Después de 230 días de Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO), la medida cumplió con su principal objetivo; los contagios en el AMBA se distribuyeron en una larga meseta y el sistema de salud no desbordó. Sin embargo, el costo fue tremendo. La economía cerrará el año acumulando una caída del 12%, con un sobrante monetario que nos dejó en octubre al borde de una hiper inflación y que impone limitaciones al financiamiento del 2021.
En contrario a lo que sostenían muchos políticos, no se trata solo de una perdida material de carácter temporal que puede ser recuperada más adelante. Según Orlando Ferreres, la inversión cayó 30% en el segundo trimestre y acumula 30 meses de retroceso interanual.
Cuando además de la construcción y los equipos de producción que releva Ferreres, le sumamos la inversión en capital humano y social, la caída es más espectacular. El 2020 terminará siendo uno de los años con menos horas de clase/alumno desde que se lleva registros, aún contando las experiencias por Zoom y de acuerdo con la Sociedad Argentina de Pediatría, entre 3 y 4 chicos de cada 10 nacidos en cuarentena no han cumplido con el calendario de vacunación, por no mencionar las menores inversiones en prevención que se reflejan en la caída de las prestaciones de estudios por imágenes que según la gente de ADECRA, se derrumbaron entre 69 y 87% durante abril, según la prestación, pero todavía en septiembre registran caídas que oscilan entre el 31 y el 49%.
Esto quiere decir que la capacidad de producción futura será menor; somos más pobres y el sector público contará con menores ingresos, lo que se traduce en una de tres alternativas: habrá impuestos más altos, emisión inflacionaria, o ajuste del gasto. En rigor, el escenario mas probable es una combinación de las tres; el envío de la reforma tributaria al Congreso es inminente y todos sabemos que no será para bajar la presión tributaria, la emisión continuará el año que viene, aunque no sea de la magnitud que vimos en 2020 y los sucesivos ajustes a los jubilados hicieron que las prestaciones de la seguridad social crezcan en septiembre al 32,4% interanual, lo que significa un recorte real del 3,1% al que se le suma el ajuste en los salarios públicos que hasta agosto, según el INDEC, era del 9,3% real.
A la incógnita de la sostenibilidad en el largo plazo, que requiere conocer cual será el nivel de convergencia de los ingresos y los gastos, puesto que hasta el momento los principales impuestos vinculados a la actividad muestran una caída real del 7,5% (IVA) y 7,9% (Cheque), mientras que no sabemos cuanto del gasto COVID se quedará pegado al presupuesto, tal vez en la forma de un ingreso básico para los jóvenes 18-25 (los estudiosos recuerdan el “flypaper effect”), se le suman las dudas sobre la nueva ola. La experiencia europea y de los Estados Unidos muestra que es muy probable que haya un rebrote cuando vuelvan las bajas temperaturas y resulta por lo tanto fundamental adelantarnos al evento y discutir una agenda contingente.
La mejor forma de enfrentar esa eventualidad sigue siendo la famosa propuesta de Tomas Pueyo en “El martillo y la danza”; esto es: una rápida cuarentena de dos semanas en la que se ponga en marcha un masivo esquema de testeo y aislamiento de los casos, reabriendo luego las actividades de menor impacto en la población que tiene mas posibilidades de acabar ocupando una cama de un hospital.
Si algo hemos aprendido de esta primera ola, que en Argentina fue eterna, es que no podemos encarar otro aislamiento similar, por dos razones fundamentales, la primera es que no lo podemos pagar y la segunda es que se deshilacha el cumplimiento y la autoridad. Ambos efectos son mas sensibles ahora; no hay posibilidad de inyectar otros 500.000 millones de pesos en tres meses sin un serio riesgo de una hiper y no habrá siquiera cuarenta días de alto acatamiento como tuvimos en marzo-abril, si el gobierno no convence a la gente de que esta vez sí sería transitorio.
Lo que también hemos aprendido es que sin una estrategia de testeo y aislamiento muy agresiva no hay modo de noquear al virus y garantizar que el encierro no sea permanente, porque ni bien comience a abrir la economía, resurgirán los contagios, hasta que se alcance un nivel de inmunidad de rebaño como el actual y acompañe la estacionalidad climática. Argentina tuvo dos oportunidades de aplicar el modelo neozelandés o australiano; la primera fue cuando llegaron los casos importados y resultaba relativamente fácil aislarlos, pero no existía capacidad de testeo ni mucho menos una estructura de seguimiento que permitiera aislar a todos los contactos estrechos de los sospechosos. La segunda fue cuando el virus llegó al interior; provincias enteras, con altos presupuestos de salud, como Córdoba, Santa Fé, o Mendoza, fracasaron en aislar los primeros desbordes y después solo pudieron recurrir a un mayor aislamiento.
Ahora hay tiempo. Para evitar otra cuarentena eterna tenemos que mejorar los sistemas de testeo y aislamiento, a los efectos de poder aislar de manera efectiva a los casos confirmados + sospechosos. No basta con un call center que llame una vez por día; es preciso implementar un sistema de licencias laborales automáticas para los C+S, junto a un grupo de asistentes sociales que apoyen su logística de aprovisionamiento básico, para garantizar que no se muevan. Ese mecanismo tiene que ser complementado por un IFE también automático e instantáneo, para asegurar la supervivencia por 15 días de los aislados. Este esquema es desde el punto de vista económico y social, mucho mas barato que una cuarentena de 230 días.
Publicado en Clase Media, el newsletter de Martín Tetaz, el 9 de noviembre de 2020.
