Nayib Bukele un espejo para nuevos autoritarismos

La emergencia de Nayib Bukele en El Salvador es producto de una crisis de representación política que causó el colapso del sistema de partidos tradicionales. Este proceso se caracteriza por una concentración de poder que ha erosionado los contrapesos republicanos, generando una hibridación democrática que deriva en un régimen autoritario. El caso de El Salvador podría inscribirse en un giro hacia sistemas híbridos de autoritarismo en otros países de América Latina.

Este ensayo examina la transformación política de El Salvador bajo Nayib Bukele, explicando cómo la crisis de representación y el colapso del bipartidismo facilitaron el surgimiento de un sistema de partido predominante. Bukele consolidó un autoritarismo competitivo (Levitsky y Way, 2010) mediante el control de instituciones, la manipulación del sistema electoral y el uso estratégico de redes digitales. La desconfianza ciudadana hacia los partidos tradicionales, reflejada en la abstención electoral y el desencanto con el sistema democrático, allanó el camino para una concentración de poder que debilita los contrapesos republicanos y restringe derechos fundamentales.

El ascenso de Bukele ocurrió tras el colapso del bipartidismo representado por ARENA y el FMLN, que fracasaron en captar el apoyo ciudadano (Mainwaring y Torcal, 1999). En las elecciones presidenciales de 2019, Bukele obtuvo un 53% de los votos, presentándose como una figura antisistema y enfrentando la apatía de un electorado marcado por un 51% de abstención. Su liderazgo disruptivo transformó el sistema en un modelo de partido predominante (Sartori, 1976).

Durante su primer mandato, Bukele implementó políticas de seguridad exitosas que impulsaron su reelección en 2024 con un 84% de los votos y una mayoría legislativa de 56 de 60 escaños. Este respaldo le permitió realizar reformas que centralizaron el poder y debilitaron la separación de poderes, incluyendo la destitución de magistrados de la Sala Constitucional, la purga del Poder Judicial, la restricción del acceso a la información pública, la reducción de la financiación a partidos políticos y una reinterpretación constitucional que le permitió buscar la reelección.

Estas medidas consolidaron un régimen híbrido, que combina elementos democráticos con prácticas autoritarias. Según Levitsky y Way, este “autoritarismo competitivo” utiliza las elecciones como herramienta de legitimación mientras limita el pluralismo político y concentra el poder en un solo partido, redefiniendo la democracia salvadoreña bajo un modelo centralizado y hegemónico.

El Salvador y los problemas insolubles para el bipartidismo: violencia, pobreza y corrupción

La violencia ha sido una constante en la historia reciente de El Salvador. Con siete golpes de Estado y treinta presidentes durante el siglo XX, todos bajo la influencia o control directo de las Fuerzas Armadas, el país experimentó una profunda inestabilidad política.

En 1980 estalló una sangrienta guerra civil que se extendió por doce años, dejando un saldo de 80.000 muertos, en su mayoría civiles, de una población que entonces apenas alcanzaba los 4.5 millones de habitantes (Claros Vigil, 2009). Superada la guerra con los Acuerdos de Paz de 1992, la violencia persistió como uno de los principales desafíos del país con la llegada de las maras, debido a las políticas de deportación masiva de Estados Unidos, donde estas pandillas se habían originado. Estas organizaciones criminales encontraron un terreno fértil en un país que apenas comenzaba su transición democrática. Para 2003, las maras ya eran consideradas el problema más grave por la ciudadanía salvadoreña, a pesar de los esfuerzos de los gobiernos de ARENA y el FMLN, que aplicaron políticas que iban desde la “mano dura” hasta treguas temporales, ninguna estrategia logró frenar el aumento de los homicidios.

Como señala Paulo S. Pinheiro (2002), “el aumento de la delincuencia no solo erosiona las expectativas democráticas, sino que además sanciona la violencia arbitraria, debilitando la legitimidad del sistema político.” Esta reflexión se cumplió en ambas dimensiones: la violencia cotidiana minó las instituciones democráticas y también permitió la implementación de medidas autoritarias bajo el liderazgo de Nayib Bukele, muchas de ellas en tensión con los derechos humanos y denunciadas por organismos internacionales.

La pobreza es uno de los problemas estructurales más persistentes en El Salvador. Con 6,3 millones de habitantes concentrados en apenas 21.000 km², el país presenta una alta densidad poblacional de 300 habitantes por km² (Datosmacro.com, 2021). Su economía, predominantemente agropecuaria, está marcada por una desigual distribución de la tierra y la riqueza, lo que lo ubica como una de las naciones más pobres de América Latina. A pesar de los avances registrados entre 2009 y 2019, cuando los niveles de pobreza se redujeron en 22 puntos porcentuales (CEPAL y Banco Mundial), en 2021 todavía afectaba al 28,4% de la población. Según el Índice de Desarrollo Humano (IDH) 2021 de las Naciones Unidas, El Salvador ocupa el puesto 113 entre 196 países, un indicador que refleja las limitaciones en el acceso a una vida digna y oportunidades equitativas para sus habitantes.

La corrupción es otro de los factores que han debilitado las instituciones democráticas y la confianza ciudadana. Según Transparency International (2021), El Salvador ocupa el lugar 116 de 180 en el índice de percepción de corrupción, evidenciando la prevalencia de prácticas irregulares. Este problema estuvo históricamente vinculado a los acuerdos entre las cúpulas de los partidos tradicionales, ARENA y FMLN, que a pesar de mantener una aparente polarización en sus debates públicos, resolvían sus diferencias en pactos legislativos percibidos como opacos por la ciudadanía. La designación de una nueva Corte Suprema de Justicia en 2009 marcó un cambio significativo al emitir fallos que expusieron los entramados corruptos de ambos partidos. El periodismo de investigación y una mayor participación ciudadana desempeñaron un papel clave al sacar a la luz irregularidades en licitaciones, privatizaciones y redes clientelistas. Para 2019, tres ex presidentes salvadoreños enfrentaban acusaciones de corrupción, vinculadas a prácticas que erosionaron la confianza en las instituciones democráticas. Esta situación refleja lo que Guillermo O’Donnell (1994) describió como la “otra institucionalización” de los países de America Latina, donde es común que las instituciones formales se vean socavadas por prácticas informales y clientelistas, minando la credibilidad del sistema democrático y de los partidos tradicionales.

Estos persistentes problemas de violencia, pobreza y corrupción, insolubles bajo el bipartidismo, se convirtieron en los ejes centrales de la campaña presidencial de Nayib Bukele en 2019. Su mensaje, articulado en tres propuestas clave, captó el descontento ciudadano y consolidó su imagen como un líder transformador:

1. Combate a la corrupción: Con el lema “el dinero alcanza cuando nadie roba” (Presidencia de El Salvador, 2019), Bukele prometió erradicar las redes clientelistas y la malversación de fondos que marcaron los gobiernos anteriores. Este discurso apeló a una ciudadanía hastiada de los escándalos de corrupción, posicionándolo como un líder honesto y transparente.
2. Lucha contra las maras: Propuso una estrategia integral para combatir las pandillas, basada en tres pilares: atacar sus finanzas, recuperar los territorios bajo su control y cortar las comunicaciones entre los líderes encarcelados y sus bases (La Prensa Gráfica, 2019). Este enfoque respondió a la urgente demanda de seguridad en un país donde las maras eran percibidas como el principal problema.
3. Desarrollo económico y social: Su plan contemplaba atraer inversión extranjera, modernizar la infraestructura y ampliar los programas sociales, con el objetivo de reducir desigualdades estructurales. Estas iniciativas buscaban superar las limitaciones del modelo agropecuario y mitigar los altos niveles de pobreza que afectaban a amplios sectores de la población (Alainet, Roberto Pineda, 2019).

El bipartidismo, el colapso del sistema y el surgimiento de Bukele

Los Acuerdos de Paz firmados en 1992 marcaron el inicio del primer sistema de partidos políticos formal en la historia de El Salvador, inscribiendo al país dentro de la denominada “tercera ola democrática” de América Latina (Huntington, 1991). Este sistema bipartidista, liderado por la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), dominó la política salvadoreña durante tres décadas.

ARENA gobernó durante cuatro mandatos consecutivos entre 1989 y 2009, mientras que el FMLN asumió la presidencia en 2009 y completó dos períodos consecutivos de cinco años hasta 2019.

La Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) fue fundada en 1981 por Roberto d’Aubuisson, un militar anticomunista vinculado a los escuadrones de la muerte que operaron durante la guerra civil (Ramírez Fuentes, 2017). Como partido conservador, ARENA implementó la agenda neoliberal que predominaba en América Latina durante los años 90. Sin embargo, con el declive de las recetas neoliberales y a pesar de adoptar medidas distributivas a inicios del siglo XXI, el partido no logró evitar el ascenso del FMLN, que coincidió con el giro político hacia la izquierda que caracterizó a la región (Levitsky y Roberts, 2011).

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) tomó su nombre de Farabundo Martí, líder comunista asesinado en 1932. El FMLN nació en 1980 como una coalición que agrupaba a partidos de izquierda y grupos guerrilleros, con el objetivo de derrocar a los regímenes militares en el poder (Torres Rivas, 1981). Tras los Acuerdos de Paz, transitó hacia una organización política formal y se consolidó como una alternativa al bipartidismo conservador representado por ARENA. Su llegada al poder en 2009 reflejó el cambio en el panorama político regional, donde las fuerzas progresistas adquirieron mayor relevancia.

A pesar de sus profundas diferencias ideológicas, estos dos partidos lograron mantener un equilibrio político sin precedentes en la historia de El Salvador. Sin embargo, como señala Samuel Huntington (1991) en su teoría de los “ciclos políticos de la democratización”, la consolidación democrática no sigue una trayectoria lineal. Los retrocesos son inevitables cuando los partidos y las instituciones son incapaces de adaptarse a las demandas sociales emergentes. Esto fue particularmente evidente en El Salvador, donde el desgaste del sistema bipartidista y su incapacidad para abordar problemas estructurales como la violencia, la pobreza y la corrupción facilitaron el ascenso de Nayib Bukele. Su liderazgo disruptivo y su narrativa antipolítica rompieron con las estructuras tradicionales, redefiniendo el panorama político salvadoreño.

Aunque no resolvían los problemas estructurales del país, ARENA y el FMLN lograron acomodarse en el poder durante décadas, alternándose en los mandatos presidenciales. Aplicando la teoría de los “partidos cartelizados” de Richard Katz y Peter Mair (1995), estas fuerzas políticas consolidaron un modelo de control mutuo, utilizando acuerdos para proteger sus intereses en la burocracia estatal y limitar la competencia política. Ambos partidos diseñaron un sistema electoral a su medida, basado en un modelo proporcional y de listas cerradas. Según Dieter Nohlen (2004), este sistema “solo permite al elector votar en bloque por un partido”, lo que generaba una fuerte dependencia de los candidatos hacia las cúpulas partidarias, reduciendo su autonomía.

Además, implementaron reglas especiales para impedir la emergencia de nuevos liderazgos y garantizar la disciplina interna. El Código Electoral salvadoreño, en su artículo 226-A del año 2017 (Diario El Mundo, Crespin, 2022), prohibía a los legisladores y alcaldes cambiar de partido político durante su mandato, estableciendo que “los funcionarios electos por votación popular para ejercer un cargo en la Asamblea Legislativa o en un concejo municipal no pueden abandonar el partido político por el cual resultaron electos para ingresar a otro ya existente o en proceso de formación.” Esta normativa protegía al bipartidismo al dificultar la movilidad de dirigentes hacia partidos emergentes. Sin embargo, esta estrategia fue hábilmente sorteada por Nayib Bukele, ya que el FMLN decidió expulsarlo en el año 2017, mientras era alcalde de San Salvador, por sus críticas a la cúpula partidaria (Diario El Mundo, Laguan, 2017).

Paradójicamente, esta expulsión le permitió a Bukele evitar las acusaciones de transfuguismo que el FMLN presentó en su contra ante la justicia, las cuales finalmente fueron desestimadas. Liberado de estas restricciones, Bukele aprovechó la oportunidad para formar su propio partido, Nuevas Ideas, marcando el inicio de su ascenso político y rompiendo con las estructuras de los viejos partidos.

Las elecciones del 2019 y el quiebre del sistema cartelizado

Las elecciones presidenciales de 2019 marcaron un punto de inflexión en la política salvadoreña. ARENA y el FMLN, incapaces de renovar su base de apoyo, sufrieron un colapso electoral ante la aparición de Nayib Bukele. Este quiebre del sistema bipartidista estuvo profundamente relacionado con la incapacidad de ambos partidos para abordar la crisis de violencia causada por las maras. Organizaciones como la MS-13 y Barrio 18 habían consolidado un control territorial en amplias zonas del país, imponiendo extorsiones, ejerciendo violencia extrema contra la población y convirtiendo a El Salvador en uno de los países más violentos del mundo.

En términos de Guillermo O’Donnell (1993), El Salvador presentaba amplias “zonas marrones”, áreas donde el Estado era ineficaz o prácticamente inexistente. En estas regiones, las instituciones informales sustituyeron a las formales, consolidándose como parte de la cultura local. Esta situación generó desigualdad en la aplicación de la ley y en el acceso a los derechos ciudadanos, agravando la crisis de confianza en las instituciones democráticas.

ARENA y el FMLN intentaron enfrentar la violencia de las maras mediante políticas de mano dura, que promovieron la militarización de la sociedad y la criminalización de la juventud. Sin embargo, estas estrategias no solo fracasaron en reducir los índices de violencia, sino que empujaron a muchos jóvenes hacia las estructuras mafiosas, reforzando el poder de las pandillas. Por su parte, los intentos de diálogo con las maras promovidos por el FMLN tampoco lograron establecer soluciones sostenibles y fueron percibidos por la ciudadanía como concesiones inaceptables a los grupos criminales. El fracaso de ambos partidos en controlar la violencia y responder a las necesidades de la población debilitó aún más la confianza en las instituciones democráticas.

Según Latinobarómetro, en 2018 solo el 9% de los salvadoreños veía un futuro esperanzador, mientras que apenas el 28% confiaba en la democracia y un 54% de la población se declaraba indiferente al tipo de régimen político gobernante. Estos índices reflejaban un país profundamente desencantado, posicionándolo como el más desinteresado en la democracia de América Latina en el año previo al ascenso de Nayib Bukele como presidente.

En los cuadros adjuntos, elaborados con datos suministrados por el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador (1994-2024), se observa la evolución electoral de los tres partidos políticos principales: ARENA, FMLN y Nuevas Ideas. Los datos abarcan desde las elecciones posteriores a los Acuerdos de Paz de 1992 hasta la última elección presidencial de 2024. La línea roja, que representa a Nuevas Ideas, muestra un crecimiento exponencial desde su aparición como fuerza política, destacándose como el nuevo partido hegemónico en el país. Por el contrario, los partidos tradicionales, ARENA y FMLN, experimentan un colapso abrupto, reflejando su incapacidad para adaptarse a las demandas de la ciudadanía. Otro elemento destacado en los gráficos es la línea punteada, que representa el abstencionismo. Este indicador muestra un crecimiento sostenido entre 2010 y 2020, reflejando el desencanto de la población con el sistema bipartidista. Sin embargo, a partir de la elección presidencial de 2024, se registra una caída en la abstención, probablemente asociada al impacto movilizador de Nuevas Ideas y a la reconfiguración del panorama político bajo el liderazgo de Nayib Bukele.

Gráfico 1

Gráfico 2

Nayib Bukele: Un líder carismático y su partido digital antipolítica “Nuevas Ideas”

Nayib Bukele nació en 1981 en una familia de alto nivel socioeconómico y desde joven se dedicó a la actividad empresarial, particularmente en el área de comunicación y publicidad dentro de las empresas de su padre (El Faro, 2019). Su padre, de ascendencia palestina, era miembro del FMLN y practicante del islam, aunque Bukele se declara cristiano y nunca ha hecho de la religión un tema central en su trayectoria política. Sin haber culminado sus estudios en leyes, Bukele inició su carrera política en 2012, cuando con tan solo 31 años fue electo alcalde de Nuevo Cuscatlán bajo el partido FMLN. Su gestión destacó por sus proyectos de infraestructura y desarrollo humano (El Diario de Hoy, 2015). En 2015, alcanzó mayor notoriedad al ser electo alcalde de San Salvador, donde implementó exitosos proyectos de renovación urbana. Sin embargo, sus modales autoritarios y las crecientes tensiones con la cúpula del FMLN marcaron un quiebre en su relación con el partido (La Prensa Gráfica, 2019).

En 2017, Bukele fue expulsado del FMLN, tras acusaciones de faltas graves contra la dirección partidaria, lo que lo llevó a fundar su propio partido: Nuevas Ideas (BBC Mundo, 2017). Sin embargo, debido a restricciones legales, no pudo participar en las elecciones presidenciales de 2019 bajo la estructura de su nuevo partido, por lo que utilizó al partido GANA (Gran Alianza por la Unidad Nacional), una pequeña agrupación de derecha, como vehículo para postularse. Ese mismo año, con solo 38 años, Bukele fue electo presidente de El Salvador, obteniendo un amplio respaldo, especialmente de votantes jóvenes desencantados con los partidos tradicionales.

La victoria de Bukele fue ampliamente destacada por la prensa internacional, que subrayó su uso innovador de las redes sociales como una herramienta clave para movilizar a los votantes y comunicar su mensaje (The New York Times, 2019). En términos de Giovanni Sartori (2005), antes de Bukele, El Salvador contaba con un “sistema de partidos estructurado”, caracterizado por dos fuerzas principales arraigadas en los niveles municipal, departamental y nacional.

Con la irrupción de Nuevas Ideas, este esquema fue reemplazado por un sistema de partido predominante, donde la política gira en torno al liderazgo y la narrativa del presidente.

Un fenómeno político que exige múltiples enfoques teóricos

La figura de Nayib Bukele y su impacto en la política salvadoreña demandan un análisis desde distintas perspectivas teóricas debido a la complejidad de su liderazgo y su capacidad para transformar el sistema político. Por un lado, su carácter carismático y disruptivo se alinea con las definiciones clásicas de liderazgo carismático propuestas por Max Weber (1919). Por otro lado, su estrategia antipolítica y el surgimiento del partido Nuevas Ideas encajan en los marcos de análisis de Katz y Mair (2007) sobre partidos que desafían la “cartelización” y transforman los sistemas partidarios vigentes. Finalmente, su uso de herramientas digitales como medio principal de comunicación y movilización lo posiciona dentro del populismo digital analizado por Paolo Gerbaudo (2018) y las dinámicas de redes distribuidas descritas por Gerardo Scherlis (2015).

La convergencia de estos enfoques no solo permite una interpretación más completa de Bukele como fenómeno político, sino que también ayuda a entender cómo combina elementos tradicionales de liderazgo con innovaciones propias del siglo XXI. Este enfoque multidimensional es esencial para explicar tanto el ascenso de Bukele como los desafíos que plantea para la democracia salvadoreña.

Nuevas Ideas puede clasificarse como un partido antipolítica, centrado en su líder y desvinculado de los marcos tradicionales de izquierda o derecha, posicionándose simplemente en oposición a “los mismos de siempre”, lugar común que Bukele definió para toda la clase política tradicional (ABC, 2024). Según Richard Katz y Peter Mair (2007), este tipo de partidos suele estructurarse como una reacción contra el sistema político vigente, aglutinando el descontento ciudadano y utilizando la crítica a los partidos tradicionales como un ataque generalizado al sistema democrático. Este modelo, afirman, tiende a concentrar el poder en torno a su líder y a debilitar los valores democráticos.

El liderazgo de Bukele puede comprenderse a través de la definición del líder carismático de Max Weber (1919): “Lo siempre nuevo, lo extraordinario, lo nunca visto y la entrega emotiva que provocan constituyen aquí la fuente de la devoción personal”. En esta lógica, Bukele se presenta como un caudillo que canaliza las aspiraciones de cambio de un electorado desencantado con la política. Como señala Angelo Panebianco (1982), los partidos carismáticos suelen surgir como federaciones de grupos locales o preexistentes que se organizan en torno al líder y se someten a su autoridad, todas características presentes en el partido Nuevas Ideas.

La consolidación del poder de Bukele y la erosión del sistema democrático

El contexto de profunda crisis de representación política, provocada por el colapso de los partidos tradicionales y su desconexión de sus bases sociales, es identificada por Ernesto Laclau (2005) como terreno fértil para el surgimiento del populismo. El discurso de Bukele, dirigido contra toda la clase política, logró aglutinar a los descontentos y descreídos del sistema partidista y de la democracia misma, erigiéndose como una alternativa disruptiva al status quo. El populismo crece en las construcciones antagónicas, donde el líder se presenta como el salvador del pueblo contra las fuerzas del antipueblo.

En su ascenso al poder, Bukele integró a las Fuerzas Armadas dentro de su proyecto político, conformando un nuevo bloque hegemónico (Gramsci, 1980). Este aparato coercitivo no solo le permitió combatir con éxito la violencia de las maras, sino que también se convirtió en una herramienta para amedrentar a sus opositores. Así, su liderazgo populista se consolidó sobre una base militar y política que amplificó su capacidad de acción y su control sobre las instituciones.

Las democracias mueren lentamente

Como afirman Steven Levitsky y Daniel Ziblatt (2018), “las democracias no mueren abruptamente, sino lentamente, a través de transformaciones paulatinas impulsadas por líderes elegidos democráticamente”. En el caso salvadoreño, la población parece haber aceptado un intercambio de seguridad por democracia, validando la concentración de poder de Bukele como un medio para resolver problemas históricos.

Mientras Bukele acumula votos y poder, la calidad democrática salvadoreña se deteriorara, un fenómeno evidente en sus propias declaraciones: “El Salvador se convertirá en el primer país del mundo con un partido único en un sistema plenamente democrático”, afirmó el 5 de febrero de 2024, tras ser reelecto con el 83% de los votos. (Infobae, 2024)

El Salvador ha consolidado un modelo de autoritarismo competitivo, caracterizado por la combinación de mecanismos democráticos con prácticas autoritarias. Este modelo ha encontrado respaldo mayoritario en la población, que, frustrada por 30 años de bipartidismo ineficaz, ha visto en Bukele al líder capaz de transformar al país. La percepción ciudadana de que el país ha pasado de ser uno de los más inseguros del mundo a uno más estable en términos de seguridad, ha llevado a muchos salvadoreños a priorizar la seguridad sobre la democracia.

En las próximas secciones se describen las principales transformaciones llevadas a cabo por el gobierno de Bukele. En los gráficos se aprecia la concentración del poder en el Parlamento y en el control de los gobiernos subnacionales:

Gráfico 3

Gráfico 4

Relación con el parlamento

La relación entre Nayib Bukele y el Parlamento salvadoreño estuvo marcada por una confrontación abierta durante los primeros años de su mandato, consecuencia de su limitada representación legislativa. A pesar de haber triunfado en las elecciones presidenciales de 2019 con amplio respaldo popular, su partido contaba con solo 6 diputados en una Asamblea Legislativa dominada por ARENA y el FMLN. Este desequilibrio de poder generó un escenario de constante bloqueo político, donde las fuerzas tradicionales obstaculizaban las iniciativas del Ejecutivo.

Enfrentando esta situación, Bukele adoptó una estrategia de confrontación directa que evocó las tácticas autoritarias de Napoleón en el 18 de Brumario. En un acto sin precedentes en 2020, rodeó el Congreso con militares armados para presionar a los legisladores, amenazando con una insurrección popular si no aprobaban un préstamo internacional de 109 millones de dólares destinado a financiar el Plan Control Territorial, su programa estrella contra las pandillas. Esta muestra de fuerza marcó un punto de quiebre en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, debilitando aún más a las fuerzas tradicionales.

Entre las acciones más controversiales que definieron esta confrontación destacan:

1. Deslegitimación pública: Bukele desacreditó de manera constante a los legisladores, acusándolos de bloquear sus iniciativas por razones políticas y de “castigar al pueblo” al negar recursos esenciales para la seguridad del país.
2. Irrupción militar en el Congreso: En un acto que rompió con la institucionalidad democrática, Bukele ingresó a la Asamblea Legislativa acompañado de militares armados, intimidando a los diputados para que aprobaran su propuesta.
3. Amenazas de insurrección: Bukele invocó el artículo 87 de la Constitución, que reconoce el derecho a la insurrección contra gobiernos ilegítimos, como argumento para justificar un posible levantamiento popular si no se atendían sus demandas.
4. Hostigamiento sistemático: Advirtió públicamente que retomaría el Congreso con las fuerzas armadas si no se cumplían sus exigencias, utilizando una retórica beligerante que polarizó aún más el debate político.

Estas acciones intensificaron el conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo, debilitando significativamente a los partidos tradicionales. Finalmente, en las elecciones legislativas de 2021, su partido, Nuevas Ideas, obtuvo una mayoría parlamentaria arrolladora. Este triunfo consolidó el control unificado del gobierno, eliminando cualquier posibilidad de bloqueo legislativo o juicio político, y marcó el inicio de un régimen de poder centralizado bajo su liderazgo. 

La consolidación del poder parlamentario y el estado de excepción permanente

El triunfo legislativo de 2021 permitió a Nayib Bukele consolidar el control absoluto de la Asamblea Legislativa, eliminando cualquier barrera institucional para la implementación de su agenda política. Según Aníbal Pérez-Liñán (2009), los presidentes que enfrentan parlamentos reactivos suelen “hacer público el conflicto y desafiar abiertamente al Congreso con la esperanza de movilizar la opinión pública y polarizar el Legislativo en su beneficio”. Bukele utilizó esta estrategia con éxito, transformando su confrontación inicial con el Legislativo en un dominio político total. Este proceso se profundizó en las elecciones de 2024, donde su partido, Nuevas Ideas, obtuvo 54 de los 60 escaños, consolidando aún más su hegemonía.

A pesar de esta mayoría abrumadora, Bukele no le permite funcionar al congreso, ejerce un poder centralizado renovando mensualmente un estado de excepción bajo la justificación de combatir a las maras. Estas medidas incluyen la suspensión de garantías constitucionales y reflejan el concepto del estado de excepción desarrollado por Carl Schmitt (2009), quien lo consideraba una herramienta legítima para que el Ejecutivo preservara el orden en situaciones de crisis. Este enfoque no solo consolida la concentración del poder, también refleja características del populismo descritas por Philippe Schmitter (2006): “Un movimiento político que atraviesa o debilita los clivajes tradicionales, concentrando el poder en un líder que se presenta como el único capaz de resolver problemas previamente considerados irresolubles”.

La combinación del control absoluto sobre el parlamento, el uso reiterado del estado de excepción y la centralización del poder en la figura de Nayib Bukele han transformado el sistema político salvadoreño, debilitando los principios fundamentales de la democracia representativa y republicana. Su dominio legislativo ha desmantelado los contrapesos institucionales, permitiéndole operar sin restricciones significativas y consolidándose como una figura presidencial omnipotente. A través de estrategias de confrontación, populismo digital y hegemonía legislativa, Bukele ha erosionado los pilares de la institucionalidad democrática, instaurando un modelo autoritario legitimado por procesos electorales y minimizando cualquier espacio para la oposición o la pluralidad política.

Las Reformas Judiciales y la nueva interpretación de la Constitución Nacional

Como parte de su proceso de consolidación hegemónica, Bukele implementó una serie de reformas judiciales que le aseguraron el control del sistema de justicia en El Salvador. Estas acciones fueron clave para fortalecer su poder y debilitar los contrapesos institucionales, consolidando un modelo político centralizado y autoritario.

En 2020, Bukele comenzó debilitando los mecanismos de transparencia pública al destituir a la titular del Instituto de Acceso a la Información Pública, reemplazándola por funcionarios afines. Además, modificó por decreto su reglamentación (Directorio Legislativo, 2024), restringiendo la fiscalización ciudadana y el acceso a información pública crítica, lo que limitó también el rol de la prensa independiente. Este fue el primer paso hacia un mayor control institucional.

En 2021, tras obtener la mayoría parlamentaria, Bukele intensificó su ofensiva contra el Poder Judicial, al que acusó de corrupción y de bloquear sus políticas. En mayo, la Asamblea Legislativa dominada por su partido destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General, en una medida condenada internacionalmente. Michelle Bachelet, entonces Alta Comisionada de las Naciones Unidas, denunció que estas acciones “socavan gravemente la democracia y el estado de derecho” (Naciones Unidas, 2021).

Más tarde, en septiembre de 2021, Bukele ejecutó una purga judicial, en la que un tercio de los magistrados del país fueron cesados. La Asamblea Legislativa aprobó una normativa que obligó al retiro de todos los jueces mayores de 60 años, consolidando el control del Ejecutivo sobre el sistema judicial (BBC, 2024). Ese mismo mes, una reinterpretación de la Constitución por la nueva Sala de lo Constitucional, alineada con el gobierno, permitió a Bukele sortear la prohibición de reelección presidencial inmediata.

En 2023, Bukele utilizó esta reinterpretación para solicitar una licencia temporal seis meses antes de finalizar su mandato, con el respaldo de la Asamblea Nacional completamente controlada por su partido. Este movimiento fue señalado como una violación de los principios republicanos por juristas y la oposición.

En 2022, Bukele anunció su candidatura a la reelección, desatando fuertes críticas de sectores de la oposición y de la comunidad jurídica. Para neutralizar estas objeciones, la Asamblea Legislativa aprobó en enero de 2023 las llamadas “reformas penales al fraude” (Villaroel, 2023), que introdujeron cuatro nuevos delitos en el Código Penal para penalizar cualquier resistencia a la reelección:

• Obstaculización a candidaturas.
• Obstaculización al derecho al voto.
• Intervención en el sistema del voto.
• No comunicar a las autoridades el conocimiento de los delitos anteriores.

    Estas reformas, impulsadas por Nuevas Ideas, desalentaron cualquier intento de impugnación de la candidatura de Bukele, garantizando así el camino para su reelección y consolidando un modelo político que socava la independencia judicial y los principios democráticos fundamentales.

La reforma constitucional en marcha

Tras obtener su reelección en 2024, el gobierno de Bukele inició una estrategia para reformar la Constitución y garantizar la posibilidad de reelección ilimitada. El foco principal es la modificación del artículo 248, que establece los procedimientos para realizar reformas constitucionales (Infobae, 2024). De aprobarse este cambio, Bukele podría modificar la ley suprema con el voto de los legisladores de su partido, lo que le permitiría perpetuarse en el poder sin enfrentar obstáculos significativos.

Las reformas judiciales y constitucionales han socavado los principios democráticos y republicanos al debilitar los mecanismos de control y balance de poder. El proyecto de reelección ilimitada representa el paso final en la transformación de El Salvador hacia un régimen personalista, donde la supremacía del líder se coloca por encima de las instituciones democráticas.

En cuanto a la vigencia de la libertad de prensa, reporteros sin Fronteras afirma en su pagina web que:

Desde que accedió a la presidencia, en junio de 2019, el presidente Nayib Bukele ataca y amenaza a los periodistas no afines a su gobierno. El mismo organismo denuncia que los periodistas no afines a las políticas oficialistas son blanco de un ejercito de trolls que los atacan permanentemente y que se ha criminalizado la crítica periodística (2024).

La violencia, las maras y los derechos humanos

El caso salvadoreño refleja una aparente paradoja: mientras el país celebra avances históricos en la reducción de la violencia, estos logros se han conseguido al costo de graves limitaciones a los derechos humanos y una creciente militarización del Estado.

Si bien el Plan Control Territorial ha consolidado el apoyo popular hacia Bukele, los cuestionamientos de organismos internacionales y expertos en derechos humanos plantean dudas sobre la sostenibilidad de este modelo. La continua suspensión de derechos constitucionales y la falta de mecanismos de rendición de cuentas destacan como desafíos críticos para la democracia salvadoreña en los próximos años.

En 2018, previo al ascenso de Nayib Bukele, El Salvador registraba una tasa de homicidios de 50,3 por cada 100.000 habitantes, una cifra que, aunque representaba una disminución del 15,7 % respecto al año anterior, mantenía al país como el más violento del mundo (Datosmacro.com, 2018). Sin embargo, tras cinco años de gobierno de Nuevas Ideas, El Salvador ha experimentado un cambio radical, convirtiéndose en el país con la menor tasa de homicidios de Occidente: 1,8 por cada 100.000 habitantes (Diario El Salvador, 3/7/2024). Este descenso, de 50,3 a 1,8 homicidios ha sido uno de los logros más destacados de la gestión de Bukele.

Esta drástica reducción en la violencia fue clave para la altísima aprobación de su gestión, que culminó en su reelección con el 83 % de los votos. Sin embargo, el éxito del Plan Control Territorial, que Bukele describe como “la política de Estado más exitosa en materia de seguridad del mundo” (La Nación, 5/3/2023), ha sido ampliamente cuestionado por los métodos utilizados para implementarlo.

Estado de excepción y derechos humanos: el Plan Control Territorial ha dependido de un estado de excepción constitucional permanente, en vigor desde el 27 de marzo de 2022. Durante este periodo, se han suspendido derechos fundamentales, incluyendo:

• La libertad de asociación y reunión.
• La privacidad en las comunicaciones.
• El derecho de los detenidos a ser informados sobre los motivos de su detención.
• La obligación de presentar a los detenidos ante un juez dentro de las 72 horas posteriores a su arresto.

    Estas medidas, justificadas por el gobierno como indispensables para combatir a las maras, han transformado a El Salvador en el país con la mayor población penal per cápita del mundo, con 605 presos por cada 100.000 habitantes, superando incluso a Cuba, que registra 510 presos por cada 100.000 habitantes (World Prison Brief, 2024).

Al respecto de esta situación la Comision Interamericana de Derechos Humanos a declarado:

“La CIDH hace un llamado al Estado salvadoreño a restablecer los derechos suspendidos y a adoptar medidas para abordar las causas y consecuencias de la criminalidad, así como su prevención, control y respuesta desde una perspectiva integral e intersectorial. Todo ello en el marco de una política de seguridad ciudadana evaluada desde la perspectiva del respeto y garantía de los derechos humanos, con mayor participación de la ciudadanía y de rendición de cuentas” (CIDH, 2024).

Accountability y organismos de control

Guillermo O’Donnell (1998), en su obra “Las poliarquías y la inefectividad de la ley en América Latina”, señala que en muchos países de la región la vigencia de la ley es parcial y aplicada de manera desigual, lo que contribuye a la erosión de la democracia. En El Salvador, esta “inefectividad de la ley” se ha hecho evidente a través de las acciones de Bukele, quien ha manipulado las instituciones para consolidar su posición y debilitar los mecanismos de accountability horizontal y vertical. Ejemplos como la destitución de jueces y la disolución de la Sala Constitucional ilustran cómo el derecho se ha utilizado como un instrumento para reforzar su control.

La campaña electoral que precedió a las últimas elecciones presidenciales fue denunciada por su falta de igualdad de condiciones para todos los partidos políticos. La oposición enfrentó severas limitaciones debido a un recorte de fondos decidido por el oficialismo, lo que restringió sus posibilidades de competir de manera efectiva. (Salvador Martí Puig y Daniel Rodríguez Suárez, 2004)

Además, las elecciones se realizaron bajo nuevas reglas impuestas por una reforma electoral impulsada por Nuevas Ideas. Entre los cambios más significativos estuvieron:

• La reducción de los miembros de la Asamblea Legislativa, que pasó de 84 a 60.
• La disminución de las alcaldías municipales, de 262 a 44.

Estas reformas, justificadas oficialmente como medidas para mejorar la eficiencia del sistema político, resultaron en una clara concentración de poder en manos de Nuevas Ideas y sus partidos aliados. Como consecuencia, la oposición ha quedado prácticamente anulada: no posee representación significativa en la Asamblea Legislativa ni gobierna en ninguno de los municipios del país.

La ausencia de contrapesos al poder de Bukele revela la debilitación de la accountability horizontal y vertical en el sistema político salvadoreño, como lo describe Guillermo O’Donnell (1998). La accountability horizontal, entendida como el control entre instituciones independientes del Estado, y la vertical, basada en la capacidad de los ciudadanos para controlar a sus gobernantes mediante elecciones libres, han desaparecido prácticamente en El Salvador.

El círculo de poder que rodea a Bukele está compuesto por un grupo reducido de personas, muchas de ellas miembros de su familia, lo que refuerza la percepción de un gobierno centralizado y personalista. Sin una oposición efectiva, una Asamblea Legislativa completamente alineada con el oficialismo y un control absoluto sobre los organismos de justicia, el sistema político salvadoreño carece de los mecanismos necesarios para garantizar la rendición de cuentas y el equilibrio de poder.

De Fujimori a Bukele: El autoritarismo competitivo en América Latina

El autoritarismo competitivo tiene raíces profundas en América Latina, donde en las últimas décadas diversos líderes surgidos del voto popular han logrado subvertir el sistema democrático y alterar los mecanismos de contrapeso republicano en sus países. Figuras como Alberto Fujimori, Hugo Chávez, Rafael Correa y Daniel Ortega han gobernado bajo esta lógica, utilizando su legitimidad democrática inicial para hibridar el sistema hacia modos autoritarios. A continuación, se presentan breves comparaciones que explican el contexto y las similitudes entre estos líderes y Nayib Bukele.

–Alberto Fujimori: Autogolpe y estado de sitio

Gobernó Perú entre 1990 y 2000. Ante la falta de mayoría parlamentaria, cerró el Congreso en 1992, implementando un autogolpe que marcó un punto de inflexión hacia un sistema autoritario competitivo. Bajo un estado de excepción, Fujimori llevó a cabo políticas de seguridad extremas que le permitieron derrotar al grupo terrorista Sendero Luminoso. Reformó la Constitución para habilitar su reelección, consolidando su control sobre las instituciones.

–Hugo Chávez: Populismo y centralización del poder

Gobernó Venezuela entre 1999 y 2013. Al igual que Bukele, Chávez surgió tras una profunda crisis de representación política (el Caracazo) y enfrentó a toda la clase política tradicional. Incorporó al Ejército como parte fundamental de su coalición de gobierno, reformó la Constitución para perpetuarse en el poder y concentró las instituciones en su figura, marcando el inicio de un sistema de partido predominante.

–Rafael Correa: Partido predominante y discurso polarizante

Lideró Ecuador entre 2007 y 2017. Con un perfil populista y un discurso polarizador, Correa reformó la Constitución para permitir su reelección. Intentó consolidar un sistema de partido predominante a través de su agrupación política, Alianza País, concentrando el poder en el Ejecutivo y debilitando los contrapesos republicanos.

–Daniel Ortega: De la guerrilla al autoritarismo

Gobierna Nicaragua desde 2007. Ortega, al igual que Bukele, ha utilizado el orden y la seguridad como justificaciones para implementar medidas autoritarias. Proveniente del Frente Sandinista de Liberación Nacional, vinculado a la lucha armada de los años 70, Ortega transformó el sistema político de Nicaragua en un autoritarismo competitivo, centralizando el poder en su figura y marginando a la oposición.

Similitudes y diferencias con Nayib Bukele

Como se observa en estos ejemplos, los líderes autoritarios competitivos en América Latina comparten varias características:

1. Reformas constitucionales: Todos reformaron las constituciones de sus países para habilitar la reelección o perpetuarse en el poder.
2. Hostilidad hacia la oposición: Mantuvieron relaciones conflictivas con los partidos opositores, limitando su participación efectiva en el sistema político.
3. Concentración de poder: Utilizaron su liderazgo para debilitar los contrapesos republicanos y centralizar las instituciones en torno a su figura.
4. Altos niveles de apoyo popular: Todos se mantuvieron en el poder más allá de un mandato inicial, legitimados por el respaldo de sectores significativos de la población.

Sin embargo, Bukele presenta elementos innovadores que lo diferencian de sus predecesores:

1. Uso de medios digitales: Bukele ha demostrado un manejo excepcional de las redes sociales, lo que le ha permitido mantener una conexión directa y constante con la ciudadanía. Este enfoque, propio del siglo XXI, ha potenciado su capacidad de movilización y liderazgo político.
2. Pragmatismo ideológico: A diferencia de Chávez o Correa, Bukele no se alinea con las izquierdas ni con las derechas tradicionales. Según Ostiguy, este pragmatismo le ha permitido conectar con “los de abajo”, uniendo a los sectores descontentos bajo un partido antipolítica que representa el rechazo al sistema tradicional.
3. Niveles de apoyo sin precedentes: Ningún otro líder en la región ha logrado niveles de respaldo electoral y popular similares a los de Bukele, quien obtuvo el 83 % de los votos en su reelección.

Palabras finales

El camino recorrido en este análisis demuestra cómo la crisis de representación, el colapso del sistema bipartidista, la emergencia de un sistema de partido predominante y la consolidación de un autoritarismo competitivo han marcado la transformación política de El Salvador bajo Nayib Bukele.

La llegada de Bukele y su partido Nuevas Ideas en 2019 simbolizó el epílogo de una grave crisis de representación política, que llevó al colapso del sistema bipartidista y al surgimiento de un partido predominante. A lo largo de su gestión, Bukele consolidó su liderazgo mediante una concentración de poder hegemónico, transformando el régimen democrático salvadoreño en un modelo híbrido de autoritarismo competitivo.

En 2024, su reelección, facilitada por una reinterpretación constitucional polémica, cuestionó los principios del sistema republicano al debilitar la alternancia democrática y penalizar la disidencia. Aunque Bukele ha logrado avances históricos en la solución de la inseguridad, un problema que resultaba insoluble para el bipartidismo, este logro se ha alcanzado al costo de un estado de excepción constitucional permanente y la suspensión de derechos fundamentales.

El caso de Bukele y su autoritarismo competitivo en el siglo XXI ilustra cómo una profunda crisis de representación puede abrir la puerta a líderes populistas que, apoyados en mayorías desencantadas y en el uso estratégico de las redes sociales, logran resolver problemas aparentemente inalcanzables dentro de los marcos de la democracia liberal. Sin embargo, este modelo pone a prueba las prioridades ciudadanas, al obligarlas a elegir entre la vigencia del orden o la protección de sus derechos fundamentales.

Nayib Bukele ofrece una alternativa controvertida para democracias incapaces de renovarse. Los partidos políticos tradicionales deberán dejar atrás la cartelización y concentrarse en rescatar los principios republicanos para reconstruir su capacidad de agregar y resolver las demandas populares. De lo contrario, el autoritarismo competitivo seguirá ganando terreno como una respuesta a la incapacidad de los sistemas democráticos para atender las necesidades urgentes de la ciudadanía.

En última instancia, los ciudadanos no solo demandan el ejercicio del voto y el respeto por los derechos humanos. También exigen orden, transparencia y seguridad, prioridades que, si no son atendidas por las democracias tradicionales, continuarán alimentando la emergencia de líderes disruptivos como Bukele.

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