Se dice con razón que el Presupuesto del Estado es la muestra cabal de decisión política de un Gobierno, ya que evidencia, más allá de declaraciones, estructuras y jerarquías, la priorización de asuntos que asume como propia. Con tanto mar de fondo en materia Ambiental, más allá de la verdadera importancia del tema, hoy la presión social es alta sin dudas, por lo que resulta interesante ver la asignación ese rubro para 2021 y poner blanco sobre negro. Las quemas en diversos ecosistemas, la ley de humedales, la (mala) aplicación de la ley de bosques, los déficits energéticos y la baja inversión en energías limpias, entre otros, son temas que dominan los medios en la actualidad. Pero aún más interesante podría ser ver la evolución histórica en materia de voluntad política “verde”, fundamentalmente con el fin de pensar que nos depara el destino y que se puede hacer para cambiar la tendencia actual que nos lleva a alejarnos de nuestro futuro deseado, los ODS.
Para un análisis desde esta perspectiva del Presupuesto Nacional, es interesante considerar el agrupamiento de partidas en función de los Servicios Económicos como criterio de agrupamiento, o sea en que sector el Estado invierte sus recursos y produce resultados en el contexto de nuestro territorio. Así, en materia de identificar prioridades se pueden comparar los recursos volcados en la partida Energía, Combustibles y Minería, principal componente de la acción del Estado que resta respecto de la mitigación del cambio climático, con la (mal) denominada Ecología y Medio Ambiente, donde los esfuerzos se supone que suman en ese sentido.
PRESUPUESTO NACIONAL: Servicios Económicos y Total Presupuestado. Período 2013-2021
Fuente: Elaboración propia en base a las planillas publicadas por la Oficina de Presupuesto de la Nación.
Según se ve en la Tabla, el análisis del presupuesto Nacional 2021, en perspectiva con los anteriores desde 2013, tiene buenas noticias y malas también.
La buena es que se mantiene la participación de la Autoridad Ambiental en el global del presupuesto total, llevándose unos $ 9.600 millones, más allá de que el incremento compita apenas con la inflación y de que al rondar el 0,11% del total, solo supera a cuestiones como género y cultura en todo el espectro de la Administración Pública Nacional. La mala es que se reducen partidas, como las de Parques Nacionales con un aumento (5%) muy por debajo de la inflación (40/50%), que tampoco termina de consolidarse el Fondo que crea la Ley de Bosques y que en otras jurisdicciones, la asignación al Manejo del Fuego baja un 40% respecto a este año, en valores nominales por lo que considerando la inflación el detrimento es aún mayor, siendo muy preocupante teniendo en cuenta la performance en ese tema que tuvo el Estado en este fatídico 2020.
Otra buena, es que también se recupera en parte la tendencia comprobable en la última década sobre la importancia creciente que se le ha dado a estos temas, donde la participación en el total de la inversión en estos Servicios, que había bajado en 2018 al 0,11 %, se lleva para 2021 a la franja del 0,2 al 0,3 %. La mala es que, coincidiendo con el enfoque que plantea el informe al respecto de la FARN (1), se mantiene también la baja proporción respecto de aquellas políticas que sostienen hábitos contraproducentes como los subsidios a los combustibles fósiles en materia de transporte y de energía, en combinación con una baja en las energías renovables. Allí se debe comparar un promedio histórico cercano al 2% de inversión en medidas que como se decía se pueden considerar positivas ambientalmente hablando, con el 50% en aquellas que no lo son, las que mayoritariamente constituyen subsidios a aquellos sectores de energía tradicional. La relación entre ambas inversiones, y por lo tanto prioridades, que muestra una ratio media de 30 en la última década, implica ese nivel de importancia relativa de la preocupación gubernamental, que la economía siga funcionando, no importa a que costo.
Dentro de las conclusiones que se pueden sacar también hay una buena y una mala.
La buena es que crece, de a poco pero crece, la importancia en general de los aspectos ambientales de las políticas públicas en todos los sectores, básicamente a partir de la demanda social, en el más amplio sentido de la palabra, sobre acciones específicas que se reflejan en políticas destinadas, por caso, a la mencionada mitigación del Cambio Climático y sus efectos en nuestras vidas. Lo esperanzador está en que se refleja de alguna manera en el Presupuesto Nacional, por ejemplo en los Programas de Ciencia y Tecnología que generan conocimiento aplicable en materia de sostenibilidad y en el tratamiento de nuevos fondos para atender problemáticas como la gestión de Humedales, que además da un impulso a planes de Ordenamiento Territorial con esta misma mirada.
La mala es que ese poco quizás no alcance viendo hacia adelante, como sostiene la comunidad científica en su amplia mayoría respecto de la inversión global en el tema. El ritmo de transformación de la matriz energética, el cambio de los modelos de producción y de su relación con el ambiente que los contiene, así como de la imposición generalizada del manejo sostenible de los recursos naturales, debe ser mucho mas rápido.
Los efectos de las malas prácticas en todos estos aspectos, y en muchos más, son tan profundos que los cambios demandados no pueden esperar más y ello debe estar reflejado en el Presupuesto Nacional, así como en los sub-nacionales, si es que estos son como se decía al principio la voluntad expresa del Estado que es el rector de nuestro destino.
Los esfuerzos positivos si bien evidencian una tendencia creciente, son a la vez son demasiado variables, donde la cambiante jerarquización del área Ambiental y la participación en el reparto de los recursos, sujeto de los constantes ajustes, son una clara muestra de ello.
Como dice en su artículo el investigador Máximo Palazzi (USAM), hay que perder la vergüenza y empezar a hablar de plata, cuanto se necesita para revertir la tendencia y donde aplicarlo, eso lo que hay que demandar en concreto.
El Estado debe liderar decidiendo donde centra sus esfuerzos, y por lo tanto sus recursos, ya que en ello a todos nos va la vida.
1. “El presupuesto ambiental entre 2013 y 2019: una historia de desfinanciamiento”, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, 2019.
