Con el espíritu provocador que caracteriza a la administración del presidente Milei alguna de sus espadas podría lanzar: ¿Por qué no tarifamos el servicio de justicia? En otras palabras, ¿por qué los jueces no pueden vender sus fallos? Rápidamente le responderíamos: porque asumimos como un hecho que un juez y su accionar no responden a la lógica de mercado y detentan una integridad en su ejercicio.
No obstante, la mayor parte de la ciudadanía está convencida de que, al menos un sector de la Justicia -especialmente la dedicada a juzgar delitos graves que afectan a la Nación-, es permeable a esta tentación pecuniaria. Así lo demuestra una encuesta de la Universidad Di Tella que indica que solo el 8% de los argentinos confía en la Justicia -lo cual es entendible frente a la casi nula resolución de casos de corrupción, que alientan la sensación de impunidad e incredulidad-.
Asimismo, en términos institucionales, se ha sumado en la actualidad una doble amenaza: por un lado, la idea de tabula rasa esgrimida por el Presidente Milei para expiar de sus pecados a todos los que quieran sumarse a esta Génesis nacional que implica su administración como se contempla, por ejemplo, en su elección de personalidades con un pasado polémico en áreas judiciales del Ejecutivo y del Poder Judicial. Allí parece aplicarse el perdón presidencial donde es de esperar un fallo y un castigo. Por el otro, la usurpación y la utilización que ha hecho el kirchnerismo sobre la Justicia a la que acusa de arbitrariedad y persecución -por no citar las innumerables presiones vividas por el Poder Judicial desde el día cero de los distintos gobiernos kirchneristas-.
Tanto la cosmovisión libertaria de que todo puede venderse y su concepción de tabula rasa como la idea de que la Justicia es la expresión de una hegemonía política -y que, por ende, no existe la imparcialidad- ha llevado un debate, en principio teórico, a un terreno peligroso en lo práctico como se observa en las recientes nominaciones propuestas por el Presidente Milei para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación que incluyen a un juez federal cuestionado. ¿Es posible una sociedad -y, por lo tanto, una Justicia- donde el único ideal regulador sea enriquecerse?
¿En qué valores se sostiene la figura del juez frente al mercado? ¿En qué sustentar las funciones del Poder Judicial en una sociedad que solo funcionaría frente a la oferta y la demanda?
Médicos, educadores, sacerdotes, jueces son todos actores de la vida democrática que preceden al capitalismo, el cual se gestó en instituciones preexistente. Por eso, es imprescindible en este momento de la Argentina volver a pensar en el rol de la Justicia como valor clave para lograr una comunidad de iguales.
El actual experimento argentino que encarna el proyecto libertario es observado con interés por muchos actores internacionales. Dada las decepciones de las reformulaciones de sistemas políticos por medios judiciales (“Mano Pulite”, “Lava Jato”, “Causa Cuadernos”), esta propuesta redentora del Presidente seduce a buena parte de los grupos de poder locales que ven con buenos ojos su “pragmatismo” y una vuelta de página.
Sin embargo, parece imposible resolver las crisis de representación que golpea a nuestro sistema político sin recomponer el rol de los jueces probos y honestos dentro del funcionamiento republicano alejado de la práctica de “compraventa de fallos” que entiende -y no desea- la sociedad.
Por ese motivo, la discusión que en las próximas semanas se dará en el Congreso sobre los nuevos postulantes a la Corte es una oportunidad para que se conforme una mayoría parlamentaria que garantice la honestidad del máximo órgano judicial. Sobre todo, cuando se observa una continuidad en el ataque a instancias de reflexión, lucidez y objetividad, compartida por las figuras protagónicas tanto del actual gobierno como del kirchnerista. El resultado sobre cuál de los dos postulantes es aceptado será en sí un veredicto.
Frente a los retrocesos económicos e institucionales valdría la pena, a riesgo de cierta ingenuidad, hacer una apuesta más osada que la retracción a una sociedad de unificación de poder y mercantilización de todo aspecto humano como ilusión de eficiencia. Más aún si existe el riesgo latente de que buena parte de la sociedad comience a descreer de las bondades de vivir en democracia por la continua banalización de los asuntos públicos, los usos políticos y sectarios de la historia y de los sufrimientos compartidos, junto con la palpable degradación económica.
Por ese motivo, la constitución de una Corte Suprema intachable es un reaseguro que debemos darnos. Si la sombra de una parcialidad y de corrupción se cierne sobre ella, aun suponiendo que se logre la tan deseada recuperación económica, esteremos retrocediendo.
En ese sentido, la seguridad jurídica no es solo una condición para las inversiones sino el refugio que aún tienen las democracias para resolver sus conflictos apelando a un garante al que se le asigna un atributo fundamental: su incorruptibilidad. En otras palabras, que la condición de sus fallos es la imparcialidad y no su compra. Parece obvio. Pero vale la pena recordarlo.
Publicado en Perfil el 11 de abril de 2024.
