Recientemente se ha instalado en la agenda pública el debate sobre la caída en la tasa de natalidad en nuestro país. En medio de esa conversación, y frente al tratamiento en comisiones del Congreso de proyectos que buscan convertirlo en ley, seguidores del gobierno comenzaron a cuestionar el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA).
Hagamos un poco de historia. Cuando el Plan ENIA comenzó a implementarse en 2017 desde los Ministerios de Salud, Desarrollo Social y Educación durante la gestión del presidente Macri, 15% de los nacimientos provenían de madres adolescentes y casi 7 de cada 10, no habían planeado ese embarazo. Los embarazos en adolescentes presentan mayores riesgos de complicaciones graves, y los recién nacidos tienen mayores riesgos de prematurez, bajo peso al nacer, y problemas de salud y desarrollo. Además, estos embarazos se presentan con mayor frecuencia en adolescentes de sectores más vulnerables, y se asocian a abandono escolar y mayores dificultades para insertarse en el mercado laboral formal, lo que reproduce un ciclo de desigualdad y pobreza. Los embarazos no intencionales, entonces, suponen serios riesgos de salud física y mental, y una tragedia para las trayectorias de vida de estas adolescentes.
Para dar respuesta a este grave problema socio-sanitario, el Plan ENIA apuntó a sensibilizar a los adolescentes sobre la prevención de embarazos, fortalecer sus derechos sexuales y reproductivos; brindar educación sexual integral, acceso gratuito a métodos anticonceptivos y a la interrupción legal del embarazo, y a prevenir el abuso sexual, la violencia y el embarazo forzado.
Algunos detractores del Plan ENIA, de manera falaz y malintencionada, afirman que no se han reducido los embarazos sino los nacimientos, y que esta reducción se relaciona con el aumento de los abortos en la franja de edad de 15 a 19 años. Nada más equivocado. Si bien en nuestro país los nacimientos se redujeron 30% en los últimos 5 años, no sólo en la Argentina sino a partir de un fenómeno global (exceptuando el África subsahariana), entre 2017 y 2022 la tasa de fecundidad en adolescentes pasó de 49 a 27 nacidos vivos por mil mujeres, casi un 50% menos para mayores de 15 años, y en el caso de menores de esa edad, 43%. Un resultado más que contundente. También omiten un dato fundamental: hasta la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la gran mayoría de los abortos no se registraban porque era una práctica ilegal, por lo que sólo se cuenta con estimaciones. Pero, además, de acuerdo con datos del Ministerio de Salud y de Unicef, en 2018 se reportaban 3 mil embarazos por año en niñas de entre 10 y 14 años, en su amplia mayoría, producto de abuso sexual intrafamiliar. Debatir sobre la natalidad en nuestro país ignorando este hecho es de una crueldad e irresponsabilidad grave.
Otros críticos aducen que el Plan ENIA es causante del aumento de infecciones de transmisión sexual (ITS) y VIH/SIDA. También es falso. De acuerdo con datos epidemiológicos del Ministerio de Salud, el aumento de las ITS, especialmente sífilis, ha comenzado su alza a partir de 2011, cuando el Plan ENIA no existía, y en el caso de VIH, su tasa se ha mantenido estable en los últimos años. Por esto, el Estado debe realizar urgente campañas masivas de uso de preservativos y métodos de barrera para concientizar sobre los riesgos de mantener relaciones sexuales sin protección. De hecho, uno de los objetivos del Plan ENIA es mejorar el acceso a información de calidad para cada etapa del desarrollo. No menos ENIA, sino más ENIA. Finalmente, han buscado generar preocupación y temor sobre el uso de métodos anticonceptivos hormonales, aduciendo que son responsables de efectos adversos graves. Esto tampoco es cierto, ya que han demostrado ser una opción segura y eficaz para la prevención de embarazos, probados desde hace ya varias décadas, y sus efectos adversos son absolutamente infrecuentes.
