martes 5 de marzo de 2024
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¿Por qué no escucharon?

El reciente fallo de la jueza de Nueva York, Loretta Preska, haciendo lugar al reclamo del fondo Burford por no haberse expropiado la parte accionaria que poseía el grupo Petersen (Eskenazi) en YPF, expuso una gestión de una imprudencia tan manifiesta y temeraria por parte de la administración kirchnerista, que hace dudar seriamente si detrás no existe el propósito deliberado de obtener una ganancia espuria a costa del país.

Repasemos los hechos. En su momento, el gobierno de Néstor Kirchner presionó a Repsol, que controlaba la YPF privatizada por el gobierno peronista de Carlos Menem, para que aceptara un socio local. Un amigo del gobierno, el grupo Eskenazi propietario del Banco de Santa Cruz, “compró” el 25 % (14,9% primero y 10% un tiempo después) de acciones de YPF sin plata. Se estableció que el precio sería abonado con los dividendos que pagara la misma YPF. En los años siguientes se produjo un verdadero vaciamiento de la empresa, se disminuyeron las inversiones y se pagaron anualmente importantes dividendos que se giraron al exterior y se utilizaban para pagar la deuda de Eskenazi. Todo ello con la complicidad de los directores puestos por el estado que aprobaban año a año los resultados contables. Sólo para tener una dimensión del fraude, se permitió distribuir dividendos del 90 %. Entre 2008 y 2010 YPF distribuyó en efectivo el 142% de sus ganancias. 

Cuando en el año 2012 el kirchnerismo propuso la reestatización de YPF, la UCR luego de debatir internamente la posición orgánica del partido, decidió acompañar la propuesta de tener una sociedad estatal en el manejo de la explotación de hidrocarburos, que era la línea histórica del radicalismo y lo más apropiado para revertir la aguda crisis energética que asolaba al país. Pero decidimos hacerlo con un proyecto propio que estableciera un camino serio y racional para llevar adelante esa idea, y separarse de la iniciativa de tono “épico” y con modos y formas confiscatorias que llevaba adelante el oficialismo.

En la sesión de Diputados del 3 de mayo de 2012 hubo dos proyectos, el de mayoría del oficialismo, y el de minoría de la UCR. Se aprobó en general la estatización de YPF y, en la votación en particular, el radicalismo propuso que se compraran la totalidad de las acciones de la clase “D” de YPF en poder de Repsol y el grupo Petersen (Eskenazi), que hubiera un plazo para consensuar la compra antes de iniciar el proceso expropiatorio, que se realizara una auditoría para determinar el cumplimiento de las concesiones y los pasivos ambientales y así fijar un precio justo y razonable. Asimismo, la conformación de una Comisión Bicameral para analizar la transferencia accionaria en favor del grupo Petersen. 

No fuimos escuchados. El oficialismo impuso su mayoría y los diputados radicales votamos en soledad esas propuestas.

Posteriormente, la UCR rechazó los DNU del gobierno que dispusieron la intervención de YPF y de Repsol, por ser manifiestamente ilegales. Además, dos años más tarde, votó en contra del convenio de solución amigable y avenimiento de expropiación que el gobierno suscribió con Repsol, por el que se le reconoció un valor de U$S 5000 millones. En el dictamen de minoría se advirtió expresamente los riesgos que podía acarrear no cumplir con el art. 7 de los Estatutos cuando se realizaba una Adquisición de Control. 

Por supuesto, el gobierno no hizo caso, no controló los pasivos ambientales, ni el cumplimiento de las concesiones, ni las características del endeudamiento de YPF, ni tampoco recurrió al Tribunal de Tasaciones como exigía la ley.

Sin el cobro de los dividendos la empresa Petersen entró en proceso de quiebra en España. Ahí aparece la venta de sus derechos al fondo Burford. Que el gobierno de aquel momento no arreglara las cosas con la empresa “amiga”, y que ésta luego vendiera sus derechos a un fondo buitre que ahora consigue una indemnización por un monto escalofriante, suscita lógicas suspicacias acerca de que hay detrás de estos hechos, que deberán investigarse. 

El nudo de la cuestión no fue entonces estatizar YPF, sino el modo irresponsable en que se lo hizo. La UCR advirtió que se estaba tomando un rumbo equivocado y cuál era el sendero correcto.

Fruto de un obrar tan irresponsable, ahora el país se enfrenta a estas graves consecuencias.

Publicado en Clarín el 12 de septiembre de 2023.

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