Hace pocos días la Legislatura de la provincia de Córdoba sancionó con una severidad que no registra antecedentes (seis meses de suspensión sin goce de haberes y la imposibilidad de ocupar cargos en la propia Legislatura cuando se reincorpore), a la legisladora Patricia De Ferrari a raíz de un tuit en el que aludió a la utilización ilegal durante los últimos años del gobierno de Isabel Perón (en los operativos de la Triple A) y en la última dictadura de los Falcon Verde. Pese a borrar el mensaje, pedir disculpas y aclarar que no la representan esos símbolos, la parlamentaria radical fue sancionada en forma contundente.
¿Qué sucedió en la legislatura?
Lo que pasó es que se dieron cita simultáneamente muchos de los problemas que aquejan la vida política cordobesa. Estamos en el umbral más bajo de calidad institucional de nuestra historia democrática. Están sucediendo hechos muy graves en relación a la violación de Derechos Humanos que el Gobierno calla, como los asesinatos de Joaquín Paredes en Paso Viejo (por el cual están imputados cuatro policías) y del adolescente Blas Correas (a quien incluso una clínica no acepto tratar mientras agonizaba) y el doloroso rechazo a ingresar a la provincia del padre de Solange Musse para darle un último abrazo, por citar solo algunos. El Gobierno está anquilosado y muy lejos de los problemas que debe resolver, agravados por la pandemia y condicionado por la extrema vulnerabilidad económica que lo vuelve dependiente del gobierno nacional.
En este escenario, y ante expresiones mías sobre la disolución en tiempo real del Estado de Derecho y de la ausencia de un Estado garante de la ley y de las soluciones pacíficas, aludiendo a la justicia ideologizada de Grabois y evocando los elementos de las bandas paraestatales de 1975, once legisladoras presentaron un proyecto con una Cuestión de Privilegio en mi contra. El mal uso del Reglamento, el nulo derecho a defensa, la violencia institucional y de género en el Recinto confirmaron que la decisión del castigo estuvo tomada de antemano. Siempre invocaron una cuestión de “números a favor de la suspensión” y los planteos fueron circunscriptos a dos tuits, referidos a la escalada mediática del tuit y una andanada de acusaciones sobre lo que pienso.
¿Hubo sobreactuación en tu sanción?
Sin duda. Mi sanción tenía que ser ejemplificadora para amedrentar y procurar silenciar a propios y ajenos. El Gobierno no respeta las minorías, pretende pasar por encima de la división de poderes y tampoco acepta el disenso. Procuraron quebrar la alianza opositora y no pudieron, quedaron en soledad.
No es casual que al mismo tiempo en el Gobierno Nacional funcionarios del área de comunicación están planteando el seguimiento y control de la información que circula en las redes sociales, hechos que van en un mismo sentido. Mayorías que disciplinan y minorías que obedecen o callan, esa es la manera en que pretenden gobernar.
La escasa trayectoria de los firmantes, la inferioridad numérica para impulsar semejante acción política, la invención de una nueva capacidad de degradar la representación y función de una legisladora, y el remate de obligar al voto nominal a los 51 legisladores de Hacemos por Córdoba, es una demostración de fuerza, que evidencia la debilidad política del oficialismo.
Intentaron quebrar la alianza estratégica de la oposición, que les incomoda sesión a sesión. Quisieron obligarlos a acompañar al oficialismo en este delirio. No pudieron. Quedaron en soledad.
¿El oficialismo le teme al debate en redes sociales?
El control de las redes obsesiona al oficialismo K, porque por ahí se cuelan aires de libertad y la coordinación de acciones políticas y discursivas que impiden la instalación del discurso único y su férreo control estatal. Yo lo expreso de manera clara en el tuit que seguía y que no quisieron leer: “Si siguen poniendo tanto esfuerzo, algunos funcionarios en patrullajes ideológicos con toda la fuerza del estado a disposición, sin hacer valer la ley y avasallando al Estado de derecho, van a ser cada vez más parecidos a los dictadores del 70 y de Venezuela”. Atrasan demasiado.
¿Cómo puede entenderse que el sector político que, desde Córdoba, formó parte de la gestión que indultó a los genocidas hoy asuma posiciones tan intransigentes?
Creo que estamos frente a una embestida cultural de magnitud. Los que votaron la autoamnistía en 1983, los mismos dirigentes que estaban después apoyando los indultos de Menen, que han recibido desde expresiones condenatorias desde los organismos de defensa de los Derechos Humanos, además tuvieron hasta un acusado de delito de Lesa Humanidad en su bancada: no son coherentes. No contemplan que además se violan otros Derechos Humanos, a partir de la represión policial y los casos de gatillo fácil, o cuando detienen la circulación de enfermos que mueren en ambulancias por no contar con un sistema de salud adecuada en los hospitales provinciales. Es un Estado negligente y una situación policial sin atenuantes.
Yo creo que estamos en presencia de un marcado autoritarismo, impermeable a la agenda de la sociedad, blindado en el discurso del poder y la fuerza. Que empieza a adherir desembozadamente al discurso del pensamiento único.
Los que defendemos los Derechos Humanos desde siempre, pero reclamamos con fuerza por los de ahora, somos puestos en tela de juicio por aquellos que recién llegan a estas reivindicaciones. No respetan la Constitución y no es inocente que la Justicia y los legisladores empecemos a estar tan condicionados para ejercer libremente nuestras funciones. Creo que este neosetentismo debería verse en toda su complejidad. Y responder políticamente con total contundencia.
¿En el contexto de la cuarentena por el COVID hay varias denuncias por el accionar policial?
Es que la cuarentena y su consiguiente concentración de poder en el Ejecutivo ha funcionado no solo como aceleración de todos los procesos que se venían dando, sino también, y especialmente, como acentuación de las tendencias autoritarias. Hay siete casos de gatillo fácil con dos adolescentes fusilados por la espalda. Esperaron que haya siete muertos por la policía para cambiar al jefe policial, y nos clausuraron en todos estos casos las explicaciones debidas.
¿Cómo sigue tu trabajo?
Voy a seguir trabajando por lo que creo. Por recuperar mi voz de legisladora comprometida con la libertad, los Derechos Humanos y la Constitución Nacional, ya que me han sancionado por lo que dicen que pienso, cuando les molesta muchísimo lo que debato y defiendo en el recinto. Voy a reivindicar mi condición de mujer política, ante la brutal violencia a la que fui sometida.
Creo que es imposible mirar hacia otro lado, cuando están demoliendo a puro mazazos el entramado social, productivo, que trabaja por el progreso del país.
Hay una Argentina por la que vale dar esta pelea. Ya en la década del setenta, ante la anomia generalizada, me prometí que no podía ser indiferente y que la Argentina de la Constitución necesita defensores comprometidos. Compromiso ineludible de quienes formamos parte de la Unión Cívica Radical
