El Gobierno de Javier Milei defendió hoy los alcances del proyecto de Ley enviado ayer al Congreso nacional, al afirmar que “nadie puede dudar que el país atraviesa una situación de extrema emergencia” y al destacar que el espíritu de la iniciativa es generar “más libertad y más trabajo” para los argentinos, según expresó el portavoz Manuel Adorni,
En su habitual conferencia de prensa, Adorni habló del estado de “extrema emergencia” que atraviesa el país, dijo que el Poder Ejecutivo tiene “la misión de evitar una catástrofe y corregir el rumbo decadente” y criticó a los sectores que “no están dispuestos a cambiar y quieren poner palos en la rueda”.
“El proyecto es el resumen de la visión que este Gobierno tiene de la República Argentina y se enmarca dentro de la peor herencia recibida por un Gobierno en la historia argentina”, añadió el vocero tras una nueva reunión de gabinete, que encabezó Milei, y que incluyó -como nota de color- la salida del mandatario y su equipo del Gobierno a los balcones de la Casa Rosada para saludar, durante algunos minutos, a los transeúntes de la Plaza de Mayo.
En sintonía con los conceptos que ya había enunciado para defender el decreto de necesidad y urgencia de desregulación de la economía -dictado hace ocho días y cuyos efectos comienzan a regir mañana-, Adorni dijo que durante el trámite legislativo del proyecto enviado ayer se verá “quiénes son los que se oponen y la gente deberá analizar qué intereses tienen en que esto no cambie”.
En ese marco, destacó que “el espíritu de la Ley es más libertad, más trabajo, que crezca la economía y haya un país distinto” ya que “el modelo aplicado por la política hasta este momento no ha dado resultado”.
El proyecto, llamado “Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos”, que Adorni calificó como “un gran paso entre los pasos a dar”, ingresó ayer a la Cámara de Diputados y pide declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025 y solicita la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo.
La iniciativa, que está firmada por Milei, el jefe de Gabinete Nicolás Posse, y los ministros del Poder Ejecutivo, consta de 183 páginas y 664 artículos.
A lo largo del proyecto se establecen modificaciones impositivas, se suspende la aplicación de la fórmula para actualizar los haberes jubilatorios, y se habilita a imponer sanciones a la protesta, entre otras muchas otras medidas y reformas al Estado.
Sobre la reforma del Estado, consideró que el Gobierno pretende “un Estado limitado, que gaste poco y que solo se financie con impuestos bajos, ni con emisión ni con deuda” y que “deje de molestar a sus ciudadanos y los deje contratar, producir, comerciar, exportar e importar como mejor lo crean”.
El diagnóstico que se utilizó como punto de partida afirma que hay “15 puntos de déficit fiscal entre el Tesoro Nacional y el Banco Central, precios reprimidos en prácticamente toda la economía, un Banco Central sin reservas, un Estado sin confianza, sin crédito y atravesando una inflación en torno al 1% diario”.
En ese sentido, y consultado por la inclusión de más de 40 empresas del Estado para ser privatizadas, el portavoz aclaró que están “sujetas a privatización, los que no implica que necesariamente suceda”.
“Hay empresas que, incluso teniendo la decisión de privatizarse, deben ponerse en valor, deben sanearse”, dijo y señaló además que, una vez saneadas, será decisión del Presidente cual es el destino de cada una de ellas.
La petrolera YPF, Aerolíneas Argentinas, Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Banco de la Nación Argentina, Ferrocarriles Argentinos y la agencia de noticias Télam figuran entre las 41 empresas públicas que fueron declaradas “sujetas a privatización” en el proyecto de Ley.
De acuerdo con el texto, la venta al sector privado de las empresas públicas se funda en “la necesidad de concentrar la actividad del Estado en sus funciones esenciales”.
La propuesta también apunta a “generar mayor competencia y eficiencia económica, reducir la carga fiscal, mejorar la calidad de los servicios, promover la inversión privada y profesionalizar la gestión de las empresas”, según los fundamentos de la iniciativa.
Puntualmente, en el Artículo 8 del Capítulo II del Título II, se declara “sujeta a privatización en los términos y con los efectos de la Ley N° 23.696 de Reforma del Estado, a las empresas y sociedades de propiedad total o mayoritaria estatal”.
De esta manera, se faculta “al Poder Ejecutivo Nacional a proceder a la enajenación de las participaciones accionarias o de capital del Estado Nacional y/o sus entidades en toda empresa privada, que no le otorguen la mayoría de capital social necesario para ejercer el control de tales entidades, para lo cual se aplicarán en lo pertinente los procedimientos previstos en el Capítulo II de la Ley N° 23.696”.
El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 dado a conocer la semana pasada fue el puntapié inicial para avanzar en esta lìnea.
