La decisión de Parques Nacionales, luego revocada, de declarar “sitio sagrado” al Volcán Lanín en beneficio de los pueblos originarios de la Patagonia abrió un debate sobre la concepción del Estado argentino.
En las últimas semanas, hubo un intento del Gobierno por ampliar los derechos de las minorías originarias de la Patagonia. En concreto, la Administración de Parques Nacionales (APN) declaró “Sitio Natural Sagrado Mapuche al Volcán Lanín”, en la provincia de Neuquén, mediante la resolución 484 sancionada 3 de agosto de este año. Mediante ésta, se determinó que debe crearse un mecanismo de trabajo conjunto con el pueblo mapuche para la elaboración de un plan de manejo del lugar.
Estos avances vienen en sintonía con los que se desarrollaron en otros países latinoamericanos como Ecuador, Bolivia y Chile en las últimas décadas. Allí, han habido procesos mediante los cuales se consagraron derechos a las minorías indígenas, a través de leyes que surgen con posterioridad a la celebración de plebiscitos o bien a través de reformas constitucionales.
Según la bibliografía especializada en la temática, un Estado plurinacional es la organización política y jurídica de una sociedad con varias naciones unidas en un solo Estado con un gobierno representativo plurinacional, y están sujetas a una única Constitución Política. Estados plurinacionales hay en casi todos los continentes, no sólo en América Latina. Más allá de Ecuador o Bolivia, España, Rusia, el Reino Unido, Suiza, Nigeria, Sudáfrica e India son Estados Plurinacionales.
¿Puede Argentina asumir que es un país plurinacional?
El Canciller dialogó con el abogado y periodista boliviano Mauricio Zárate Gonzálvez, quien explica que “la refundación de Bolivia tuvo como hito principal la el proceso constituyente de 2009; que tiene a su vez como pilar las movilizaciones del 2003 en contra del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Uno de los pedidos del pueblo el año 2003 era una Asamblea Constituyente que modifique la Constitución Política del Estado. El 7 de febrero del año 2009, explica este periodista, se promulgó la nueva Constitución, la cual establecía que Bolivia es un Estado Plurinacional.
Zárate analiza las causas de este cambio normativo, y menciona que “la primera a considerar es que en el Censo de Población y Vivienda del año 2001 (8 años antes de la Constitución), un 62,2% de la población censal se declaró indígena; por lo tanto su realidad política, jurídica y cultural merecía tener un reconocimiento en términos demográficos”.
No obstante, el abogado graduado en la Universidad Privada Boliviana plantea que “otro componente relevante para una declaración de Estado Plurinacional, es el político partidario”. Zárate argumenta que “el Movimiento al Socialismo (MAS) de Bolivia ha sido un partido hegemónico que ha sabido hacer eco de la plurinacionalidad en términos discursivos, aunque es importante aclarar que no han respetado siempre esta autonomía de las naciones indígenas, determinada en la Constitución”.
Para el caso Argentino, Fabio Quetglas sostiene que “la Argentina es desde su enorme apertura inmigratoria un país plurinacional”. “Nacimos plurinacionales al dictar nuestra acta de Independencia en Aymará, quechua, guaraní y español”, agrega, y afirma que “nadie en su sano juicio puede negar que Argentina es un país plurinacional, donde conviven credos rusos, judíos, árabes, chinos, africanos, y pueblos originarios”.
El diputado radical considera que “la convivencia no es un hecho natural, es un hecho construido, y nosotros lo hemos hecho razonablemente bien”. También, plantea que “lo importante es que podemos ser diversos bajo el amparo de la misma ley que nos integra”. No obstante, señala enfáticamente que “ser plurinacional no implica convalidar la violencia, todo lo contrario es estimuar la convivencia”. Por eso, considera que “las eventuales reivindicaciones identitarias de los pueblos originarios se puede y se debe hacer por vías pacificas que el Estado argentino prevee”.
“La cuestión de los mapuches es muy grave”, afirma, y argumenta que “muchos derechos de los pueblos originarios están consagrados en la Constitución y en la legislación vigente”. El boina blanca sugiere que la cuestión de los mapuches, planteada en terminos de extorsion violenta, es equiparable con grupos terroristas o con los montoneros “por el uso de la violencia y porque no reconocen la legitmidad del Estado”. Sobre este punto, Quetglas señala la necesidad de tomar cartas en el asunto “para que no haya impunidad ya que de no hacerlo habrá una escalada mayor de la violencia y mayores perjuicios para la sociedad”.
Como reflexión final, Zárate plantea que “la plurinacionalidad no debe confundirse con la multietnicidad y que si bien la necesidad de reconocimiento político de los pueblos originarios es muy importante ahora, incluso como Derecho Humano de autodeterminación; el riesgo de contraponer este reconocimiento a una nación matriz es algo que no debe ignorarse”. En este sentido, Zárate concluye que “la existencia de una nación aymara (o mapuche) no debe contradecir que esta nación originaria se encuentra dentro de la nación boliviana (o chilena o argentina), y que considerarse aymara o mapuche no significa dejar de ser boliviano, chileno o argentino”.