Si la renegociación de la deuda concluye satisfactoriamente, el país entrará en una nueva etapa. La renegociación no es una panacea, pero sí una condición necesaria para encarar los desafíos económicos y sociales de la nueva normalidad, más agudos que en la mayoría de los países del mundo dadas nuestras condiciones al iniciarse la pandemia.
Aunque difícil, el sendero de la reconstrucción es factible. Pero para comenzar a transitarlo es necesario un plan. No en el sentido ‘soviético’, claro, sino en el de contar con un conjunto de políticas orientadas por una visión de hacia dónde deberíamos movernos.
Esas políticas deben contemplar la estabilización macro, las reformas micro-sectoriales necesarias en la estructura productiva, y el establecimiento de condiciones para el mercado de trabajo y de protección para los sectores desfavorecidos adecuadas a la nueva realidad social. Por cierto, deben formularse de manera consistente, y las áreas de gobierno involucradas deben actuar coordinadamente.
Pero además esas políticas deben contar con amplio respaldo dentro y fuera de la coalición gobernante. Obtenerlo es una cuestión eminentemente política. En este plano, el Gobierno enfrenta dos serios desequilibrios. Uno que podemos llamar micro y el otro macro. A continuación nos concentramos en esta cuestión. Discutir los lineamientos económico-sociales del plan de reconstrucción queda para un próximo artículo.
En el espacio micro, el °albertismo° se enfrenta al desafío mayúsculo de conducir a la heterogénea coalición que le permitió alcanzar el triunfo electoral. Allí se agrupan el kirchnerismo que conduce la Vicepresidenta y controla las gobernaciones de Buenos Aires y Santa Cruz; los otros gobernadores peronistas que en su mayoría ocupan esos cargos respondiendo a lógicas provinciales; y la pléyade de políticos peronistas que operan a nivel nacional y subnacional.
Están las conducciones sindicales de los trabajadores privados, empleados en ramas de la producción y servicios con realidades muy disímiles, así como las que representan a los agentes públicos, desde las áreas de seguridad a las de salud y educación. También los movimientos sociales, entre los cuales predominan el Movimiento Evita y la CTEP. Y para completar el cuadro, los empresarios que procuran beneficiarse de las cuasi-rentas estatales.
Más allá de personalidades e intereses particulares que pueblan el peronismo, debe recordarse que suele identificárselo como movimiento y no como partido. ¿Por qué? Debido a que los dirigentes de sus diversas facciones tienen diferentes bases de poder y utilizan “monedas” políticas disímiles, a menudo incompatibles, para relacionarse con sus respectivas bases electorales.
Los diferentes peronismos invocan a conjuntos sociales de muy diversa composición: el pueblo, los ciudadanos, los trabajadores, los empresarios nacionales, las clientelas (a veces cautivas y a veces no). Estas apelaciones a públicos diversos implican lógicas difícilmente conciliables, más aún en épocas de vacas flacas como la actual.
El primer equilibrio que el Presidente debe procurar, por ende, es el de este espacio micro. Resulta obvio que en él, Alberto no cuenta con la capacidad de recurrir a úkases verticalistas como podían hacer Perón o los Kirchner. Debe descansar en la persuasión o en maniobras que aprovechen las contradicciones entre los integrantes de la coalición oficialista para llevar adelante sus propuestas, que en verdad la ciudadanía aún no conoce. En resumen, lograr equilibrios micro es lo que le abriría al Presidente la posibilidad de gobernar al gobierno.
En el plano macro el titular del poder Ejecutivo enfrenta asimismo severos desequilibrios, y para hacerlos frente no debe caer en las mismas creencias fantasiosas que afloraron recurrentemente en nuestra historia. Estas tentaciones se agigantan en la medida en que la doble emergencia, sanitaria y económico-social, multiplica las demandas al Estado.
El Gobierno no debe olvidar que funciona en un sistema político desequilibrado, problema que la democracia no ha podido resolver en casi cuarenta años, y en una sociedad cruzada por graves desigualdades distributivas así como por realidades muy diferentes en los horizontes de vida de sus habitantes.
¿Qué implican estos desequilibrios estructurales desde el punto de vista de la coyuntura? Que dada la fragmentación que hoy se observa en la política y la sociedad, el Gobierno por sí solo no podrá enfrentar los próximos desafíos que plantea la emergencia.
Si esto es cierto, debería aceptarse que el exceso de DNUs que desdibujan el rol del Congreso, o la tentativa de imponer contra viento y marea una reforma judicial, que parece hecha a medida de intereses particulares y suscita en muchos actores el temor de una posible deriva autoritaria, no contribuyen a lograr apoyos fuera del gobierno.
Tampoco ayudan sus conductas paternalistas hacia la ciudadanía en general, y en particular hacia los empresarios privados y los trabajadores, actores imprescindibles de la reactivación económica.
Esto último no sólo se evidencia en la manera de gestionar la pandemia, que sugiere falta de confianza en la responsabilidad de la población, sino también en la ilusión de que contamos con un Estado omnipotente, ilusión compartida por todas las facciones de la coalición.
Por el contrario, las autoridades deben partir del dato duro de que el Estado argentino, del cual todos pretenden atención y protección, es un organismo frágil, muy deteriorado y con una soberanía limitada, como la extrema desconfianza en el valor de su moneda lo pone de manifiesto.
En esa situación, recurrir a la negociación y a los acuerdos con actores que están fuera de la coalición gobernante es ineludible, no para eliminar los conflictos, sino para gobernarlos. En síntesis, así como alcanzar los equilibrios micro es crucial para gobernar al gobierno, el logro de los equilibrios macro es vital para gobernar la sociedad.
Publicado en Clarín el 12 de agosto de 2020.
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