El 14 de julio se presento la propuesta de políticas energéticas para la Argentina de la Fundación Alem y que se puede descargar del siguiente link: http://fundacionalem.org.ar/actividades/91-propuestas-de-politica-energetica-para-la-argentina y tuve el honor de hacer algunos comentarios en relación con la política de precios y tarifas energéticas que comparto a continuación.
La actual política tarifaria del gobierno repite, lamentablemente, la receta del periodo 2003-2015 que podría resumirse en 3 puntos.
- Emergencia eterna (sancionada antes de la llegada de COVID)
- Congelamiento de precios y tarifas.
- Ruptura de contratos, marcos regulatorios e intervención de entes reguladores.
Los mismos instrumentos arrojan los mismos resultados, pero acelerados en un contexto de alta inflación.
Así vemos un aumento exponencial de la cuenta de subsidios económicos, donde las transferencias a energía explican el 75%.
Estos subsidios cubren la diferencia entre los costos de producción y de prestación de servicios energéticos con tarifas congeladas hace mas de 2 años.
Esta situación implica la aplicación de un subsidio generalizado, que no discrimina a los usuarios que pueden pagar la tarifa plena y quienes requieren la ayuda vía subsidios, es altamente ineficiente y representa un dispendio de fondos públicos, algo inadmisible en la coyuntura actual.
Para poner en orden de magnitud la dinámica reciente de los subsidios, vemos que, en los últimos 12 meses, la cuenta de subsidios económicos demandó aproximadamente USD 7.000 millones, con proyecciones que lo llevan al entorno de los USD 10 mil millones para finales de año.
Esto implica que, en términos de puntos del PBI, se triplica el peso de los subsidios en relación con los niveles de finales de 2019 y se ubica en niveles similares del 2015.
Pero lo preocupante es la velocidad, crecen a mas del 100% i.a. Solo en mayo de este año el 14% del gasto total de la Administración Pública Nacional se destinó al pago de subsidios, un nivel sólo equivalente al año 2015.
Y si observamos el acumulado de los primeros 5 meses del año, los subsidios demandan un monto equivalente al déficit financiero – que es aquel que incorpora el pago de intereses de la deuda -. Dicho de otra manera: Al cierre de mayo y sin subsidios, Argentina no tendría déficit.
Algo parecido pasa con las importaciones de energía, que crecen fuerte este año, producto de la caída en la producción y en la inversión consecuencia de una política de precios y tarifas que a esta altura puede calificarse de suicida.
Llegado al diagnóstico, en el marco de la mayor crisis social y económica de la historia moderna, es necesario delinear una estrategia de salida y aquí tres puntos del documento en cuestión:
El primero en relación con la política tarifaria. Entendemos que las tarifas deben reconocer costos eficientes, compatibles con niveles de calidad propios de servicios públicos y auditados por los ENTES.
Pero es necesario entender que la política tarifaria y de subsidios es tributaria de la macroeconomía y en un contexto de alta inflación, cualquier política tarifaria será un esquema de transición gradual, en el cual no existirá margen para recetas mágicas de correcciones abruptas de precios relativos.
El segundo relacionado a la política de subsidios. La salida de la pandemia dejará más de la mitad de la población en la pobreza o en la indigencia y los subsidios serán más necesarios que nunca y representarán un importante esfuerzo fiscal en el futuro.
Sin embargo, es imperativo abandonar los subsidios generalizados y focalizar la ayuda en los hogares vulnerables.
La focalización debe realizarse en base a mecanismos objetivos y transparentes a partir de atributos sociales que minimicen errores de inclusión y exclusión y alejados del oportunismo electoral.
Para esto, existe una herramienta que es la tarifa social. Un instrumento diseñado y aplicado durante el gobierno de cambiemos que consideramos adecuado para atender a una importante proporción de la población afectado por la pandemia.
Y finalmente, la esfera institucional. Es necesario normalizar los ENTES REGULADORES, inexplicablemente intervenidos.
La realización de las revisiones tarifarias ordenadas en la ley de emergencia vigente y que los entes reguladores no realizan y se hacen los distraídos.
El abandono del congelamiento de tarifas y el retorno al cumplimiento de contratos y marcos regulatorios vigentes que son condición de base para cualquier proceso de inversión, en particular en un sector capital intensivo como el energético.
