La célebre frase “Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos”, que suele atribuirse a Porfirio Díaz aunque fue creada por el escritor Nemesio García Naranjo en 1962, casi medio siglo después de la muerte del dictador, tal vez merezca una actualización, porque el país está a punto de entrar en un período en el que corre el riesgo de alejarse de la vida democrática.
Este domingo, 1 de septiembre, asumirán sus bancas los legisladores federales electos el 2 de junio y el partido gobernante –que seguirá al frente del Ejecutivo durante el próximo sexenio– tendrá prácticamente aseguradas las mayorías calificadas parlamentarias para sancionar una serie de reformas que impulsa el presidente Andrés López Obrador y que, según diversos opositores y analistas, procuran diluir la separación de poderes y eliminar los organismos autónomos, entre ellos el banco central y la autoridad electoral, para subordinarlos al gobierno.
Esa mayoría es segura en la Cámara de Diputados, donde el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de López Obrador y sus aliados –el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM)– sumarán en conjunto 364 escaños, equivalentes a 72,8% de las 500 bancas totales. Y estará al alcance de la mano en el Senado, donde la coalición oficialista reunirá 82 de los 128 asientos totales, por lo que solo le faltarán tres votos para conseguir los dos tercios necesarios para aprobar determinadas leyes.
El objetivo anunciado por López Obrador –que seguirá en el gobierno un mes más, hasta que el 1 de octubre se lo traspase a su sucesora electa, su correligionaria Claudia Sheinbaum– es que el nuevo Congreso sancione durante septiembre al menos cinco de los 20 proyectos de reformas de la Constitución que envió en febrero al parlamento saliente, en el que el oficialismo tiene mayoría simple pero no calificada en ambas cámaras y la gestión de esas iniciativas encontró resistencia en la oposición.
Entre esos proyectos figura una reforma del Poder Judicial que procura, entre otras cosas, que los jueces –incluidos los de la Suprema Corte de Justicia– sean escogidos mediante el voto popular. Otro de ellos impulsa la modificación del sistema de designación de los diputados y senadores federales, que actualmente combina la elección plurinominal y por representación proporcional, tanto para los senadores (96 y 32, respectivamente, por mayoría simple y primera minoría) como para los diputados (300 y 200). López Obrador propugna la desaparición de la elección plurinominal.
Asimismo, Morena y sus socios procuran eliminar los llamados organismos constitucionalmente autónomos, entre los que figuran el Banco de México (banco central), el Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la Fiscalía General de la República. Nada menos.
“Estos organismos deben continuar existiendo, pero su naturaleza jurídica debe cambiar, de organismos constitucionalmente autónomos a integrarse a la estructura del gobierno federal”, argumentó la senadora saliente y diputada electa Olga Sánchez Cordero, que fue secretaria de Gobernación (cargo equivalente a ministra del Interior) durante los primeros tres años del mandato de López Obrador y había sido ministra de la Suprema Corte entre 1995 y 2015.
Salvo por los tres votos que le faltan para alcanzar la mayoría de dos tercios en el Senado –que, de todos modos, no parece un desafío complejo para un gobierno tan poderoso y que acaba de renovar con creces su legitimidad de origen, ya que, además del aumento de bancas en Congreso, Sheinbaum obtuvo casi seis puntos porcentuales más que los que logró López Obrador seis años atrás–, el camino parece expedito para el afán renovador del oficialismo. Tanto durante la campaña electoral, como luego de ser consagrada, la presidenta electa se comprometió a continuar la agenda reformista de López Obrador. Y el último requisito para que las reformas entren en vigencia –que luego de la sanción por parte del Congreso federal sean ratificadas por mayoría simple de las legislaturas de los estados (provincias)– se presume un trámite, ya que Morena gobierna y tiene mayorías parlamentarias en 25 de los 32 distritos regionales (31 estados y la Ciudad de México).
“Después de ser una monarquía, el 4 de octubre de 1824 México se convirtió en una república; pasaron 200 años y en septiembre de 2024, México dejará de ser una república para convertirse en una monarquía”, auguró días atrás Enrique Krauze, uno de los intelectuales más brillantes de América Latina y con quien López Obrador suele polemizar desde sus tradicionales conferencias de prensa matutinas.
Krause ya había advertido, en una entrevista con el diario La Nación publicada un día antes de las elecciones, sobre el riesgo de un “resultado abrumadoramente favorable al gobierno” en los comicios. “No me queda la menor duda de que estamos enterrando la democracia mexicana”, sostuvo entonces, y señaló que, en ese escenario, el país se asomaría a una realidad peor que la que vivió durante las siete décadas de hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI), porque este “era una institución” que “tenía federaciones, confederaciones, obreros, campesinos y burócratas”, y, por lo tanto, “había que negociar”, mientras Morena “es un movimiento de masas que obedece a un caudillo”.
Discípulo de Octavio Paz, Krause ha dedicado buena parte de su prolífica trayectoria a estudiar los casos de gobiernos de caudillos y los problemas que, a su juicio, causaron y causan. Lo escribió, entre otros textos, en sus indispensables libros Redentores, El poder y el delirio y El pueblo soy yo.
Mientras tanto, esta semana, el Departamento de Estado y la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos manifestaron su preocupación por la reforma judicial en México, y bancos y agencias financieras internacionales advirtieron que esa iniciativa causará una rebaja de la calificación crediticia del país. López Obrador replicó anunciando una “pausa” en la relación de su país con las embajadas de Estados Unidos y Canadá –sus principales socios comerciales en el tratado de libre comercio TMEC– y subestimando el eventual impacto de una desmejora del riesgo crediticio: “Tenemos muy poca deuda externa ya y tenemos reservas récord, entonces no hay ningún problema, no hay nada que temer”, sostuvo.
