Un juez español ha decidido procesar a cuatro exdirigentes de la banda terrorista ETA por supuesta responsabilidad en el secuestro y asesinato del concejal conservador Miguel Ángel Blanco en julio de 1997, un crimen que conmocionó a España.
Manuel García Castellón, magistrado de la Audiencia Nacional, los procesa por los delitos de secuestro y asesinato terrorista con agravante de alevosía y les impone el pago de una fianza solidaria de dos millones de euros.
Los acusados son Soledad Iparraguirre, Anboto; Miguel Gracia Arregui, Iñaki de Rentería; José Javier Ruiz Arizkuren, Kantauri; y Mikel Albisu, Mikel Antza, todos miembros del comité ejecutivo de ETA aquel año.
El juez concluye, en un auto conocido este jueves, que la decisión de secuestrar al concejal vasco de la localidad de Ermua, de 29 años, requirió el consenso de todos los integrantes de la dirección de ETA.
Además, los cuatro exjefes pudieron haber impedido el asesinato del joven, pero no lo hicieron, lo que evidencia “una voluntad inequívoca en la producción del resultado”, según el juez.
García Castellón ve improbable que los miembros del comité ejecutivo de ETA no ordenasen un atentado como este ni que lo perpetrase un comando sin mediar planificación previa, órdenes concretas y específicas, emanadas de la principal estructura directiva de la banda terrorista.
Tanto el secuestro como el asesinato de Blanco, concejal del ayuntamiento vasco de Ermua, desencadenó una ola sin precedentes en España de grandes manifestaciones de indignación contra ETA y quienes justificaban o no condenaban sus crímenes.
La Audiencia Nacional condenó el 30 de junio de 2006 a Xabier García Txapote a 50 años de cárcel por el secuestro y asesinato, igual que a su compañera, Irantzu Gallastegui Amaia.
En más de cincuenta años, ETA asesinó a 858 personas, según datos del Ministerio español del Interior; atentó contra bienes públicos y privados, recurrió al secuestro y extorsionó a decenas de empresarios. Hasta que el 20 de octubre de 2011 anunció “el cese definitivo de su actividad armada”.
La banda publicó el 3 de mayo de 2018 una carta fechada el 16 de abril de aquel año para manifestar la decisión de “dar por terminados su ciclo histórico y su función, dando fin a su recorrido”, después de un debate interno entre sus miembros.
No obstante, más de 300 crímenes atribuidos a ETA siguen sin haberse aclarado judicialmente. EFE
