que hay motivos que hacen imperioso hacerlo hoy. “Porque ayer no lo hicimos. Porque mañana es tarde”. 

El tiempo es ahora. 

En nuestra historia y en nuestro presente, diferentes actores hacen y han hecho mucho por transformar la realidad, por otra salud mental posible. Ellos la imaginaron en el pasado y la imaginan hoy. 

Entonces, nosotros también sostengamos esa utopía que nos hace caminar, la de otra salud posible. Políticas sanitarias en las cuales lo más importante no sea la burocracia, ni los edificios, ni las grandes tecnologías, ni mucho menos los números y las ganancias, sino la responsabilidad inalienable de garantizar el derecho a la salud. 

En la que nos pongamos de acuerdo todos para luchar juntos por la defensa de la salud como derecho, y en particular por la defensa de la Salud Pública, una Salud Pública de calidad, centrada en los cuidados de las personas, en los vínculos entre los trabajadores de la salud y las comunidades, en escuchar al que padece, en los posicionamientos éticos, en definitiva, en la defensa de la vida. 

Pero la defensa de la vida es incompatible con el manicomio. 

Su permanencia es sin lugar a dudas, una de las deudas históricas que tenemos como Nación. Mientras haya una persona viviendo en un hospital por motivos de salud mental, hay un derecho vulnerado, hay una libertad menos, un dolor que persiste. 

Que lo urgente no tape lo importante: Que más temprano que tarde Argentina sea definitivamente un país sin manicomios. 

Publicado en Perfil el 3 de junio de 2020.

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