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Opinión 30 07 2020

Por qué es tan importante cuidar la Corte Suprema


Autor: Roberto Saba









Las instituciones tienen roles que determinan su diseño y funcionamiento. Sus atribuciones, los perfiles y forma de designación de sus miembros, o la dinámica de su trabajo, dependerán de cuál sea la misión que se les asigne.

La Corte Suprema no escapa a esta regla. Su misión en nuestro sistema político está supeditada al hecho de que nuestra Constitución, que el Tribunal debe aplicar a casos concretos, expresa valores que nos definen como comunidad política. La libertad y la igualdad son dos de ellos y ambos subyacen como fundamento de todos nuestros derechos, así como también del sistema de autogobierno democrático que adoptamos para tomar decisiones públicas.

La Constitución está expresada en un texto que debe ser interpretado. Las democracias constitucionales confían en el pueblo y en sus instituciones para hacerlo. A veces es la sociedad civil por medio de sus movimientos sociales la que da el significado correcto a un ideal constitucional, como sucedió con la abolición de la esclavitud o de la segregación racial en otras latitudes, o la lucha contra la violencia estructural dirigida a grupos vulnerables, o la legislación del matrimonio entre personas del mismo sexo en nuestro país.

Estos avances en el refinamiento de la comprensión de los valores contenidos en la Constitución fueron posibles gracias al sostenido y consistente trabajo de la ciudadanía, la cual ha llamado la atención sobre aquello que estábamos haciendo y que no era coherente con ellos. Otras veces, cuando son las mayorías las que avanzan contra esos ideales, nuestro sistema político descansa en el Poder Judicial para ponerles un freno.

La Corte Suprema no es el único tribunal que tiene esta tarea, pero por su posición en la jerarquía del sistema, su voz es más potente y cuenta con mayor autoridad. Volvemos aquí a la cuestión de la misión que define el diseño de la institución. Este Tribunal tiene la misión de decirnos cuál es el significado de esos principios constitucionales que nos definen.

Así lo ha hecho cuando reconoció que la autonomía personal impedía la aplicación de sanciones penales a aquellas decisiones que tomamos y que no dañan a terceros (como la que se aplicaba al consumo personal de estupefacientes), o cuando impidió que se nos impusieran planes de vida que no deseamos (como la que declaró inválida la prohibición del divorcio), o cuando dispuso que los crímenes de lesa humanidad no son ni perdonables ni prescriptibles. Los jueces y juezas de la Corte no deciden estas cuestiones a partir de sus convicciones personales (o no deberían hacerlo).

Lo hacen luego de un complejo proceso en el que las partes de un juicio debaten ofreciendo razones públicas, generalizables y universalizables. Las partes de un proceso no pueden defender sus demandas en base a preferencias. Deben recurrir a principios. Lo mismo hacen los jueces en sus sentencias.

En suma, la Corte tiene la crucial misión de decirnos cómo debería interpretarse la Constitución y, por lo tanto, contribuir a identificar aquello que nos define como comunidad política. Algunos juristas y filósofos han dicho incluso que las Cortes Supremas tienen un rol de educadoras cívicas por este motivo.

Esta tarea no se realiza en el vacío y requiere de diseños institucionales que contribuyan a que pueda realizarse.

El modo en que se eligen los miembros del Tribunal, el método que adopten para decidir, el lenguaje en que expresan sus sentencias, el peso que le asignen a sus decisiones pasadas, la búsqueda de acuerdos entre sus miembros para tratar de hablar con “una sola voz”, todo esto y mucho más puede contribuir a lograr o impedir aquella misión central que tiene la Corte como intérprete constitucional y educadora cívica.

Una vez más, como sucede con casi todos los nuevos gobiernos desde 1983, surgen iniciativas para modificar diferentes aspectos del funcionamiento de nuestra Corte Suprema.

No siempre estas iniciativas han sido negativas. Basta recordar los cambios introducidos en el proceso de designación de jueces logrado en 2003 que lo hicieron más transparente y participativo, lo cual redundó en una mayor confianza y legitimidad del tribunal.

Hoy circulan propuestas de ampliación de su número de miembros, de generar condiciones para que decida más casos, o de dividirla en salas dedicadas a decidir sobre la aplicación de diferentes ramas del derecho. Algunas de estas ideas parecen entrar en contradicción con aquella misión de la Corte.

Por ejemplo, hoy la Corte decide alrededor de 7000 causas al año, 70 veces más casos que su par de los Estados Unidos, la cual tiene una misión similar en un país que tiene 10 veces más población y el doble de Estados sub-nacionales. Más decisiones implica más riesgo de contradicción y de error. Además, no hay debate público ni sociedad civil capaz de procesar miles de sentencias al año. La Corte ejerce mejor su rol, cuando decide menos y mejor. La división en salas, por su parte, parece presuponer que la Constitución es diferente en los casos penales que en los civiles. ¿Es acaso la igualdad ante la ley un principio distinto en un caso en el que se aplica una pena que en otro en el que se discute una cuestión de derecho de familia? El riesgo de conflictos e inconsistencias entre lo decidido por esas salas es previsible.

Por supuesto, siempre hay espacio para mejorar una institución, pero también para tornar imposible el cumplimiento de su misión.

Así, la métrica para proponer cambios es la de evaluar si estos contribuyen al desempeño de su rol o lo tornan inalcanzable.

Publicado en Clarín el 30 de julio de 2020.

Link https://www.clarin.com/opinion/importante-cuidar-corte-suprema_0_YbrKSwc9k.html