El 1 de febrero de 2021, el ejército de Myanmar (país antes conocido como Birmania y Burma), decidió terminar con la frágil transición que en 2015 había dado un paso trascendente al llegar al poder por vía electoral la Liga Nacional por la Democracia (LND), un partido opositor al régimen. La LND es un partido que se integra por diversas ramas, algunas más cercanas a la socialdemocracia y otras a un liberalismo moderado y su influencia se extiende a lo largo de todo el país.
El principal capital político de la LND es su líder, la premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, cuya popularidad llevó al partido a triunfar en las elecciones generales de 1990 (anuladas por el Ejército)de 2015 y en estas de 2020, cuya anulación también se produjo por la intervención militar.
Suu Kyi, además, es la hija del héroe de la independencia birmana, de la lucha contra los japoneses en la Segunda Guerra Mundial y, paradójicamente, fundador del ejército birmano: Aung San. Si bien esto la reviste de una tradición que excede su propio liderazgo, su popularidad se forjó, sobre todo, en las luchas por la democracia y en los costos personales que debió pagar por encabezarlas.
Suu Kyi, llamada también The lady en numerosas obras que se dedicaron a su vida, tanto en el cine, como la literatura o el teatro, pasó detenida más de 13 años. En ese tiempo tuvo la oportunidad de salir de país, pero eso implicaba la imposibilidad de volver, por lo que eligió quedarse y liderar la organización que ella mismo creó. Tampoco pudo recibir el premio Nobel en forma presencial por ese mismo motivo.
Además de sufrir el asesinato de asesores y amigos, The Lady no pudo concurrir al velorio de su marido (un profesor universitario inglés), ni encontrarse con sus hijos por más de una década. Si bien ellos poseían doble ciudadanía, el gobierno militar de entonces les quitó el pasaporte birmano.
Como si fuera poco, los militares incluyeron un artículo en la constitución del 2008 que prohíbe acceder a la primera magistratura del país a quien estuviese casado o tuviera hijos extranjeros. Por ello –y a pesar de amplio apoyo electoral- Aung San Suu Kyi no pudo ser presidente. Para eludir esa regla, sus partidarios crearon para ella el cargo de Consejera de Estado, desde donde fue la presidente virtual o líder de facto, como la llama la prensa extranjera, hasta su detención días atrás.
La transición birmana es del tipo de las controladas “desde arriba”, es decir, donde el gobierno autoritario mantiene poder suficiente como para fijar las pautas del proceso de democratización que se abre. Posiblemente, el caso chileno sirva como ejemplo algo similar. Pero en Myanmar, el intervención militar fue aún mucho más fuerte que en el país trasandino.
El Ejército de Myanmar (llamado Tatmadaw) tomó el poder en 1962 con un golpe de Estado. Desde entonces y hasta fines de los años 80, mantuvieron al país cerrado y aislado, incluso sin participar de los bandos de la guerra fría. Estaba entonces prohibido el turismo, casi no había embajadas extranjeras, ni prensa libre o partidos. Los exiliados se agrupaban en países de la región o Inglaterra, la potencia europea que los colonizó, y aunque suene increíble, quienes vivían en Myanmar se mantuvieron ajenos a los avances tecnológicos, sociales y económicos que el mundo vivió por esos años. La pobreza y la precariedad eran el paisaje corriente por fuera de la élite gobernante.
En un país repleto de grupos étnicos diferentes, con manejo de territorio y promesas de autonomía realizadas en los años de la independencia (1948), los militares intentaron imponer un férreo nacionalismo budista de la mano del grupo étnico mayoritario, los Bamar, a los que también pertenecen Aung San Suu Kyi y la inmensa mayoría de la LND. El resultado fue la aparición de grupos armados de cada etnia y un conflicto que hasta el día de hoy caracteriza la política interna birmana.
El Tatmadaw aprovechó el descontrol territorial, la falta de institucionalidad estatal y su predominio militar para liderar los comercios legales e ilegales, sobre todo de jade, uno de los más importantes del país. Con el tiempo y la aparición de nuevos negocios, los militares fueron construyendo una serie de empresas estatales que se repartieron entre los principales jefes del Tatmadaw. Por ejemplo, en Myanmar, hasta el 2015 la cerveza era un monopolio del Estado.
El poder militar se fue erosionando por las crisis y las carencias. En, 2003, en un marcó de desbordante descontento social, se lanzó la llamada hoja de ruta hacia una democracia disciplinada, que consistió en un plan de liberalización en lo político y económico y que debía terminar en una nueva constitución y el llamado a elecciones.
La apertura del país fue un hecho que impactó en el capitalismo global, tanto por los 60 millones de habitantes que entonces comenzaban a consumir –por ejemplo teléfonos celulares-como por los enormes recursos naturales, y las posibilidades de inversión extrajera que se abría en torno a ellos y en diversas áreas como, por ejemplo, el turismo.
Los militares forjaron una constitución a su medida. No solo proscribían a Suu Kyi, además se reservaban el 25% de las bancas en el parlamento nacional (bicameral) y en los provinciales. Esto es importante porque los parlamentarios eligen al presidente. A la vez se autoasignaron tres ministerios (Interior, Defesa y Fronteras), la policía, guardias fronterizas, empresas y fabricas militares. Como si fuera poco, la dependencia funcional del Tatmadaw no es del gobierno civil, sino de un consejo de seguridad que, si bien es encabezado por el presidente, cuenta con mayoría militar.
Sobre todo, y es importante para los hechos actuales, el Ejército birmano diseño un artículo en la Constitución que los habilitaba a (re)tomar el poder decretando un estado de emergencia si la coyuntura lo ameritaba. Finalmente, se colocó un candado a la Constitución: se precisa el 75% de los parlamentarios para reformarla, lo cual no fácil, ya que el 25% los designa el propio Ejército que también tiene el segundo partido más importante del país, lo que le suma más bancas aún.
Suu Ky y su partido se hicieron cargo de una parte del poder en 2015 con la esperanza que, como en otros casos de transiciones, el poder militar se fuera debilitando para dejar paso a los civiles. Eso no ocurrió. Para impedirlo, el Tatmatdaw reforzó su presencia y agresividad en el territorio. El recrudecimiento de la violencia interna y la limpieza étnica llevado adelante con los rohingya, fue parte también parte de una estrategia de desgaste sobre la figura de Suu Kyi y a la que equivocadamente se plegaron ONGs internacionales y países occidentales.
Luego de cinco años de oficialismo compartido, la popularidad de la líder de la NLD siguió intacta y obtuvo las elecciones de 2020 el 83% de las bancas en juego. El escenario que se abría con el nuevo mandato preanunciaba un renovado avance civil sobre el poder militar, sobre todo, en la administración pública y en los negocios hegemonizados por los militares. Las quejas del Tatmadaw por supuestos fraudes contra su partido no fueron atendidas por las autoridades electorales, ligadas al gobierno de la LND, lo cual fue tomado como una afrenta por parte del ambicioso jefe del Ejército y un adelanto de lo que podría seguir si asumía el nuevo gobierno de la LND.
A pesar de todas las trabas constitucionales, las malas gestiones en los asuntos públicos, los errores propios y las limitaciones del poder que ejercía, el gobierno de Aung San Suu Kyi logró avanzar e incomodar a los militares y sus privilegios. Además presentó varios proyectos para enmendar la constitución, pero en ningún caso, llegó al 75% de los votos de los legisladores necesarios para imponerse. Por eso, aunque contaba con gran parte del poder formal e informal, el Tatmadaw debió intervenir nuevamente y poner fin a la experiencia democrática.
Con muchos problemas, arbitrariedades, errores y sonoros retrocesos, los 5 años del gobierno liderado por la LND permitieron grados de libertad y apertura que parecen lejanos en la mayor parte de los países del Sudeste Asiático. Aun así, la comunidad internacional cuestionó y debilitó el liderazgo de Suu Kyi. Todo era lo mismo entonces, para quienes acusaban a la líder birmana de no detener al Tatmadaw, como si fuera algo que se jugara en el plano de sus deseos o en la mera voluntad personal.
La diferencia, ahora se ve claramente, y la sufrirán de nuevo, los ciudadanos birmanos.
