No se trata de una cuestión árida y académica, escribe Max Stier, de Partnership for Public Service. Es un tema de la próxima elección presidencial, con profundas consecuencias para la capacidad de nuestro gobierno para resolver problemas críticos.
Traducción Alejandro Garvie
El sistema de botín y su uso de patrocinio desenfrenado puede haber terminado oficialmente con el asesinato del presidente James A. Garfield y la posterior aprobación de la Ley de Reforma del Servicio Civil Pendelton en 1883, pero, después de todo, el gobierno federal sigue inflado con demasiados nombramientos políticos.
Hoy en día, un presidente tiene la capacidad de realizar 4.000 nombramientos políticos, incluidos unos 1.200 que requieren la confirmación del Senado. Esto es dramáticamente más que cualquier otra democracia occidental, y es una causa importante que contribuye al fracaso de nuestro gobierno para mantenerse al día con el mundo cada vez más complejo y peligroso que nos rodea.
Muchos departamentos y agencias federales se han calcificado, con capa tras capa de personas designadas en la cadena de mando. El problema se ve agravado por el entorno de personas designadas sin responsabilidad directa que rodean a casi todos los líderes de alto nivel. Esto ha creado obstáculos, ha provocado retrasos en la toma de decisiones y ha dificultado que la información crítica llegue a quienes toman las decisiones en última instancia, incluso cuando, como suele ser el caso, las personas designadas son de muy alto calibre.
Hay secretarios, subsecretarios, subsecretarios, subsecretarios, subsecretarios adjuntos, subsecretarios adjuntos principales, subsecretarios adjuntos, así como asistentes especiales, abogados especiales, abogados superiores, asesores superiores, subjefes de gabinete y asesores especiales de los jefes de gabinete que obstruyen el sistema.
El Departamento de Defensa es la agencia federal más grande y tiene la mayor cantidad de niveles en la cadena de mando de cualquier departamento del Gabinete, con cinco niveles de nombramientos políticos confirmados por el Senado. En la oficina del secretario de Defensa, por ejemplo, hay 17 subsecretarios.
Otros cuatro departamentos del gabinete (Comercio, Energía, Estado y Tesoro) tienen cuatro niveles de nombramientos políticos confirmados por el Senado. El Departamento de Estado tiene el mayor número de puestos entre el grupo, con 26 funcionarios de cuarto nivel confirmados por el Senado, excluyendo a los embajadores. En estos departamentos, el cuarto nivel de funcionarios está supervisado por un subsecretario.
Ejecutivos experimentados reducirían la burocracia y la ineficiencia
Si bien el elevado número de nombramientos políticos a menudo se justifica como un medio para implementar la agenda de un presidente o controlar a los empleados federales de carrera “que no rinden cuentas”, ha creado más burocracia e ineficiencia, y va en contra de lo que ocurre en el sector privado, donde los gobiernos son mucho más ágiles. La cadena de mando es la norma.
El profesor de la Universidad de Vanderbilt, David Lewis, en un manual para el Centro para un Gobierno Eficaz de la Universidad de Chicago, “Políticos designados para la burocracia federal”, sostiene correctamente que el gran número de nombramientos políticos crea una alta rotación y vacantes más largas, y coloca en su lugar a individuos con menos experiencia en la materia y en gestión pública que los ejecutivos de carrera experimentados. Esto, a su vez, crea inestabilidad en la gestión de muchas organizaciones federales complejas y una falta de continuidad y de atención a cuestiones críticas de gestión.
“Los programas y agencias dirigidos por personas designadas políticas tienden a tener peores resultados que otros programas y agencias”, escribió Lewis.
Lewis también sostiene que un aumento del liderazgo permanente (profesionales de carrera) y la reducción de las vacantes que se producirían “deberían mejorar el desempeño al aumentar la planificación a largo plazo, una mayor inversión y objetivos más claros”.
El número de nombramientos políticos es parte del debate en la actual carrera presidencial, en la que el expresidente Donald Trump respalda un plan que propuso al final de su administración en 2020 y que le habría permitido socavar el sistema de servicio civil no partidista y basado en el mérito y llenar el gobierno con muchos más nombramientos políticos leales a él.
Conocido como “Programa F”, el plan exige otorgar a los funcionarios federales designados políticamente autoridad desenfrenada para despedir a decenas de miles de funcionarios públicos que han sido seleccionados en función de su experiencia y capacidad, y reemplazarlos con personas elegidas según su lealtad al presidente. Además de socavar la experiencia de la administración pública profesional, este plan aumentaría sustancialmente el riesgo de que la autoridad gubernamental pueda usarse para promover los intereses personales de quienes están en el poder en lugar del bien público.
Las reformas del sistema de personal del gobierno están muy atrasadas, y podríamos comenzar por dimensionar correctamente el número de nombramientos políticos, especialmente aquellos que requieren la confirmación del Senado, y garantizar que aquellos elegidos tengan las calificaciones necesarias para los puestos de confianza para los que son seleccionados. y son responsables de su desempeño.
Esta no es una cuestión árida y académica, sino más bien una que tiene profundas consecuencias para la capacidad de nuestro gobierno para resolver problemas críticos. Las propuestas actuales para devolver nuestro gobierno a los días del sistema de clientelismo del siglo XIX aumentan aún más los riesgos y ponen en juego el futuro de nuestra democracia.
