Al presidente de la Nación Argentina -ello incluye, por supuesto, a Alberto Fernández-, la Constitución Nacional no le confiere atribución alguna para distinguir entre “argentinos de bien” y “argentinos de mal”.
A menos que nos juegue una mala pasada la memoria o, incluso, la lectura del texto de la Constitución Nacional, no existe inciso del “Capítulo III, Artículo 99” de la Carta Magna, que establece las “Atribuciones del Poder Ejecutivo”, que le confiera al Jefe de Estado la potestad de considerar la existencia de “argentinos de bien” o “argentinos de mal”, por lo que, hecha esta aclaración, sería saludable que el Presidente abandone la tentación de creer que está habilitado a juzgar conductas de la ciudadanía lo cual, eventualmente, constituye resorte de la Justicia. Por lo tanto, sería recomendable que el presidente no divida más a los argentinos.
Hace ya algo más de una semana, Alberto Fernández, proclamó: “Cuando termine la Pandemia va a haber un banderazo de la gente de bien”. Resulta cuanto menos arbitrario e impropio juzgar que existen “argentinos de mal” y “argentinos de bien”. Está claro que la referencia estuvo dirigida a denostar a aquellos que participaron del banderazo del #17A que congregó, no solo en la Ciudad de Buenos Aires sino en distintas ciudades del país, a ciudadanos que protestaron ante la pretensión del gobierno de llevar adelante una controvertida reforma judicial, aunque cierto es que no fue el único reclamo de ese “banderazo”.
Considerar que quienes participaron de esa protesta no son “argentinos de bien” resulta un, por lo menos, inapropiado juicio de valor por parte de un presidente, cuya legitimidad democrática no está en tela de juicio pese a que, en más de una oportunidad desde que asumió el 10 de diciembre de 2019, haya asumido actitudes e incurrido en expresiones autoritarias.
Al parecer, al Presidente Fernández lo entusiasma la idea de una celebración popular, un “banderazo”, cuando la Pandemia del COVID-19 se constituya en un triste recuerdo de la historia en nuestro país y ello sería fantástico.
Seguramente a una eventual convocatoria de esa naturaleza asistirán miles y miles de argentinos en todo el país porque todos ellos, adhieran o no al gobierno, anhelamos que la Pandemia del COVID-19 tenga un final y no continúen aumentando los contagios ni las muertes. El virus no le pregunta, a quien lo contrae, su ideología.
A esta altura está más que claro que en esa posible marcha para celebrar el final de la dolorosa pandemia no debiera ser utilizada por el Presidente para intentar erigirse en “héroe” por la esperada derrota del COVID-19 pues, en todo caso, tal condición debe ser conferida a científicos tanto como a los médicos, enfermeros o enfermeras y auxiliares de los centros de salud tanto como a todos aquellos trabajadores que están desde hace casi seis meses en la “primera línea de combate” contra el virus y, además, a todos aquellos trabajadores esenciales que le pusieron desde un principio el cuerpo al riesgo de contraer la enfermedad.
El presidente Alberto Fernández, en su calidad de máxima autoridad del Estado Nacional, en todo caso, hizo lo que debía hacer y, a juzgar por los resultados hasta el presente, habría que ver aún si su plan para enfrentar al Coronavirus en el país fue eficaz. Eso se sabrá al final de esta pesadilla.
Con seguridad, el pueblo argentino se volcará a las calles a celebrar con un banderazo en todo el país cuando la pandemia termine.
Cuando ello suceda, y ojalá sea pronto, sería extraordinario que el gobierno nacional no pretenda desplegar en las calles del país personal de fuerzas de seguridad o, lo que sería aún peor, militantes oficialistas, para “dividir” con un “cordón humano”, en el mejor de los casos, para dejar de un lado en medio de la concentración popular a aquellos que juzgue “argentinos de bien” y del otro lado a los que con su vara considera “argentinos de mal”.
Si se trata de buscar “argentinos de mal” convendría que el presidente repare que algunos están cerca de él. Entre otros se encuentran aquellos que cometieron actos de corrupción contra el Estado durante el anterior gobierno del kirchnerismo. En algunos casos están imputados –muchos ya fueron procesados- por la Justicia, que más temprano que tarde dictará sentencia condenatoria o absolutoria.
Sería saludable para la República y la democracia que el Presidente abandone esa suerte de tentación de abrir juicio sobre las conductas de los otros. Es su obligación alertar a los ciudadanos sobre el peligro de contagio del virus cuando existe una aglomeración en la vía pública o bien lo contraproducente que implican las reuniones en espacio cerrados y, en todo caso, es responsabilidad de los ciudadanos asumir responsabilidades. Lo que ha solicitado el Presidente a los argentinos se logra por vía de la persuasión y no por el camino de la coerción.
El Presidente debiera predicar con el ejemplo. Si no se entiende esto último, tal vez, debiéramos recordar el reciente encuentro del Jefe de Estado con sus “amigos” Hugo Moyano y familia, en la Residencia de Olivos. En la “foto”, que se hizo pública, se lo ve incumpliendo las mínimas normas de distanciamiento social ¿Cómo habría que juzgar esa conducta como argentino? Todavía está a tiempo de enmendar su “nuevo yerro” dialéctico.
