jueves 30 de mayo de 2024
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Once

Nadie está preso por la masacre de Once. Costó 52 vidas, hay culpables, hay familias destrozadas, pero, por sobre todo, hay impunidad. No fue un accidente, sino una matriz corrupta de apropiación del Estado y el desinterés de muchos ante la corrupción primero y luego en la justicia para las víctimas. Hay quienes te explican cuando uno recuerda a las víctimas – y protesta contra los victimarios- que se usa la justicia penal para perseguir, es la loca tesis del lawfare, aquellos que hoy no pueden mirar a la cara a los parientes de los muertos, a los más de setecientos heridos que causó una política criminal de apropiación de fondos públicos, por todos conocida, por muchos aprobada -al menos como un mal necesario- para ayudar a los mas necesitados.
Costó años tener un mínimo de justicia en la causa de los 52 muertos en Once, no fue un accidente, no fue -como sostuvo el gobierno de CFK- un trabajador indolente el único motivo de las muertes.
Estas fueron la consecuencia previsible de un sistema coordinado de corrupción en el transporte público de pasajeros. Fueron culpa de una gestión donde la corrupción fue la única política de Estado que perduró del primer al último día. El tren a Moreno no era un caso raro, era un hecho más, que hubiera pasado desapercibido si no se hubiera estrellado un tren.
El esquema original de la privatización de los trenes era que cada ramal ferroviario del gran Buenos Aires era concesionado a un grupo empresario en donde convergían empresas que se dedicaban al transporte público de pasajeros con empresas constructoras. Cada grupo empresario tenía una empresa con el expertise de transporte y la otra era una constructora que se quedaba con las obras que le facturaba a la empresa de Trenes, y esta al Estado. El Kirchnerismo mantuvo el esquema, pero, celoso, decidió que la Obra Pública la contratarían desde el Estado y las concesionarias se dedicarían a mantener los trenes y a cobrar los pasajes y el subsidio. A partir del gobierno de Néstor Kirchner la obra pública en los trenes que concesionó la Nación la realizaban los santos empleados públicos de De Vido y los empresarios privados administraban la empresa pública, o sea, el mantenimiento de los trenes y el servicio en sí de pasajeros con tarifa subsidiada -es decir, en parte les paga con boletos y en parte con una factura de TBA SA al Estado-
El tribunal Oral determinó que la empresa decidió que el servicio fue prestado con material rodante en estado deplorable como mecanismo para obtener fondos del Estado para su reconstrucción. Los funcionarios fueron parte de esa artimaña, aún cuando habían sido alertados tanto por la Auditoría General de la Nación como la CNRT, nunca reaccionaron y los trenes nunca fueron reconstruidos. En el fondo, se determinó que la gente debía viajar mal para justificar pagar fortunas a empresas privadas para mejoras que nunca se concretaban, pero, eso sí, en nombre de los más pobres. La empresa cobraba por algo que no hacía -mantener adecuadamente los trenes-, el Estado se dedicaba a dar dinero y a cerrar los ojos. Las constantes alertas que generan los radicales molestos de la auditoría fueron parte de las pruebas de cargo contra los funcionarios que, por su enorme avaricia y corrupción, generaron un pésimo y riesgoso servicio público. A mí no deja de asombrarme que después de lo que pasó – en estos y tantos hechos similares (aunque sin pérdida de vidas) -, se salga a defender a este tipo de dirigentes que han usado un discurso de manejo del Estado para hacer lo contrario, y no lo han hecho gratis.¿No se dan cuenta que si De Vido, CFK, o quien sea, roba y transforma el Estado en un botín no sirven para ninguna ideología? ¿No se dan cuenta que usaron los servicios públicos para obtener retornos y no para mejorar el viaje de quienes viven en Moreno? ¿No recuerdan una presidenta en Villa Luro riéndose de la tragedia arriba del Sarmiento?¿Tan módica puede ser una ideología que debe reunir un ejército de gente sin sentimientos -más que el amor al dinero- para aplicarla, y luego convocar a la población para defender a los personajes del desfalco? ¿Es necesario ir a festejar el día de la lealtad a las cárceles? ¿Es necesario pedir un indulto para personajes como Julio De Vido? Por supuesto que poner la vara de la honestidad alcanza a propios y adversarios. Pero, más allá de las anécdotas, el establecer que desde el poder no se puede hacer cualquier cosa, y que el Estado no es un lugar para saquear es bueno, aún cuando afecte a propios y aliados. Establecer que el Estado no es un botín como valor compartido es el primer requisito para poder construir un país serio, y comenzar a discutir ideas.
Entre los condenados del primer juicio están Sergio Cirigliano, presidente de TBA, a 7 años de prisión; Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte de la Nación, a 5 años y seis meses; Juan Pablo Schiavi, secretario de Transporte la momento del accidente, a 7 años, según las sentencias de la Cámara de Casación Penal.
En octubre de 2018, cuando el tribunal de Casación rechazó los recursos de apelación a la Corte Suprema, los condenados fueron arrestados. Córdoba, Schiavi, Cirigliano y más de una decena fueron llevados a la cárcel. Jaime ya estaba preso pero por otra causa. Los impúdicos piden su indulto, han perdido la vergüenza.
En septiembre de 2020, la Corte Suprema rechazó los recursos que las defensas habían presentado y de esa forma quedaron confirmadas las condenas sin posibilidad de apelación.
El segundo juicio oral, conocido como Once II, comenzó en 2017 y tuvo como acusados al ex ministro de Planificación, Julio De Vido y Gustavo Simeonoff, a cargo de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN).
Fue por esta causa que De Vido, quien entonces era diputado nacional, fue desaforado por 176 votos positivos en la Cámara Baja. Se lo juzgó por su responsabilidad en las muertes y la administración fraudulenta. En octubre de 2018 fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión, fue hallado culpable de administración fraudulenta, y nunca estuvo preso por esta causa.
La corrupción mata, el silencio ante la muerte ensordece, es nuestro deber como sociedad que no se olvide, que el reclamo de justicia no se pierda en el tiempo, y que los seguidores de quienes robaron sientan hoy, una gotita de vergüenza. El día que en cada colegio de las ciudades que pasa el Sarmiento se honre a las víctimas y se cuenten los fallos la memoria perdurará y las víctimas descansaran en paz.
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